En plena emergencia por el coronavirus, Alicia Kirchner ordenó que los docentes concurran a las escuelas aunque no haya clases

Los docentes están en conflicto en la provincia de Santa Cruz por motivos salariales y laborales, pero ahora se agregó un motivo adicional: mientras el gobierno nacional les sugirió a las provincias que suspendieran las clases para evitar la propagación del coronavirus, la administración que encabeza Alicia Kirchner ordenó que los maestros, directivos y auxiliares concurran igual a las escuelas a “cumplir actividades de mantenimiento, orden, administrativas y curriculares”.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), uno de los dos sindicatos del sector educativo de la provincia, calificó de “negligente” la decisión oficial porque “pone en peligro la salud y la vida de todos”, por lo que instó a no concurrir a trabajar y anunció que iniciará una acción preventiva de daños contra el Consejo Provincial de Educación, que depende del gobierno santacruceño.

Un planteo similar hicieron en la provincia de Buenos Aires el sindicato Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que reclamaron que el gobierno de Axel Kicillof revierta la decisión de que los docentes cumplan su horario normal a pesar de la suspensión de las clases. Lo mismo sucede en Santa Fe, entre otros distritos. No es así en Tucumán, donde la suspensión de las clases abarca a maestros, directivos y alumnos. En Mendoza se dispuso que los docentes “no necesariamente van a seguir yendo al colegio” y la concurrencia o no “la decidirá cada director de cada escuela y cada docente tendrá que ver de qué forma puede trabajar desde su casa", según anunció el gobierno.

En Santa Cruz, este enfrentamiento agrava el conflicto que existe por el incremento salarial de los docentes para 2020: ADOSAC y la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) rechazaron el 28 de febrero la oferta provincial de tres sumas fijas (1.000, 1.500 y 2.000 pesos), que, según los gremios, representa menos de un 15% en el sueldo inicial, de 24.500 pesos. A esta mejora se suma lo otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación como parte de la paritaria nacional docente, que fueron 1.210 pesos de aumento y 1.420 pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Luego de la realización de asambleas, ADOSAC resolvió un paro de 48 horas para el 2 y el 3 de marzo, por lo que Santa Cruz fue una de las seis provincias en las que no comenzaron las clases a tiempo.

Peor aún, los docentes santacruceños en conflicto se presentaron el primer día de clases a tomar posesión de los cargos que habían obtenido a través de un sistema de subasta pública, pero enseguida anunciaron su decisión de parar, por lo que el gobierno provincial les retiró esos puestos y los dejó sin trabajo: de esta forma, casi un centenar de maestros fueron despedidos por haber adherido a la huelga, decisión que el titular de ADOSAC, Pedro Cormack, en diálogo con Infobae, calificó de “un acto de persecución y un intento de disciplinamiento”.

Esta tarde, a las 16, en Río Gallegos, habrá una nueva reunión entre el Consejo Provincial de Educación y los dos sindicatos, ADOSAC y AMET, para tratar de alcanzar un acuerdo en la paritaria, pero el clima está cada vez más enrarecido y nadie descarta que se reanuden las medidas de fuerza.

Cormack estuvo en la ciudad de Buenos Aires para pedirle una audiencia al ministro de Educación, Nicolás Trotta, y explicarles la situación a los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que está alineada políticamente con el kirchnerismo y que pasó del silencio inicial sobre el conflicto santacruceño a difundir un comunicado en el que pidieron la intervención del titular de la cartera educativa y criticaron al gobierno de Alicia Kirchner por los despidos al afirmar que “esta persecución es un claro menoscabo de la vida democrática de las y los trabajadores que tienen el derecho a peticionar ante las autoridades con libertad”.

-¿Cómo comenzó este conflicto con el gobierno provincial?, le preguntó Infobae al líder de ADOSAC.

-Ya viene de arrastre esta situación y esto es como la frutilla del postre porque llegamos a los despidos simplemente por realizar una medida de fuerza. Algo que esta contemplado en la Constitución nacional, que es el derecho de huelga frente a un ofrecimiento salarial que no conformó a la mayoría de la docencia. ADOSAC tiene un altísimo porcentaje de afiliación, ya que de 12.000 docentes de la provincia, 10.000 son afiliados al sindicato, y se rechazó esa oferta salarial en cada una de las asambleas. A partir de eso se adoptó desde el gobierno una política de disciplinamiento.

-¿En qué consistió esa política?

-El viernes 28 de febrero se hicieron ofrecimientos públicos de cargos y de horas cátedra. Los docentes participaron lógicamente a través de orden de merito, aceptaron esos cargos y el lunes siguiente, cuando fueron a la escuela para el acto administrativo en donde les dieron las altas, después dijeron que adherían a las medidas de fuerza. A partir de ahí comenzó toda una política de persecución, que consistió en dejar sin trabajo a casi un centenar de docentes en toda la provincia,. Esto es grave por muchos motivos,. En tiempos de democracia y en un sistema republicano no se conoce un antecedente de despedir a docentes por realizar una medida de fuerza, pero también es grave porque en Santa Cruz todo el tiempo se hace referencia a los aspectos vinculados con la inclusión y al feminismo, pero el 80 por ciento de las personas despedidas son mujeres, sostén de familia.

-Es fuerte la acusación de que trata de un acto de disciplinamiento.

-Sí, claro. Si fuera un caso aislado se podría entender como una situación puntual, casual o propia de una circunstancia. Pero además de despedidos nosotros tenemos compañeros docentes del gremio que han sido procesados, que han sido sumariados, que han sido quitados de sus cargos, tanto el año pasado como el actual. Seguramente nos castigan también por ser críticos, por ejemplo, de la resolución 0066 sobre el presentismo, en donde se ponen puntajes excesivos, casi con un valor mayor a un posgrado, a aquellos docentes que no hacen medidas de fuerza. Se violenta la dignidad todo el tiempo, y lo que te da bronca es el hecho de que disfraza de un discurso progresista.

-¿Qué expectativa tiene de llegar hoy a un acuerdo salarial?

-La situación es bastante compleja. Un docente ingresante cobra aproximadamente 24.500 pesos sin antigüedad. Más allá de la oferta nacional en cuanto a duplicar el Incentivo Docente, el porcentaje ofrecido en la provincia no llega a un 15% y la relación con la inflación termina generando pérdida para el trabajador. Siempre hay algún tipo de excusa para pedirnos solidaridad a nosotros y no pedirles a las grandes empresas que se llevan los recursos de la provincia, como las mineras o las petroleras. Esto es un ajuste encubierto y el argumento para no dar aumentos acordes a la canasta familiar seguramente tendrá que ver con el precio del petróleo, el coronavirus o lo que sea.

-¿Fueron a la Justicia para tratar de que se reviertan los despidos?

-Estamos presentando amparos judiciales, pero estos golpes a lo que es el sistema republicano se condicen también con la situación y el funcionamiento de la Justicia. En algunas provincias donde no hay ningún tipo de independencia y donde quienes tienen que resolver están puestos a dedo por el Poder Ejecutivo, siempre resuelven en favor de nuestra patronal, que es el gobierno de Santa Cruz.

-CTERA, a la que pertenece su sindicato, reaccionó de manera tardía ante los despidos. ¿Se sienten representados por la confederación que dirigen Sonia Alesso y Roberto Baradel?

-Tenemos claras diferencias con la conducción de CTERA. Somos una minoría dentro de lo que la agrupación oficialista a nivel nacional, que es casi hegemónica. Pero respetamos el espacio de CTERA y somos muy orgánicos. En ADOSAC tratamos de mantener independencia del poder y de los partidos políticos. Es un sindicato muy heterogéneo, donde hay distintos tipos de miradas y la representación es muy grande, por lo cual la cuestión de la independencia es clave, pero también es muy molesta.

-¿Hace cuánto que está al frente del sindicato?

-Desde 2012, y este es mi último año como secretario general. Dejo el cargo por voluntad propia y porque quiero mantener cierta coherencia: si vos cuestionás a los que están en el poder hace 40 años no te podés enquistar en el puesto. No hay imprescindibles en ningún lugar y es necesario otro sindicalismo, no el de la burocracia ni el de los que comulgan con el poder de turno. Creemos en la democracia sindical. Hicimos 35 congresos provinciales en 2019, mientras que en la provincia de Buenos Aires se hizo uno solo, el de Memoria y Balance. Acá terminan definiendo los afiliados y esta es otra manera de hacer sindicalismo. No pensamos al sindicalismo como una mutual a la que te afiliás porque te da un viaje o una obra social. Te está dando tu defensa frente a cualquier problemática que tengas en el trabajo. Nuestro gremio está en la escuela, y eso molesta al gobierno de la provincia.

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