El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió apartarse de un tramo de la investigación iniciada por cuadernos del chofer Oscar Centeno. Se trata de la causa por el presunto lavado del dinero que manejó Daniel Muñoz. El ex secretario de Néstor Kirchner fallecido en 2016 recibía los bolsos con dinero que transportaba el remisero, según las anotaciones y otras pruebas que analiza la Justicia.
El juez que sucedió a Claudio Bonadio al frente del juzgado federal 11 tras su fallecimiento resolvió inhibirse de seguir interviniendo en esa investigación por “razones de decoro” a raíz de tener un “trato frecuente” con el abogado Miguel Angel Pló y su familia. Plo era el defensor de la viuda de Muñoz y junto a su hija y su yerno están acusados de ser parte del entramado societario que se armó para mover dinero de Muñoz. De hecho, Plo y Zupicih cumplen arresto domiciliario por esa imputación.
El año pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) develó que durante el gobierno de Mauricio Macri los Pló blanquearon $75 millones. Incluyó la declaración de ocho propiedades compradas en Florida, Estados Unidos, cuatro de las cuales se adquirieron entre los meses de mayo y junio de 2016 cuando los abogados habían comenzado a colaborar con Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, para desarmar la estructura societaria y desprenderse de los bienes adquiridos con dinero ilegal.
“Tras haberme interiorizado de los expedientes que tramitan ante el nuevo Juzgado a mi cargo, advertí que en esta sede tramitan los testimonios del expediente identificado como CFP 17459/2018, en el que fue procesado y elevado a juicio el Dr. Miguel Ángel PLO, su hija María Jesús PLO, y la pareja de esta última, Federico Carlos ZUPICICH, y en el que aún se encuentran en investigación algunas maniobras supuestamente delictivas y personas que podrían estar vinculadas a los nombrados. Así las cosas, corresponde aclarar que tengo un vínculo de conocimiento y trato frecuente a nivel familiar con el Dr. Miguel Ángel PLO y su familia. En ese sentido, considero que por motivos de decoro, me veo obligado a inhibirme de intervenir en el presente proceso”, sostuvo el juez, según la resolución a la que accedió Infobae.
El juez planteó “razones de decoro”. Es una posibilidad prevista en un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que prescribe que un juez deberá excusarse “cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza”. Habitualmente, los motivos de recusación más utilizados apuntan a la amistad o enemistad entre el juez con uno de los interesados en el proceso.
El juez entiende que si su decisión prospera quedaría afuera solo del tramo que salpica Pló y a su familia. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este medio creen que esa jugada podría terminar alejándolo de todo el megaexpediente de los cuadernos que aún está en etapa de instrucción, teniendo en cuenta que Bonadio acumuló todas esas investigaciones y las consideró conexas.
Tras esta resolución de Martínez De Giorgi, explicaron en Comodoro Py, debe sortearse un nuevo magistrado. Si éste acepta el caso, se terminaría la cuestión; si por el contrario entiende que el tema no es suyo, Martínez De Giorgi podría quedárselo o tendría que ir a la Cámara Federal para que se defina quién de los dos debe seguir al frente de la instrucción.
Gran parte de la causa de los cuadernos ya fue elevada a juicio oral. Allí no solo está el capítulo por las anotaciones de Centeno, el remisero de Roberto Baratta, sino otros expedientes, como el de los subsidios al transporte, el de la compra de Gas Licuado o el la “cartelización” de la obra pública. Pero también hay un capítulo vinculado al dinero de Muñoz.
Por esas acusaciones fueron enviados al banquillo Pochetti, la viuda de Muñoz; el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, y el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros. Se investiga el tramo internacional del lavado de dinero que protagonizó el fallecido ex secretario millonario de Néstor Kirchner cuando compró a través de sociedades y testaferros 16 propiedades en Estados Unidos -incluidos dos departamentos en el Hotel Plaza de Nueva York-. Implicó un movimiento de USD 70 millones.
Pero un tramo de esa causa sigue ahondando en la búsqueda de dinero y, sobre todo, en la recuperación de la fortuna que fue invertida en un terreno de las paradisíacas islas Turk and Caicos, en el Caribe, y que el gobierno de Gran Bretaña se niega a devolver. Otro de los focos bajo análisis está en determinar qué pasó con las sociedades e inversiones que delató el arrepentido Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner.
muchos de los protagonistas de la causa Muñoz se convirtieron en “arrepentidos”. Primero fue un empresario llamado Sergio Todisco y luego su mujer, Elizabeth Ortíz Municoy, el ex matrimonio que fue usado por Muñoz como integrante de varias de las sociedades que armó en el exterior. Más tarde, pidió ser arrepentido Carlos Gellert, el primo de Pochetti quien reveló, con lujos de detalles, cómo operaban en el exterior y la inversión de Turk and Caicos.
La propia viuda de Muñoz pidió ser arrepentida. Y si bien insistió con que su marido manejaba todo y ella no sabía demasiado, aseguró ante el fiscal Carlos Stornelli: “Mi marido les pagó a Plo y al juez (Luis) Rodríguez una suma importante de dinfero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares, para arreglar al Juez y a los abogados para que ellos me defiendan”. En otra parte de su confesión, dijo: “Tengo miedo Doctor, esta gente es muy peligrosa. Plo llegó a decirme que abandone mi casa. Que tenía que desaparecer. A mí me da temor por los contactos que Plo pueda tener con la Policía.”
Ortiz Municoy y Manzanares ratificaron sobre la existencia de esa supuesta coima. Siempre por dichos de Muñoz, ya fallecido. La causa del dinero del secretario, que se reactivó con el escándalo de los Panamá Papers, no había tenido grandes avances en manos del juez Rodríguez hasta que explotó el escándalo de los cuadernos y el ex secretario de Kirchner apareció como el valijero que movía los millones que presuntamente se recibían en la casa de la Recoleta del entonces matrimonio presidencial, en la residencia de Olivos o en la Casa de Gobierno; o incluso en bolsos que volaban al sur en viajes oficiales.
A raíz de las afirmaciones sobre esa supuesta coima, Bonadio ordenó extraer testimonios y que otro juez investigue si Rodríguez cometió algún delito. En diciembre pasado, el fiscal Gerardo Pollicita entendió que la causa debía archivarse.
No fue la primera vez que un desprendimiento surgido de testimonios de arrepentidos en cuadernos se cierra. Fue precisamente Martínez De Giorgi quien cerró en diciembre pasado con un sobreseimiento otra denuncia que salpicaba al ex juez Norberto Oyarbide y al integrante de la Auditoría General de Nación Javier Fernández. Es la que analizaba las palabras de Manzanares sobre una reunión en la que se lo instruyó sobre cómo debía prepararse el cierre de la última denuncia por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner. Martínez de Giorgi aseguró que analizadas las pruebas en profundidad se puede "concluir que no se trata más que de un canto de sirenas, de un espejismo”.