En medio de las dificultades financieras que tienen y que se están agravando por la atención de los casos de coronavirus, las obras sociales sindicales recibirán este mes $4.800 millones por parte del Gobierno, casi un tercio de de los $15.000 millones que les debe el Estado en concepto de reintegros por prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado.
Además, los directores médicos de las obras sociales fueron convocados para mañana al mediodía por el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, con el fin de coordinar la colaboración que pueden brindar desde sus clínicas y sanatorios para atender a los contagiados por el virus Covid-19.
Así se acordó ayer en un encuentro que mantuvieron Zanarini y el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, donde también convinieron que mañana se hablará de la ayuda económica que debería brindar el Estado para asistir a las obras sociales en esta emergencia y facilitar así el equipamiento adecuado y la atención médica en los hoteles sindicales, que servirán para alojar a quienes tengan que quedar aislados por el coronavirus y no revistan un cuadro de gravedad.
En la reunión de ayer, el sindicalista de Obras Sanitarias le planteó los problemas que tienen las obras sociales para mantener la atención médica de los monotributistas, que aportan $1.041 por mes para tener la cobertura de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO), mientras que a un empleado en relación de dependencia se le descuenta casi el doble para el sistema de salud.
Los responsables de las obras sociales se quejan de que los costos del sector de la salud se encarecen en muchísima mayor proporción al aumento del aporte de los monotributistas, pero están obligados a brindarles las mismas prestaciones médicas que a un trabajador en relación de dependencia, una de las causas de que el sistema esté desfinanciado y sostenido a veces por recursos que se derivan de los sindicatos. En una situación similar están los aportes de los jubilados.
Una de las ideas que se analizó es impulsar un proyecto de ley para fijar una actualización periódica del aporte de los monotributistas y permitir la incorporación del grupo familiar. De todas formas, se coincidió en que la emergencia que atraviesa el país por el coronavirus torna muy difícil que una iniciativa pueda ser analizada y convertida rápidamente en ley por el Congreso.
De todas formas, el sindicalismo logró en estas horas destrabar $4.800 millones que provienen del Sistema Unico de Reintegro, que se creó en 2012 para apoyar financieramente a los agentes del Seguro de Salud, como las obras sociales, “en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolongado”. Aún restaría que el Estado les pague a las obras sociales el resto de la deuda, que ahora sería de unos $10.200 millones.
Los dirigentes gremiales tienen una carta bajo la manga para el caso de que el Gobierno demore la ayuda a las obras sociales para que puedan colaborar ante el avance del coronavirus: todavía están sin utilizarse unos $10.000 millones del llamado Fondo de Emergencia y Asistencia, que se creó en agosto 2016 mediante el decreto 908 y que está destinado justamente a “la asistencia en caso de epidemias o emergencias, a programas de prevención aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, a la adquisición de equipamiento tecnológico, a la adquisición y/o remodelación de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y a programas de fortalecimiento institucional de las obras sociales”.
En su momento el gobierno de Mauricio Macri destinó $4.500 millones para ese Fondo de Emergencia y Asistencia, monto que, depositado desde entonces en el Banco Nación, se elevó hasta los $10.000 millones actuales, que podrían destinarse a la compra de insumos (como respiradores) para ayudar a atravesar con mejor equipamiento la atención de quienes se contagian del coronavirus.
La CGT ya ofreció su colaboración para afrontar la crisis actual al poner a disposición del Gobierno la estructura de hoteles que tienen los sindicatos en todo el país para alojar a las personas que deban cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días, una iniciativa que fue agradecida por Alberto Fernández pero que aún no pudo ser analizada con el ministro de Salud, Ginés González García.
Se avanzó, sin embargo, en acuerdos con el gobierno porteño a través del ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, que ya firmó un convenio por el cual el Sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, cederá dos hoteles propios en la ciudad de Buenos Aires que tienen, entre ambos, 121 habitaciones, “para que puedan alojarse personas con sintomatología y que esperan el resultado de los análisis de confirmación de presencia del virus Covid-19”, como se informó oficialmente.
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