La estrategia del Gobierno para consensuar los proyectos de ley que enviará al Congreso en los próximos días

Cuando Alberto Fernández anunció la reforma judicial, el fin de la designación de jueces amigos, el reordenamiento de la justicia federal, lo que resta del traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, el fin de las causas “falsas” y de las “arbitrariedades” en las detenciones, aplaudió la bancada del Frente de Todos y también algunos senadores y diputados de Juntos por el Cambio como Humberto Schiavoni, Esteban Bullrich y Carla Carrizo. Banca de por medio otros, como Mario Negri, se indignaban. “¿Dónde estaba cuando era jefe de gabinete"?, se preguntó en voz alta el titular del principal bloque opositor que había tomado nota de cada dato sobre la deuda recibida que mencionó el jefe de Estado.

"En Capital celebran”, dijeron desde el oficialismo mientras que diputados porteños de la oposición le decían a Infobae que les cayó bien el anuncio aunque con reservas. “Hay que esperar para saber si el traspaso será con fondos o sin fondos”, comentó quien recuerda que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad generó un gran debate al respecto y que Alberto Fernández acelera una quita de coparticipación extra a la Capital.

El proyecto, uno de los ocho que el Presidente enviará al Congreso este año, será ciertamente de los más difíciles de consensuar. Lo admitían voceros del Gobierno ayer mismo. “Va a requerir mucho trabajo”, avisaron futuros negociadores que deberán ablandar a propios y a la oposición.

De las iniciativas prometidas, en los próximos 30 días serían remitidas al Parlamento la Ley de Minería y de Hidrocarburos, el Consejo Económico y Social, la ampliación del Consejo Federal de Seguridad y las tres leyes vinculadas con las Islas Malvinas. En cambio la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los primeros mil días para la atención de recién nacidos, podría llegar al Congreso en menos de dos semanas. “Diez días” fue la promesa del Presidente.

El oficialismo sabe que pasó del consenso a la confrontación la semana pasada cuando rápidamente sacó la media sanción para la reforma del sistema jubilatorio de jueces y diplomáticos. “Nos trataron con buenos modales y después impusieron un proyecto sin debate, avasallaron al Congreso como en el peor momento del kirchnerismo”, denunciaron el jueves 27 al retirarse del recinto los diputados de Juntos por el Cambio estimulados por su presidente, Mario Negri. Ayer por la tarde su par del Senado, Luis Naidenoff, analizó de la misma manera el discurso del presidente Alberto Fernández: “Nos vienen mostrando buenas intenciones pero el mensaje concreto, cuando ejecutan las políticas, es de discrecionalidad y las decisiones son unilaterales”, se quejó ante Infobae. También reclamó que falta un programa económico y que esperan el Presupuesto 2020.

En ese contexto desde el peronismo admiten que tendrán que conversar, y mucho, con los opositores. Para aliviar tensiones, el oficialismo intentaría primero avanzar con proyectos que cree serán de interés común como los tres vinculados con la soberanía y las Islas Malvinas en los que está trabajando Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur: la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes para el que el Presidente prometió una integración plural con representantes de la oposición, del mundo académico y jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego y de los ex combatientes. El segundo es la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina y el tercero, la modificación del Régimen Federal de Pesca para endurecer sanciones a la pesca ilegal. “Sería bueno que salgan por unanimidad”, se entusiasmaban altas fuentes parlamentarias luego de percibir que mejoraba el clima entre el tono del discurso presidencial y el rol de este domingo de la oposición que se mostró crítica pero respetuosa. Incluso las celebraciones de los propios estuvieron acotadas y no hubo ni militantes, ni banderas ni papelitos en los palcos como se vio años atrás, en el tiempo de mayor poder kirchnerista.

Respecto al Consejo Federal de Seguridad, finalmente no se crearía un nuevo organismo sino que se ampliaría y se reforzaría el existente del que forman parte todos los distritos. Ya hubo una primera reunión en Tucumán que encabezó la ministra Sabina Fréderic. El Consejo no reemplazaría al ministerio como se discutió en un inicio. Los detalles aún no están bajo el ojo del Parlamento pero incluso en el encuentro tucumano estuvieron las provincias de la oposición y una comitiva de Diputados integrada por opositores.

El Consejo Económico y Social es otro de los caballitos de batalla de Alberto Fernández que todavía espera que Roberto Lavagna acepte presidirlo. Dio varios detalles sobre ese organismo que tendría un mandato de cinco años y se extendería entre dos presidencias. Además requerirá el acuerdo del Senado como otros funcionarios de este tipo.

Tal vez requiera más tiempo de tratamiento la Ley de Desarrollo del Sector Hidrocarburífero y Minero para la que el Gobierno quiere amplio consenso, como ocurrió con la ley para la renegociación de la deuda. Sería una señal para los inversores, una garantía de continuidad más allá del actual Gobierno. Se empezó a trabajar en el inicio de la gestión de Alberto Fernández con la idea de presentar el proyecto en Extraordinarias. Lo consideran imprescindible para generar inversiones y el ingreso de divisas y dilatar su tratamiento no sería un mensaje positivo.

Hasta ahora, los proyectos del Ejecutivo tuvieron su origen en Diputados donde el oficialismo necesita negociar para aprobar sus leyes. Así, una vez destrabado donde se considera más difícil el consenso se avanzaba rápidamente del otro lado del Palacio. La semana pasada quedó claro que para lograr el quórum al Frente de Todos no solo no le alcanza con los diputados propios. En algunos temas cuesta y costará sumar a aliados coyunturales como los peronistas federales que tienen como presidente a Eduardo ‘Bali’ Bucca y los ‘ramones’, que responden al mendocino José Luis Ramón. Aunque acompañaron en el ‘aplausómetro’ (hasta Graciela Camaño se vio en algunos momentos muy efusiva y tomando notas en su notebook) el apoyo no es ni será incondicional. La reforma de las jubilaciones de jueces y diplomáticos dejó a la vista algunas diferencias y el respaldo desigual de esos sectores. Los ‘primos’ peronistas piden ser más escuchados y condicionan su respaldo.

Para Ordinarias tal vez el peso se reparta entre Diputados y Senadores donde si hay número para garantizar el quórum. El debate que se da internamente es dónde conviene al oficialismo que se inicie el tratamiento de la legalización de la interrupción del embarazo. Se analiza invertir el orden respecto al tratamiento de dos años atrás y que sea en el Senado donde comience a discutirse. Pero esa fue la cámara que frenó el aborto y aun votando una media sanción, ¿qué pasaría si modifica el proyecto original? En ese escenario si Diputados hiciera cambios definiría la cámara de origen. Por el contrario, si los senadores votaran el proyecto del Ejecutivo los Diputados quedarían condicionados y podría pesar la presión social para que algunos votos en duda se definan a favor.

La pelea entre verdes y celestes quedó en evidencia la semana pasada cuando en el Senado se discutió la designación de la primera Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Los discursos en contra de la abogada Marisa Graham no reflejaron el extenso proceso que atravesó con otros 70 postulantes, que incluyó audiencias, exámenes y hasta el registro a través de escribanos del Congreso de la Nación en una Bicameral integrada por las distintas fuerzas partidarias.

El aborto atraviesa a los bloques de manera transversal y aunque la posición de Graham a favor fue considerada por algunos senadores ‘celestes’ un impedimento para su designación, finalmente se le dio aval. Incluso votaron a favor algunos senadores que votaron en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo. Los que perdieron no parecen dispuestos a cejar en su lucha.

Faltaría definir si el proyecto incluirá el plan de los 1000 días para la asistencia a mujeres embarazadas de bajo recursos y luego durante los dos primeros años de infancia, un anuncio efusivamente aplaudido. Ese programa sería una señal para conformar a quienes se oponen y se autodefinen “defensores de la vida”. No parece sencillo que haya acuerdo sobre unir ambos proyectos en uno solo. Hay quienes consideran que habría que aceptarlo para poder avanzar con el aborto y quienes creen que deben ser dos proyectos autónomos. Menos rechazo genera la propuesta de lanzar un proyecto de Educación Sexual Integral que de todos modos tiene muchos detractores.

Con los anuncios Fernández se jugó una apuesta fuerte. Ahora deberá afinar su estrategia parlamentaria.

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