Escepticismo y cautela entre las asociaciones de magistrados y fiscales por los cambios en el dictamen al proyecto de jubilaciones especiales

Entre el escepticismo y la cautela. Ese es el estado de ánimo que recogió Infobae de los dirigentes de las asociaciones de magistrados, fiscales y funcionarios judiciales tras el plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados en el que se acordaron algunos cambios al proyecto enviado por el Gobierno para modificar el régimen jubilatorio especial de los jueces.

“Desesperanzado, pero sin perder la voluntad de diálogo. Lamentablemente, no percibimos voluntad de escuchar las sugerencias que íbamos a plantear. Pareció más bien el cumplimiento de un trámite, y no entendemos el apuro para aprobar el proyecto hoy mismo, cuando se podría discutir una ley mucho mejor que tuviera nuestro apoyo”, le dijo a Infobae el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, luego de la reunión en la que fue uno de los que expuso las objeciones de los jueces a la iniciativa gubernamental.

“Los cambios que se acordaron no fueron significativos”, opinó pesimista. “La marcha atrás con la edad de la mujer (de 65 a 60 años) era una cuestión indefendible, y evidenciaba un avance contra el Poder Judicial porque implicaba agravar su situación de forma arbitraria, cuando en el sistema general la mujer se puede jubilar a los 60″. Y respecto de los hombres, aseguró que no ven mal la suba a 65 años ya que “el grueso se retira a los 75, como establece la Constitución”.

Respecto de la discusión de la posible inclusión en el texto final de una cláusula transitoria que explicite que quienes cumplan con las condiciones para acceder a la jubilación con la ley actual -antes de la modificación propuesta por el Gobierno-, la hayan tramitado o no, puedan seguir trabajando y jubilarse a futuro con la norma vigente hoy, Gallo Tagle se mostró escéptico. En efecto, el dictamen de mayoría aprobado sobre el final de la jornada de ayer no la incluyó, y Juntos por el Cambio adelantó que no dará quórum hoy en la sesión por ese motivo.

Según los números del Consejo de la Magistratura de la Nación, hay 260 jueces y funcionarios que iniciaron el trámite ante la ANSES y otros 237 que ya tienen otorgado el beneficio, pero siguen trabajando y podrían irse ahora ante el cambio del sistema jubilatorio. Buscarían así no ser alcanzados por la nueva norma, que implicaría una merma en sus haberes de entre el 20 y el 40%.

La inclusión de esa cláusula fue un pedido del bloque de Juntos por el Cambio durante la reunión de ayer a la tarde, y fue la que originó uno de los mayores contrapuntos con los funcionarios del Ejecutivo que se hicieron presentes en la Cámara baja para defender el proyecto del Gobierno, especialmente, con el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi.

“La oposición se lo pidió hasta el hartazgo para eliminar uno de los puntos oscuros que tiene la ley y la posibilidad de que haya litigios en el futuro, y no lo quisieron dejar por escrito. La respuesta fue que no iban a escribir lo obvio. Pero todas las leyes previsionales tienen una cláusula transitoria para evitar confusiones. Así como está el texto hoy, es ambiguo”, se quejó Gallo Tagle.

“La cláusula transitoria más que un beneficio para el juez, es un beneficio para el sistema de Justicia, porque así se evita su vaciamiento", agregó este juez civil que preside la AMFJN desde febrero del año pasado. Según los números que manejan en AMFJN, al 25% de vacantes actuales, se sumaría otro 25% por la renuncia de casi 300 magistrados y fiscales. “Se verá afectada gravemente la prestación de Justicia”, afirmó Gallo Tagle.

Desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), su presidente Ariel Ariza, Ariza también se manifestó cauto: “Hubo alguna recepción de posturas que planteamos en la reunión -como la edad jubilatoria de la mujer-, pero ahora queremos ver cómo sale el texto que se discutirá en el recinto. Especialmente, si se incluye la cláusula transitoria para darle certeza a los jueces que tienen ya la edad para jubilarse y están viendo qué hacen, frente a un cambio en la ley. Hay que darles garantías de que podrán hacerlo con el régimen vigente hoy”.

La cláusula transitoria no fue incluida en el dictamen porque, según Bulit Goñi, estaba explicado en el mensaje de elevación del proyecto de ley enviado por la Casa Rosada. Por lo tanto, no hacía falta dejarla por escrito en el texto, tal como habían reclamado los diputados de Cambiemos Alejandro Cacece -autor de un proyecto alternativo-, Pablo Tonelli, Luis Pastori y Mario Negri.

Ariza también advirtió que tampoco se tuvo en cuenta la gradualidad en la edad de jubilación. “Ni bien entra en vigencia la ley, el mínimo de 60 años para los hombres pasa a 65 de un plumazo. El juez que tiene 59 y estaba al borde de jubilarse, tiene otros cinco años por delante. En los sistemas previsionales del mundo, los cambios se hacen para dentro de 5 años”, agregó.

El cálculo del haber inicial

Otro de los cambios que no satisfizo a los magistrados se refiere al cálculo del haber inicial que el proyecto original del oficialismo preveía en el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones – o sea de los últimos 10 años-, sin especificar el índice de movilidad o actualización prevista. Actualmente, el régimen especial que tienen los jueces prevé el 82% móvil del último sueldo, que suele ser el más alto.

Tras el debate, se acordó aplicar el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a la categoría del cargo vigente al momento de cesar como magistrado. “Se logró que se tome el valor actual de la categoría de los cargos que ocupó un juez en los últimos diez años. No es lo ideal, como el último sueldo, pero es una solución que por lo menos no parece tan gravosa”, opinó Ariza.

Sin embargo, Gallo Tagle advirtió que la base del cálculo del 82% del haber inicial - el problema medular del proyecto y el punto más cuestionado por los jueces- “tampoco quedó clara”. Según le dijo a Infobae, “lo del valor actual de la categoría sería hasta que una Comisión, a crearse, fije la tasa de actualización”.

Y en ese sentido agregó: “No nos cierra porque siguen con una modificación del cálculo del haber sin una base cierta. Los funcionarios del Ejecutivo no mostraron los números en la reunión y dijeron que los iban a dar mañana para la discusión en el recinto. Si tuvieran los números, pondrían el cálculo de la actualización en el texto, y no figura. Y lo que dijeron es que ese coeficiente lo iba definir una Comisión a futuro”.

“¿Cual es el apuro de que la ley salga hoy y mañana la trate el Senado? Nuestro objetivo no es impedir su salida, pero queremos que tenga las modificaciones necesarias para que sea una ley razonable. Este debate era una oportunidad para demostrar que los tres poderes tienen la madurez necesaria para modificar este sistema. Démosnos entre todos las chances del debate, hagamos algo propositivo y eliminemos la posibilidad de litigios futuros”. Ayer, en diálogo con Infobae, Gallo Tagle no había descartado la posibilidad de ir a la Justicia.

La secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Susana Pernas, en tanto, también se mostró escéptica al salir de la reunión en Diputados. “No se especificó la fórmula para la movilidad del haber jubilatorio ni se incluyó lo de la cláusula transitoria en el texto. Si no está esa cláusula, se crea incertidumbre. Por otro lado, el tema de pensión del cónyuge juez o jueza, tampoco fue especificado en el texto y va a generar un conflicto según lo interprete la Anses en su momento", advirtió.

Pernas también lamentó que de los fiscales, solo pudo exponer Raúl Plee. "No nos dieron el tiempo que teníamos previsto. No pudo hablar (Edgardo) Marceno. Fue a las apuradas, no escucharon realmente los planteos que llevaron, ya tenían el dictamen elaborado”.

La suba en los aportes

En lo que tampoco hubo "receptividad” a los reclamos de los magistrados y fiscales fue en la suba del porcentaje de aportes del sueldo. Actualmente es del 12%, sin tope, o sea sobre el total del sueldo, que hoy ronda entre $250.000 y $300.000 para un magistrado. El proyecto del Gobierno sube ese porcentaje al 18%.

“No hay fundamentos de por qué quieren subir el aporte al 18% del salario de los jueces en actividad, y a su vez, disminuir el haber de los magistrados jubilados”, señaló Gallo Tagle. “Como los funcionarios del Ejecutivo no mostraron qué cálculo hicieron para determinar ese 18%, es difícil ver cuál es el motivo de ese aumento, sin analizar en detalle todos los números del sistema”, agregó.

Por su parte, Ariza advirtió sobre la “disímil situación salarial” de los jueces en once provincias del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, que estarán alcanzadas por la ley si se sanciona tal como ingresó. “Los ingresos que tienen los sistemas judiciales provinciales no tienen ningún parecido a los jueces nacionales. En Santiago de Estero, por ejemplo, un magistrado percibe un tercio de los haberes de la media. Por eso, para la FAM es particularmente preocupante que a un juez le bajen seis puntos de su salario, cuando cobra un tercio de un juez nacional”. Para el presidente de la Federación que reúne a unos 16.000 magistrados y funcionarios judiciales de todo el país, incluida CABA, “hay una complejidad de los sistemas previsionales provinciales que no se tuvo en cuenta en el proyecto”.

Por su parte, Gallo Tagle también se manifestó“preocupado porque "se planteó, sin ningún argumento valedero, eliminar la posibilidad de que los jueces jubilados sean convocados a cubrir en forma temporarias vacantes en la Justicia, tal como establece la ley de subrogancias”. Según el presidente de la AMFJN, esto agravará la situación de las vacantes existentes. Desde la oposición deslizaron que esta restricción estaría en línea con una intención de “vaciamiento del Poder Judicial”, para luego “cubrir las vacantes a dedo”.

El reclamo del gremio

Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), su titular reclamó que “el dictamen de mayoría firmado ayer no incluye los cambios acordados”, de incorporar a los empleados judiciales de menor rango a los magistrados que no están contemplados en el proyecto del Ejecutivo. “Vamos a esperar si en el recinto se modifica el texto. Si se mantiene igual, atenta contra el funcionamiento de la Justicia y aborta la carrera administrativa judicial”, le dijo Julio Piumato a Infobae.

El gremio pide incluir a los empleados judiciales con el 82% móvil del último salario, colocándolos en igualdad de condiciones con los jueces, y aumentando los aportes al 15 % . De ese modo, se ampliaría la base de personas que aportan y se recaudaría más dinero, sostienen.

El pedido de Piumato fue incorporado en el proyecto del diputado José Luis Ramón, presidente del Interbloque Unidad Federal de la Cámara de Diputados que integran ocho legisladores, y suele votar con el oficialismo. Según adelantó Ramón, esta vez no acompañaría el proyecto del Frente de Todos si no contempla a los trabajadores del Poder Judicial.

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