El coronavirus atraviesa la agenda política argentina. Esta vez, la pandemia es transversal a la situación carcelaria de Luis D’Elía, el dirigente social detenido desde hace un año y medio en el penal de Ezeiza. Dada su condición de salud y su vulnerabilidad, le pidió a la jueza Sabrina Namer que lo proteja: “Le estoy pidiendo que me salve la vida”. El dirigente hizo un nuevo pedido de prisión domiciliaria al considerarse un paciente con altas probabilidades de contagio. “Me condenaron a muerte. Con tres by pass y con dos necrosis en el corazón provocadas por infartos asintomáticos porque soy diabético insulinodependiente, estoy en el grupo de más alto riesgo y la jueza Namer me negó la prisión domiciliaria en el contexto de una causa que no existe”.
D’Elía está detenido por la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca. La revuelta se produjo el 26 de junio de 2004 en reclamo del esclarecimiento del asesinato de un miembro de su agrupación. Por entonces, ejercía el cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social. Lideró el ingreso a la seccional para exigir justicia por el crimen del dirigente comunitario Martín “Oso” Cisneros, asesinado por un vendedor de drogas de la zona. Su condena es de tres años y nueve meses por una causa que, según sus palabras, “prescribió para 50 personas menos para mí por un episodio que pasó hace 17 años”.
“En el país, gente con mucho menos riesgo que yo ha salido sin problemas. Mi causa judicial es trucha y mis problemas de salud son graves. Lo que ha hecho Sabrina Namer es condenarme a muerte”, repitió en diálogo con Crónica Anunciada. Dijo que “si la pandemia se expande, un caso en Ezeiza podía ser una catástrofe” y argumentó: “Acá es un desastre. Al lado nuestro están los de lesa humanidad, con un promedio de edad de 75 años. Ahí llega a prender un caso y la verdad podría desatarse una catástrofe sanitaria para toda la cárcel. Es un lugar de altísimo riesgo”.
“La condena impuesta a Luis Ángel D’Elía quedó firme con el rechazo por parte de esta Sala III del recurso extraordinario deducido contra el fallo condenatorio; por ende, de conformidad con la doctrina que emana del plenario de esta Cámara Federal de Casación Penal in re ‘Agüero’ en consonancia con lo establecido por nuestro más Alto Tribunal in re ‘Olariaga’ respecto de la ejecutoriedad de la sentencia, la excarcelación solicitada resulta manifiestamente inviable”, señalaron los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi.
En la entrevista radial, el dirigente manifestó la congoja por su situación personal. “Pocas veces he sentido tal situación de abandono”, expresó. “Vengo de un tiempo de mucha fragilidad personal y psicológica. El estrés en la cárcel no se cura con la asistencia de una psicóloga. Se cura con tranquilidad y con afecto de los seres queridos, que también sufren como uno esta situación”. Y en relación a la causa que lo tiene privado de su libertad, pidió que se cuide el uso de las palabras. “No fue una toma de comisaría porque no hubo un comando armado con fusiles especiales. Lo que hubo fue un grupo de vecinos indignados ante el accionar de una comisaría que con el tiempo terminó intervenida y estuvo ejerciendo la función policial Prefectura”, aclaró.
D’Elía se encuentra preso desde febrero de 2018 cuando Casación rechazó el último planteo que lo mantenía en libertad. Aún tiene pendiente en la Corte Suprema su apelación y un pedido de prisión domiciliaria por su estado de salud, por eso él afirma que su condena no está firme. El 30 de diciembre del año pasado la Cámara Federal de Casación Penal rechazó liberarlo porque la condena estaba en condiciones de ejecutarse.
El planteo de prisión domiciliaria de D’Elía se sustenta en un informe que elaboró el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El reporte atañe a presos que por su edad, condición o estado de salud formen parte de un grupo vulnerable frente al avance del coronavirus y que, ante un eventual contagio, podría agravar su cuadro. El memorándum dictado por el SPF fue enviado a las 35 cárceles federales y remitido a los jueces de las causas para que analicen su situación. Los detenidos en prisiones federales son 13.971 (una sobrepoblación del 10 por ciento) y el grupo de riesgo ascendería a 1.200 casos, según los pronósticos de una fuente penitenciaria.
Los grupos vulnerables, explica la resolución en base al lineamiento del Ministerio de Salud, son siete: mayores de 65 años; embarazadas; pacientes portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); paciente diabético insulinorequirientes; paciente inmunosuprimidos (HIV, TBC en tratamiento, Hepatitis B y C en tratamiento, pacientes oncológicos en tratamiento, paciente bajo corticoterapia, paciente en tratamiento quimioterápico, pacientes con enfermedades autoinmunes); pacientes con insuficiencia cardíaca; y pacientes con insuficiencia renal crónica.
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