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En la Secretaría Legal y Técnica están definiendo las últimas precisiones del decreto que estipula el nuevo esquema de retenciones y suma 3% más de impuestos a la exportación a los productores de más de 1.000 toneladas de soja, en tanto los reduce para una serie de cultivos llamados “regionales”. Además, la nueva norma especificará la modalidad del reintegro para pequeños y medianos productores que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, adelantó en las conversaciones que mantuvo con la Mesa de Enlace.
Según trascendió, esta devolución llegará a los productores que cosechen hasta 1.000 toneladas, en un esquema escalonado. De 600 a 1.000 toneladas, el reintegro será de 3%, de 500 a 600 toneladas será de 4%, y crecerá a medida que la cosecha se reduzca, hasta 300 toneladas. “Se trata del 74% del total de sojeros, alrededor de 42.600 productores", aseguró una fuente del Gobierno a Infobae.
También se detallaron dos medidas para evitar compensar a los evasores. Por un lado, solo podrán acceder a ese reintegro los que han producido soja el año pasado, ya que incluso el registro fue realizado en función de lo declarado al fisco el año pasado. Por el otro, tendrán que haber declarado la siembra hasta el 28 de febrero pasado, evitando compensar a quienes hagan siembra en negro.
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Según ese esquema, los productores pequeños y medianos terminarán pagando por impuesto a la exportación lo mismo que ya venían haciendo, un 30% en el caso de la soja, y recibirán en tres o cuatro cuotas (aún no se definió exactamente cuántas) el reintegro. “Será este mismo año”, se adelantó.
En el decreto que se conocerá “en los próximos días” se especificará la reducción que habrá en otros cultivos, como el arroz, que pasará de 9% de retenciones al 5%, el algodón, que irá a 7%, el girasol, que pasaría a 7% (estaba en 12%), harinas y aceite de trigo que estaba en 12% pasará a 7%. Por otro lado, en el caso del trigo, el sorgo y el maíz, no habrá ningún aumento y quedará en 12%.
Estas medidas son consideradas “redistribucionistas” por el Gobierno, ya que busca aprovechar los tres puntos porcentuales que le permite la ley de emergencia social que se votó apenas asumió Alberto Fernández para incentivar cultivos regionales y promover la rotación de cultivos. Y aunque no lo van a decir, buscan desincentivar el cultivo de soja en gran escala en zonas alejadas del puerto de Buenos Aires, entre otras cosas, por cuestiones ambientales.
En Casa Rosada se explica que “el Estado no recauda nada, y lo único que hicimos es desplegar un modelo agroecológico productivo, rentable y equitativo regionalmente, no entendemos la irracionalidad de los que toman medidas de fuerza sin analizar el sustento técnico y financiero de lo que estamos proponiendo”.
En efecto, el Gobierno fue sorprendido por la adhesión de la Mesa de Enlace a la medida de fuerza de cuatro días convocada por los productores “autoconvocados” y está convencido de que hay “intereses políticos” detrás de la medida. Sin embargo, busca “salir del conflicto y no profundizar las diferencias”. “Es la instrucción que me dio el Presidente”, es el mensaje que transmitió Basterra a los dirigentes con los que habló en los últimos días.
En ámbitos oficiales, incluso, se reconoció que "no hay posibilidad de recaudar más con el campo, lo que nosotros necesitamos es que produzcan con confianza en que serán recompensados por su aporte al país.
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