El oficialismo logró aprobar la ley de Góndolas en medio de críticas de la oposición por las dificultades para aplicarla

El Senado aprobó este viernes en sesión especial el proyecto de ley de Góndolas impulsado por el Gobierno en medio de críticas de la oposición por las dificultades que habrá ahora para llevarla a la práctica.

La semana pasada, el Frente de Todos había firmado en soledad el dictamen de la Comisión de Legislación General para el proyecto, ya que Juntos por el Cambio había optado por darse un poco más de tiempo para analizar posibles modificaciones al texto, que había sido aprobado por Diputados en noviembre pasado. Este mediodía hubo una reunión del interbloque donde costó consensuar una postura: un grupo, entre ellos Martín Lousteau, Esteban Bullrich y Eduardo Costa, insistían en no dar su aval. De hecho Bullrich y el santacruceño lideraron la redacción de una lista de modificaciones e hicieron un fuerte lobby, sin éxito. “Van a decir que respaldamos a los más poderosos”, se oyó una voz que rechazó la idea.

Finalmente, a las 20 se votó. Y la ley, como en Diputados, logró amplio consenso a pesar de las fuertes críticas expresadas en el recinto.

En el inicio de la discusión, catorce senadores y senadoras del Frente de Todos se anotaron en la lista de oradores para defender la ley de Fomento de la Competencia y reducción de Distorsiones de Precios en la Venta Minorista. También tres radicales, dos senadores del PRO y una legisladora de Mediar Argentina además del único senador de Juntos Somos Río Negro.

Los peronistas insistieron en que la norma ayudará a bajar precios, mejorar la distribución de ingresos al beneficiar a actores medianos y pequeños y permitirá la competencia. Algunos referentes de la oposición lo pusieron en duda y aseguraron que la norma será de difícil aplicación, a pesar de haberla votado en noviembre en Diputados. Y reclamaron políticas y medidas económicas concretas para reactivar la economía.

En ese sentido Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, apuntó que entre el 2001 y el 2016 “en la Argentina se ha incrementado la concentración y las empresas más grandes pasaron del 14 al 24 % del PBI”. “El gobierno puede utilizar Precios Cuidados para acercar los productos de la economía popular a las góndolas” propuso tras enumerar una lista de dificultades que tienen las pymes y la agricultura familiar: como la logística, el transporte, el flete, el trabajo en negro y la informalidad de las cooperativas. “Tres empresas monopolizan el mercado de determinados productos, por ejemplo el 97% de los pañales, el 70% de la leche lo concentran tres empresas” describió el chaqueño que consideró que la ley “más que una herramienta que tienda a frenar las distorciones del mercado lo que pretende es ser un aliciente para las pymes, los sectores de la economía popular pero lo que nos marca la cancha es la realidad y la realidad es que tenemos enormes dificultades para que los objetivos de la ley puedan materializarse”.

Entre los oradores, el cordobés cordobés Ernesto Martínez, fue el primero del PRO en anticipar el voto a favor. Sin embargo fue muy crítico del proyecto de ley de góndolas. “Es un placebo irrelevante”, se exaltó mientras en línea con el reclamo del interbloque de Juntos por el Cambio sostenía que con mayor tempo de debate se le podría dar sentido a la ley "o al menos la operatividad que no tiene”. De hecho uno de los cambios que pidieron desde su sector fue subir de 120 a 180 días el plazo para que los supermercados se adapten a los nuevos requisitos.

“En nuestro país muchas veces nos ponemos a inventar la rueda, y encima cuadrada: no existen antecedentes internacionales que tengan relación directa con el proyecto venido en revisión de Diputados", exclamó.

De su mismo bloque el radical porteño Martín Lousteau, ex ministro de Economía, volvió a mostrarse reflexivo. Como gran parte de los oradores compartió el espíritu de la discusión pero avisó que se abstendría. Propuso en cambio aprovechar las leyes que ya existen y aplicarlas de la mejor manera. Lousteau mantuvo la misma posición que tuvo en la Cámara de Diputados cuándo se debatió esta ley y ocupaba una banca allí: "Coincido en que hay un montón de prácticas que son anticompetitivas, de abuso de posición dominante, discriminatorias, pero no necesitamos leyes que celebremos el día de la sanción pensando que van a solucionar el problema y después demostrar la falta de decisión en aplicar las leyes que pueden resolver el problema e inclusive en aplicar las que sancionemos”.

Su crítica apuntó precisamente a la falta de control estatal. Incluso afirmó que ni el kirchnerismo usó las sanciones vigente ni Cambiemos la ley de Competencia que sancionó que "es una ley de avanzada en el mundo y podríamos usarla en los temas que estamos queriendo resolver”.

“La pregunta es por qué estamos buscando en una nueva Ley aquellos instrumentos que tienen leyes anteriores y que no usamos en ningún momento”, sostuvo Lousteau y acotó que “parte de esa respuesta es que hay un Estado que es incapaz de intervenir, a veces es incapaz y a veces no tiene voluntad de intervenir”.

No hubo grandes sobresaltos en la sesión que continuó a la designación de la Defensora del Niño, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham. El debate por la ley de Góndola fue hasta más amable en el intercambio.

Jorge Taiana, del FdT, apeló como es habitual a un tono calmo. “Parece una lectura de normas para una pelea limpia” analizó y subrayó que la idea es “equilibrar” y “abaratar” precios y “quitarle al monopolio una parte de la tajada y distribuir un poco más”. Como él, la mendocina Anabel Fernández Sagasti se explayó en contra de los grandes supermercados y las grandes marcas. “Los precios de los productos básicos los marcan un puñado de empresas”, acusó un de las más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner mientras a su lado asentía Oscar Parrilli.

El cierre estuvo a cargo de José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos. “Es una ley que puede traer racionalidad”, afirmó poco antes de las 20 y agradeció el acompañamiento de la oposición. “Es un tema que nos preocupa pero hay que trabajar el tema en forma intensa”. “Esperamos precios justos para tener una Argentina más justa”, concluyó.

A propuesta de la oposición, se votó en general y luego se votó en particular porque Juntos por el Cambio rechazó el artículo 18 que incluye a organizaciones de defensa del consumidor como actores de control. Hubo 56 votos afirmativos y cuatro abstenciones: la de la neuquina Lucila Crexell, el porteño Martín Lousteau y de los dos senadores que impulsaron sin éxito el rechazo total de la ley: Esteban Bullrich y Eduardo Costa.

Cuando Cristina Fernández, al frente de la sesión, pidió dejar constancia como corresponde de quienes se abstenían advirtió que el senador santacruceño Costa era uno de ellos. Hizo una mueca y pensó en voz alta: “Claro, me imaginaba”, en referencia a su condición de dueño de supermercados y almacenes en el sur.

La ley votada que deberá promulgar el Ejecutivo establece que ninguna marca individual o de una misma empresa o grupo económico podrá ocupar más del 30% del espacio físico. Además debe haber por lo menos 5 proveedores para cada categoría de producto. También impone un 20% de productos de origen local, bajo penas económicas y hasta de clausura y un 25% de productos provenientes de cooperativas, pymes, asociaciones y un 5% adicional para la agricultura familiar, campesina o indígena..

Tras la votación, CFK levantó la última sesión Extraordinaria del inicio de la gestión que comparte con Alberto Fernández mientras en el Palacio avanzaban los preparativos para la Asamblea Legislativa del próximo domingo.

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