Como parte de la estrategia de política social de lucha contra el hambre que encaró el Gobierno desde diciembre pasado, se acaban de detectar 75.000 casos nuevos de niños de entre 0 y 5 años que no estaban visibilizados hasta ahora y que padecen “desnutrición crónica”.
De todo ese universo registrado, hay unos 20.000 chicos en todo el país que no tienen cobertura de salud o programa alimentario alguno y a cuyos padres el Gobierno otorgará la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ampliará el programa de la tarjeta Alimentar.
Según revelaron a Infobae fuentes calificadas del Gobierno, la tarea de recolección de datos y detección de estos 75.000 nuevos casos de desnutrición infantil se hizo en 8.500 centros de salud de toda la Argentina y fue llevada adelante por un trabajo en conjunto de la Anses que lidera Alejandro Vanoli; Ginés González García, desde el Ministerio de Salud; autoridades del Conicet; el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que encabeza Victoria Tolosa Paz.
La semana que viene el presidente Alberto Fernández presentará un “mapa de prevalencia en la baja talla infantil”, donde aparecerán los datos de cada niño y la georreferencia de los centros de salud u hospitales que atendieron a los 75.000 casos detectados. Se trata de un mapa interactivo que vincula a los centros de atención sanitaria con los barrios vulnerables.
De esta manera, en lo inmediato se pondrá en marcha un operativo para encontrar a cada uno de los padres de estos 75.000 chicos con “desnutrición crónica” para reforzar su cuota alimentaria, asistirlos con agua potable y al mismo tiempo entregar la AUH a 20.000 que no tienen cobertura alguna.
“Esta es parte de la Argentina que no se veía antes por omisión o inacción, pero que ahora hay que atender en la emergencia cuanto antes”, explicó a Infobae uno de los funcionarios que está a cargo de todo el operativo del mapeo de desnutrición infantil nacional.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “baja talla” de un niño determina el retraso del crecimiento, o talla baja para la edad y se refleja en una estatura inferior a la esperable de acuerdo a su edad. “Se define cuando la talla se aleja en más de 2 desviaciones estándar de la mediana de los patrones de crecimiento infantil”, sostiene el organismo.
Así, en estos 75.000 casos nuevos detectados, el retraso del crecimiento se desencadena por un aumento estatura insuficiente o anormalmente lento en un niño menor de 5 años de edad, que se mantiene de forma sostenida el tiempo. Este proceso, que implica una menor velocidad de crecimiento sostenida, determina una menor altura a la esperable y por eso los especialistas lo denominan comúnmente “desnutrición crónica”.
Estos datos de desnutrición van en línea con el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que este año informó un aumento de la inseguridad alimentaria del 28,2 en el 2018 al 32,2 en el 2019. Y en el caso de la inseguridad alimentaria severa, es decir la presencia de hambre, se elevó del 7,9% en 2018 al 9,3% el año último.
Esta situación a la que han llegado estos niños se debe, entre otras causas, a que sus padres viven en zonas con falta de agua potable, basurales cercanos y una alimentación insuficiente para cubrir las nutrientes necesarias para el crecimiento.
Todo esto implica que durante las etapas tempranas del desarrollo (desde la gestación a los primeros años) se refleja una limitación del crecimiento físico y genera impactos mentales que muchos investigadores consideran irreversibles en la vida adulta (en funciones intelectuales básicas, lenguaje, habilidades emocionales y sociales) afectando de forma intensa y continua el potencial de desarrollo de los individuos y las sociedades.
Entre los 75.000 niños de 0 a 5 años que el Gobierno detectó en situación de “desnutrición crónica” o baja talla se pudo percibir una estatura insuficiente, un desarrollo cognitivo e intelectual incompleto y malformaciones físicas.
Según coincidieron los funcionarios de la Anses, Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio de Salud los 75.000 chicos registrados con baja talla están concentrados en zonas donde “se expresan las mayores desigualdades socioeconómicas y donde se encuentran los mayores indicadores de vulnerabilidad”. Esto es: parte del conurbano bonaerense, el gran Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Resistencia, el gran Córdoba, provincias del NOA y del NEA y zonas rurales o parajes dispersos con enormes déficits en cuanto al acceso a servicios públicos e infraestructura.
En el Gobierno tienen contabilizados 4.416 “barrios populares” o villas miseria en todo el país y el 90% de estos barrios carece de agua potable. Este es uno de los mayores factores de riesgo de malnutrición infantil y el plan de acción de la Casa Rosada apunta a atender en lo inmediato también este problema con un programa que está diagramando Malena Galmarini desde AYSA.
¿Cómo se detectaron estos 75.000 chicos con desnutrición crónica?
En rigor, la tarea no comenzó en diciembre pasado. Este trabajo se inició en 2013 durante la gestión de Cristina Kirchner, dijeron las fuentes consultadas, con una fuerte interacción entre investigadores del Conicet y el Programa SUMAR dependiente del Ministerio de Salud.
“Esta interacción lamentablemente se perdió por desinterés durante la gestión de Macri. Ya en 2020, con nuestro Gobierno junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet, el Ministerio de Salud y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, pudimos retomar esta interacción, recuperar el tiempo perdido, y ponernos rápidamente a trabajar”, explicó un funcionario de la Casa Rosada que el miércoles que viene estará a cargo de la presentación que hará el Presidente de este mapeo de la desnutrición.
La información para detectar estos 75.000 nuevos casos se logró por medio de los controles de salud, de controles de peso y talla que permiten estimar niveles de desnutrición, que se convirtieron en un insumo de evaluación de impacto. Esto permitió sistematizar el registro de grandes volúmenes de información al incorporarle un complemento científico-tecnológico, con grupos de investigación del Conicet. Se pudieron evaluar más de 20 millones de controles de salud de 2 millones de niños en más de 8.500 centros de salud de atención primaria y hospitales.
En general, los casos detectados de desnutrición se encuentran con domicilios cercanos a los centros de salud donde fueron atendidos.
Ampliación de la AUH
A los 75.000 nuevos casos de desnutrición registrados se los atenderá en lo inmediato. Para esto ya se tiene localizado a sus padres por los datos que dejaron cuando alguna vez en los últimos años acudieron a un centro asistencial o cuando nació el niño.
Pero hay una tarea de “emergencia necesaria”, como la denominan los especialistas, que es atender a los 20.000 niños que, según los registros en los centros de salud, carecen de todo tipo de asistencia social.
Para esto, lo inmediato será ampliar la cobertura de la AUH que hoy llega a 4 millones de chicos en todo el país para que cubra también a esos 20.000 niños que no tienen cobertura alguna. También se les irá incorporando a estos el programa de tarjeta alimentaria y la asistencia en sus hogares con agua potable.
“Estos chicos son los caídos de la AUH o los que nunca estuvieron en el mapa de la inclusión social”, dijo un funcionario del equipo interministerial que trabajó en el mapeo de la detección de malnutrición infantil.
De esta manera, el Gobierno retomará el crédito N8633 del Banco Mundial que establecía un fondo de 5 millones de dólares precisamente para aquellos niños que no tuvieran cobertura social alguna.
Es decir que, en principio, para atender esta situación de emergencia de 20.000 chicos más en la AUH no se necesitaría de una ampliación presupuestaria sino de la ejecución completa del crédito del BM que ya estaba vigente pero que nunca se había ejecutado. En adelante, el Gobierno evaluará la forma en que se le da cobertura presupuestaria a la ampliación de la tarjeta alimentaria y el tendido de red de agua potable para este sector de la población vulnerable.
En su momento, la CTA hablaba de unos 300.000 niños sin cobertura social alguna de la AUH. La detección de estos 20.000 chicos desliza que este problema sigue latente, sobre todo si se tiene en cuenta que aún no están detectados los menores de 5 a 17 años con similares falencias de cobertura social. Es decir que el universo de aquellos “caídos o excluidos de la AUH” podrían ser más extenso.
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