El debate por las jubilaciones de privilegio muestra una pelea dura y sugerente: ¿capricho o estrategia?

El debate por las jubilaciones de privilegio mostró en su primera entrega todos los elementos previsibles, incluidas chicanas sobre la herencia macrista y el ajuste actual, según la vereda. Pero hubo un elemento raro y a la vez sugerente: la oposición se plantó en resguardar por escrito una regla elemental sobre la vigencia del actual régimen hasta que rija el nuevo esquema legal, y el oficialismo rechazó hacerlo argumentando que no está en contra sino que eso es obvio. Pareció un gesto para marcar la cancha, cuya resolución se verá en el recinto. Y junto con el vértigo para aprobar el texto en un puñado de días, alcanzó para proyectar un interrogante sobre lo que vendría como juego político. ¿Cambiará con el discurso presidencial del domingo que viene?

El oficialismo vino imponiendo en esta etapa inicial no sólo los temas, algo inherente a las sesiones extraordinarias. Le dio a todo y no a un único proyecto específico el carácter de emergencia. Impuso así también los ritmos, aunque al menos en un caso mostró otra carta: consideró que el consenso era un capital político significativo cuando trató la ley para darle respaldo a la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Se sabe: una ley de escasa necesidad práctica pero de fuerte mensaje hacia el exterior por la amplitud del voto en el Congreso, según la óptica oficial.

En el caso de los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, el Gobierno volvió al camino tradicional. Desde la Casa Rosada, la indicación fue presentar el proyecto como intocable para permitir sólo algunos retoques. Y la indicación en Diputados, con Sergio Massa a cargo de las tratativas y Máximo Kirchner en primera línea no sólo hacia la interna, fue afianzar su esquema de suma elástica de aliados. En ese rubro son incluidos lavagnistas, con Eduardo Bali Bucca, y el grupo de Unidad Federal, con José Luis Ramón, además de algunos provinciales.

Las conversaciones de Massa con radicales y macristas, y de Máximo Kirchner con algunos de origen peronista, no son inhabituales, pero como recurso político visible quedan para los momentos de mayor incertidumbre numérica. Esta vez, las “concesiones” asomaron amplias por unas horas.

Es curioso, pero uno de los temas aflojados en las tratativas fue en respuesta a una demanda que tiñó reclamos y posturas de todo el arco político: desde los considerados aliados hasta la izquierda dura, pasando por el interbloque de mayor peso, Juntos por el Cambio. Se trató de no modificar la edad jubilatoria para las mujeres, es decir, los 60 años, mientras que para los varones se establecería un paso escalonado hacia los 65.

Legisladores de JxC señalaron que no había contradicciones insalvables en varios puntos del proyecto tratado ayer en plenario de comisiones. El mayor ejemplo era la redacción modificada del punto de las edades. También, el criterio del cambio de cálculo de los haberes para jueces y diplomáticos, con verdaderos privilegios o verdaderas “desproporciones” frente a las jubilaciones generales, según el término utilizado por algunos diputados opositores.

Visto así, el renglón más fuerte quedaba restringido a un criterio elemental: como en el caso de Ganancias para los jueces o de cualquier otra norma, garantizar la aplicación hacia adelante y no con sentido retroactivo. Uno modo además de evitar una temprana judicialización de la norma. El oficialismo sostuvo que ese aspecto básico estaba contemplado de hecho. Pero la oposición de JxC insistía con lo que sospecha: que desde el Gobierno, o más precisamente desde el kirchnerismo duro, se quiera forzar una salida “masiva” de jueces para no quedar afuera del actual régimen. Serían vacantes a ocupar que antes nadie imaginaba.

Anoche, tarde, el interbloque opositor decidió no facilitar el trámite y mantener un texto propio. Reclamó, sin éxito, una “salvaguarda” para que los jueces que ya están en condiciones de jubilarse puedan hacerlo, en el momento que lo decidan, con el sistema actual.

Un cruce en las comisiones anticipó la negativa oficialista. Fue hasta expresivo el intercambio del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, con los inisistentes diputados opositores, entre ellos Pablo Tonelli y Luis Pastori. Dijo que no serían afectadas garantías constitucionales ni derechos. Y agregó para rechazar el reclamo de una garantía escrita en la ley: “Aclarar lo obvio no nos parece conveniente ni prudente”.

No despejó la cuestión, que tampoco encontró una salida en las conversaciones más reservadas con las autoridades del oficialismo. Por supuesto no fue el único cruce. El ministro Claudio Moroni dio explicaciones y Alejandro Vanoli expuso números de la Anses, aunque evitó dar precisiones sobre el “ahorro” que representó la suspensión del sistema de movilidad en las jubilaciones generales. Ese ajuste es calculado entre los 2.800 y los 3.500 millones de pesos. En este caso, la insistencia fue de Facundo Suárez Lastra.

Hasta allí, era parte esperable del intercambio. El oficialismo, por boca de los funcionarios que asistieron a la cita en Diputados, enmarcó la crisis en los cuatro años de gestión macrista. Del otro lado, apuntaron a facturas con talonario kirchnerista por elementos previos que afectaron al sistema previsional.

Pero el clima empeoró con las horas. Y lo que parecía una señal de mayor consenso, con cambios parciales al texto original del Gobierno, terminó en la banquina por ese punto referido. Anticipo de una defensa más cerrada del oficialismo y de un cuestionamiento más duro de la oposición por la política hacia la Justicia.

En conjunto, un anticipo de clima que ahora quedará sujeto al trazo central del discurso de Alberto Fernández, el domingo, para inaugurar un nuevo ciclo legislativo. Será su primera apertura de sesiones ordinarias. Se verá si rompe con la lógica de este tramo de emergencias.

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