Retenciones a la soja y causas judiciales: el kirchnerismo duro extrema posiciones y complica al Gobierno

El Gobierno hace números en materia de recaudación y en términos políticos. Antes fue con las jubilaciones, ahora con los productores rurales. Y siempre con la deuda y el ajuste de las cuentas como condicionantes. Hacia afuera, sostiene que la suba de retenciones a la soja se diluye en una suerte de redistribución con otras producciones. Alguno, de manera reservada, admite que mejoraría la recaudación en unos 500 millones de dólares. “Estamos rascando el fondo de la olla”, dice para explicar por qué se estaría asumiendo el riesgo del conflicto. Hay otras consideraciones, que en cualquier caso buscarían no escalar en la pelea y sobre todo, evitar que los cruces terminen involucrando al Presidente. No es sencillo y si es así, el kirchnerismo extremo trabajaría exactamente en el sentido inverso.

La máxima expresión de confrontación con la protesta rural estuvo a cargo de Oscar Parrilli. No es la primera vez que en medios oficialistas recuerdan descalificaciones de su propia jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, pero el recurso de considerarlo un hecho aislado o marginal corre riesgo de agotamiento. Ocurrió con la pulseada sobre los “presos políticos”, pero de todos modos creció el mensaje duro hacia la Justicia por los casos de corrupción, rotulados genéricamente como expresiones de lawfare.

En ese último rubro, el de la ofensiva contra los casos variados de irregularidades o corrupciones, la última página fue escrita por Julio De Vido, luego de lograr que un Tribunal Oral Federal dispusiera su libertad en la causa por el manejo de fondos públicos en los yacimientos de Río Turbio. El ex ministro cargó incluso contra el Presidente y su jefe de Gabinete.

De Vido fue especialmente irritante al intentar descalificar el proceso por la tragedia de Once –de exasperante trámite en Casación- y dejó una explicación llamativa sobre el sentido de la medida que lo deja en libertad: dijo que sería efecto del “voto popular”. Lo afirmó para aclarar que no le debería nada a Alberto Fernández. Pero expuso de ese modo una mirada extensiva a todas las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas.

Esta vez, Parrilli no se refirió a esa cuestión sino a la protesta que iniciarán el lunes los productores rurales, con posición unificada, en algunos casos no muy a gusto, de los dirigentes de la Mesa de Enlace. El senador responsabilizó al “campo” por la crisis: dijo que es el sector que “más ganó” y “fugó la plata”. La carga es nutrida a todas luces por viejas facturas –la del conflicto por la 125- y por una mirada ideológica rudimentaria y fuera de tiempo y lugar.

Las versiones Parrilli y De Vido son las más lineales, pero resultan significativas no por el ruido que producen sino por la matriz que expresan: construcción del enemigo, enfrentamiento en blanco y negro, binario, sin margen para la construcción política, en el caso de la pulseada por las retenciones; impunidad en el terreno de las causas judiciales. Extreman posiciones. Y la inquietud, a esta altura, remite sin vueltas a la relación del Presidente y CFK, que además agregó un nuevo blanco en el frente judicial: la propia Corte Suprema.

Ocurre que las explicaciones básicas y también las más complejas sobre la interna cargan la mochila presidencial, aunque de distinto modo. Supone un desgaste que cada tema de fondo esté sujeto a una pulseada sin perspectiva de solución entre Alberto Fernández y su poderosa vice. No resulta mejor la idea de la existencia de terrenos en los que trabajarían en base a acuerdos previos y otras zonas libradas a la acumulación política de cada uno. Es decir, temas puntuales, como el frente judicial, y especulaciones de más largo aliento, como los proyectos político-electorales.

Pero lo concreto es la señal que en cada caso se estaría produciendo hacia el exterior de los espacios de poder. Vale un ejemplo: la reforma judicial que prepara el Gobierno es anticipada –o explicada aún sin conocerse el proyecto- como una medida potente para oxigenar el fuero federal porteño, “despolitizarlo”, y darle agilidad y transparencia a las causas. Más jueces y más protagonismo a los fiscales con un renovado sistema acusatorio que, se admite, demandaría más tribunales orales o un esquema de varias salar por tribunal.

Existe un esfuerzo del Gobierno, y personal del Presidente, para despegar la iniciativa de las más terrenales necesidades del kirchnerismo. Se ha dejado trascender malestar de la ex presidente con el proyecto. Y ella misma dio una vuelta de tuerca en este plano: dijo que todo lo ocurrido en la Justicia con las causas que la involucran –empezando por Hotesur y Los Sauces, las de mayor preocupación- y también las que alcanzan a ex funcionarios son armadas, una persecución, lawfare. Por primera vez incluyó de hecho a De Vido y Ricardo Jaime.

No es lo único y allí crecen las sombras y las especulaciones sobre una ofensiva más amplia, que va desde la presión sobre jueces hasta la advertencia de una intervención al Poder Judicial de Jujuy. También, quedan en este barro algunas movidas vinculadas con la reforma del sistema jubilatorio de los jueces. Eso, dicen, habría frustrado un acuerdo que parecía a punto de ser alcanzado con la oposición en el Congreso.

La primera versión sobre ese episodio atribuía el corte a presiones exclusivas de CFK. Otra explicación decía que la orden llegó desde la Casa Rosada y dejó en la nada las conversaciones de Sergio Massa y Máximo Kirchner con representantes de Juntos por el Cambio. Coexisten las dos versiones y no falta la hipótesis de que hayan sido complementarias.

El punto es que ese tipo de acciones reducen y a veces bloquean por completo las chances de algún grado de entendimiento opositor con el Gobierno, algo que dentro de JxC impulsa el sector más identificado con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, entre otros. Y pone en situación delicada a los jefes de los distritos gobernados por la oposición, por razones principalmente financieras. La designación de Daniel Rafecas como jefe de los fiscales ha quedado enredada en ese juego, porque necesita un gesto de senadores de la oposición para ser aprobada.

El caso de la disputa por las retenciones es llamativo por otras razones. En medios oficialistas se destaca la posición negociadora del ministro Luis Basterra. Y se esperaba que los conductores de la Mesa de Enlace encauzaran un entendimiento. El malestar ahora es con la “incapacidad” de los dirigentes rurales para contener el conflicto. Admiten la dureza de las bases de esas organizaciones, pero otorgan un protagonismo, muy desproporcionado, a sectores de la oposición vinculados a entidades rurales del primer escalón. La presión del kirchnerismo más duro alimentaría esas reacciones. Si ese es el objetivo, afirmaría una disputa de difícil retorno.

En espejo, las reacciones dentro de JxC se nutren de esas diversas señales del oficialismo. Algunos resumen todo en una disputa entre el Presidente y su vice que bloquea acuerdos elementales. Otros sospechan hace rato que existe pelea doméstica pero también tratos previos y acuerdos al menos tácticos entre Alberto Fernández y CFK, piezas de un proyecto hegemónico.

Ocurre que el conflicto por las retenciones incluye y supera esas tensiones políticas. O puede potenciarlas. En este último caso, la crisis sólo sumaría riesgos.

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