Jubilaciones especiales: el Gobierno no incluirá la cláusula pedida por la oposición y Cambiemos no dará quórum para la sesión del jueves

Después del debate de comisiones de más de cinco horas, y de negociaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición por el régimen especial de jubilaciones, el Gobierno al final decidió que no incluirá la “cláusula transitoria” pedida por Juntos por el Cambio por la cual los jueces y funcionarios judiciales mantienen los beneficios jubilatorios actuales aún sin el trámite iniciado pero con los requisitos establecidos por la ley vigente. A raíz de esto, el interbloque liderado por Mario Negri definió no dar quórum para la sesión del jueves.

“Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial", expresaron en un comunicado.

Y argumentaron: “Coincidimos en la necesidad de cambiar los regímenes jubilatorios que tienen privilegios, pero observamos que el oficialismo tiene un objetivo último que es peligroso para la democracia y la República. Por ello, ofrecimos al Frente de Todos incorporar una cláusula transitoria para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la anomia en el Poder Judicial. Intentamos persuadir al oficialismo durante toda la jornada, pero no tuvimos el eco esperado”.

Según confiaron a Infobae parlamentarias del interbloque opositor, fue Máximo Kirchner, el jefe del bloque del Frente de Todos, el encargado de comunicarle la negativa a Negri. Pasadas las 20, Juntos por el Cambio estaba reunido para debatir la posición del espacio en vísperas de la sesión en la que el Gobierno buscará la media sanción del proyecto que recorta las jubilaciones especiales del Poder Judicial y del Servicio Exterior.

Antes, a media tarde, Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro habían visitado la oficina de Sergio Massa, que los recibió junto a Kirchner. Los tres legisladores pidieron la inclusión de la cláusula ante la insistente negativa oficial. Massa y el jefe del bloque oficial quedaron en contestar. El titular de la Cámara baja después viajó a San Juan. La respuesta quedó en manos de Máximo K, que oficializó el rechazo cerca de las 8 de la noche, un rato después de que el Frente de Todos despachara el dictamen de mayoría tras el debate en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social.

Juntos por el Cambio, el interbloque presidido por José Luis Ramón -aliado permanente del Gobierno- y la izquierda presentaron dictámenes de minoría. La bancada del PJ Federal, encabezada por Eduardo “Bali” Bucca, se mantenía dividida de cara al debate de este jueves.

El interbloque opositor había pedido la cláusula en cuestión durante toda la discusión. Luis Guillermo Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, había resaltado que el pedido de Cambiemos estaba explicado en el mensaje de elevación del proyecto de ley enviado por la Casa Rosada. Y que no hacía falta incluirlo por escrito en el texto. Alejandro Cacece -autor de un proyecto alternativo-, Pablo Tonelli, Luis Pastori y Negri habían machacado con el tema.

“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar (su trabajo). Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados”, resaltó el funcionario, que se presentó en el anexo del Congreso junto al ministro Claudio Moroni y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli.

”¿Qué pasaría si discutiendo el Código Penal dijéramos ‘el que no roba, no va preso’. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, ratificó entonces el secretario de Seguridad Social la postura del Ejecutivo.

Según los datos que este miércoles oficializó el Consejo de la Magistratura, hay 260 jueces y funcionarios que iniciaron el trámite ante la Anses y el organismo aún no lo convalidó. Y otros 237 que ya tienen otorgado el beneficio pero suspendido hasta el cese de su carrera. La oposición alertó por una “salida masiva” de magistrados y una parálisis de la Justicia.

“Los funcionarios y/o magistrados comprendidos en el anexo I de la ley 24.018 que a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas en la presente ley tuvieren otorgado el beneficio o reunidos la totalidad de los requisitos establecidos en el régimen de esa norma, mantendrán el derecho a los beneficios que la misma otorga, el cual podrá ejercerse en cualquier momento”, fue la cláusula que Cambiemos redactó y acercó a las principales oficinas del Frente de Todos.

Después de la exposición de los funcionarios del Ejecutivo fue el turno de los representantes de las asociaciones de magistrados, de fiscales y del servicio exterior, y de los empleados judiciales: Marcelo Gallo Tagle, Alberto Lugones, Raúl Pleé, Julio Piumato y Marta Insausti de Aguirre fueron algunos de los expositores. Tanto Pleé, en representación de los fiscales, como Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, hicieron hincapié en que con la entrada en vigencia de la nueva ley quedarían en más del 50% las vacantes.

En ese sentido, Cambiemos quedó internamente sumergido en una encerrona: entre la necesidad de diferenciarse del kirchnerismo y la encrucijada de no hacerle el juego a la corporación judicial, que en estos últimos días activó un fuerte lobby en el Parlamento. La inclusión de la cláusula en cuestión, un pedido de la Justicia, dejaba a Juntos por el Cambio con escaso margen para no apoyar la media sanción, con la que Alberto Fernández espera contar en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias de este domingo.

Mientras se desarrollaba la reunión de comisiones, en las oficinas de al lado del anexo de la calle Rivadavia del bloque de la Coalición Cívica discutía sobre el tema la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

El Frente de Todos, en tanto, había aceptado este miércoles algunos cambios en el proyecto enviado por la Casa Rosada. Uno de ellas en torno al cálculo de la movilidad –que pasa del 82% móvil del último cargo al promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años– dispuesto en el inciso b del artículo 17. “Una cuestión de forma”, según la oposición. El Gobierno suspendió además el cambio en la edad jubilatoria de las mujeres, que queda en 60, y suprimió el pasaje que daba cuenta de que los jueces o fiscales debían tener “20 años como mínimo” para acceder al “Régimen de Reciprocidad Jubilatoria”. Hacen falta solo 15 discontinuos o 10 continuos.

Por su parte, Moroni subrayó que podían trabajar en un “fondo compensador” para trabajadores de menores rangos que no están contemplados en el proyecto del Ejecutivo, uno de los pedidos de los gremios, encabezados por Julio Piumato, que volvió a reiterar el reclamo durante la discusión: quiere el 82% móvil para los trabajadores judiciales.

La iniciativa de Piumato fue presentada por el diputado Ramón, que lidera una bancada de ocho legisladores. Entrada la noche, el Frente de Todos afinaba el lápiz y contaba el número de adhesiones.

FOTOS: Gustavo Gavotti