J. tiene 11 años y padece un trastorno autista severo. El aislamiento obligatorio le hace mal: se pega y agrede a su familia. Los psiquiatras le indicaron que tiene que salir a caminar todos los días. Pero su caso no está entre los exceptuados de romper la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus. Por eso su familia fue a la Justicia para pedir una autorización especial que le permita salir a la calle dos horas por día.
Y un juez se la acaba de otorgar. “Si la medida cautelar no prosperase tanto el menor como su familia enfrentarían un riesgo concreto e inmediato para su salud e integridad física”, sostuvo el magistrado contencioso y tributario de la ciudad de Buenos Aires Aurelio Ammirato en su fallo al que accedió Infobae.
El juez explicó que en este caso se pone en contraposición las medidas del gobierno nacional de aislamiento para combatir el coronavirus y el cuadro de salud y los derechos que tiene el menor, lo que implica ”coordinar de forma equilibrada los intereses individuales, familiares y comunitarios implicados en el caso y procurar el diseño de un dispositivo precautorio idóneo para tutelarlos de manera balanceada y simultánea”. Y en esa línea especificó la manera en que el menor y alguno de sus padres podrán salir a la calle.
La causa la inició la familia del chico. Explicó que la medicación y caminatas diarias de 20 a 25 kilómetros es lo que necesita para regular su estado emocional y no ser un peligro para él y su familia. Los padres explicaron que viven con J. y su hermana de siete años en un departamento.
El autismo es un trastorno del desarrollo que tiene como característica central deficiencias en la comunicación y en la interacción social.
El gobierno nacional, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad, había autorizado el sábado a personas con “discapacidad mental, cognitiva y psicosocial” a salir dos horas de sus casas para que su estado de salud no se agrave con el aislamiento. Pero horas después, la misma Agencia dejó sin efecto la autorización con el único fundamento de que ante “la afectación de la salud pública” por la pandemia solo el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete de Ministros pueden ampliar la excepciones para no cumplir la cuarentena.
Para analizar el caso de J., el juez ordenó el domingo al mediodía una videconferencia con todas las partes involucradas. En la Justicia la actividad también está limitada por las restricciones sanitarias. Solo se tratan casos urgentes y a través de medios tecnológicos para evitar el contacto y que la gente deba ir hasta los tribunales.
En esa videconferencia, Andrea Abadi, la psiquiatra que atiende a J., expuso la situación del menor: “Padece de un gran desborde conductual. Circula con un casco, pues tiende a golpearse la cabeza. Actualmente no asiste a ningún centro asistencial porque nadie puede controlar su conducta. Lo único que necesita en este caso para mantenerse regulado es que camine. J. tiene una hermanita de 7 años y puede llegar a lastimarla”.
El juez Ammirato explicó que tanto las leyes nacionales como las de la ciudad establecen el derecho a la salud y a la protección integral de los derechos de los menores. Y que el pedido se contrapone con el aislamiento obligatorio. “Es dable ponderar, a su vez, que el menor integra un grupo etario en el que la incidencia de la enfermedad viral en cuestión es relativamente baja, pero sin embargo sus miembros pueden ser portadores del virus y con sus desplazamientos contribuir a la expansión local de la pandemia”, explicó en su resolución que difundió IJudicial, el sitio de noticias del Poder Judicial de la ciudad.
Por eso entendió que con algunas pautas y recaudos podía salir de su casa para garantizar su estado de salud.
El juez dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le entregue un permiso para salir todos los días –inclusive feriados– de 10 a 12 horas de su casa y circular en un radio determinado. Lo hará con su padre o su madre, “quienes tendrán el deber jurídico específico de preservar en todo momento la distancia del menor con respecto a cualquier otra persona, que en ningún caso podrá ser inferior a dos metros”. El magistrado también ordenó que los padres tengan copia del fallo para que se lo muestren a las fuerzas de seguridad en el caso de que los paren en la calle.
Ammirato aclaró que la autorización es “provisoria” y que se puede modificar si el caso o la situación sanitaria del país lo requieren.