La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo una prestigiosa certificación internacional

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, mantuvo la Certificación ISO 9001/2015 por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en orden al sistema de gestión de calidad del tribunal con respecto a la eficiencia, celeridad y transparencia en el trámite de los expedientes en dicha sede.

La misma cumplió nuevamente con el proceso de certificación del sistema de gestión de calidad del tribunal con relación a la eficiencia, celeridad y transparencia en la tramitación de los expedientes. El Tribunal mantiene la certificación internacional desde el año 2018.

A la vez, se busca que el objetivo expresado precedentemente se cumpla sin descuidar otros principios de igual importancia, como la correcta administración de justicia, la debida fundamentación de las sentencias y la igualdad, humanidad y respeto en el trato a todas las personas que interactúan en y con el tribunal (personal, defensores, Ministerio Público Fiscal, querellas, víctimas e imputados).

El 10 de marzo el instituto realizó una auditoría en la sede de la Sala IV en donde constató el sistema de trabajo del tribunal y verificó que las causas que ingresan a la Sala IV sean resueltas dentro del plazo legal previsto, es decir, en 20 días desde la celebración de la audiencia en las sentencia definitivas y 5 en los interlocutorios. También se cotejó que no hubiera errores internos que demoraran los tiempos de tramitación de las causas.

La norma ISO 9001 es la norma sobre gestión de calidad con mayor reconocimiento a nivel mundial. Pertenece a la familia ISO 9000 de normas de gestión de calidad y está dirigida a ayudar a las organizaciones a cumplir con las expectativas y necesidades de sus clientes o usuarios. En el caso de la Sala IV de la Casación Federal, con relación a la prestación del servicio de justicia.

La entrega del certificado fue la culminación de un proceso iniciado en el mes de abril de 2017, con la asistencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La certificación fue efectuada en el año 2018 y renovada en los años 2019 y 2020. Dicho proceso involucró la fijación de objetivos estratégicos en orden a la celeridad, eficiencia y celeridad en la prestación del servicio de justicia; la creación y/o adecuación de registros internos para evaluar el cumplimiento de dichos objetivos; y la medición de las expectativas de los usuarios y su grado de satisfacción con el servicio de justicia prestado por el tribunal, a través de encuestas abiertas en la mesa de entradas a disposición de todo aquel que quiera completarlas.

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