La Cámara del Crimen, la Cámara Comercial y una asociación internacional de jueces se pronunciaron en contra del proyecto del gobierno nacional para modificar el sistema de jubilaciones de los integrantes del Poder Judicial de la Nación y que hoy comenzó a tratarse en el Congreso de la Nación.
Las dos cámaras y la Unión Iberioamericana de Jueces sostuvieron que la iniciativa vulnera la intangibilidad de los haberes de los jueces y fiscales que está amparada en la Constitución Nacional y que puede provocar la salida de una cantidad de magistrados que puede alterar el funcionamiento del Poder Judicial.
El gobierno de Alberto Fernández envió hace dos semanas un proyecto al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias el sistema especial de jubilaciones del Poder Judicial y del servicio exterior.
Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone llevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años, subir del 12 actual al 19 por ciento el aporte; excluye categorías del régimen como los prosecretarios administrativos, elevar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio, y que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.
Desde la justicia aceptan las primeras reformas pero objetan fuertemente la última. Sostienen que el proyecto no especifica cuál es la fórmula para calcular la jubilación, lo que genera una incertidumbre a futuro, y que como está redactado el proyecto podrían percibir una jubilación del 60 por ciento del sueldo cuando con el régimen actual se retiran con el 82 por ciento móvil del haber.
“La falta de una previsible y sostenible movilidad para el futuro del haber jubilatorio de los magistrados judiciales, amenaza la legítima expectativa de retiro digno que tienen los jueces, fiscales y defensores públicos en actividad y está provocando una afectación clara del servicio de justicia indispensable en un sistema republicano”, sostuvo la Unión Iberoamericana, entidad que nuclea a magistrados de 18 países.
La Cámara Comercial y la del Crimen señalaron que entienden la situación económica del país pero objetaron el proyecto. La primera señaló que la Constitución dotó a los jueces de necesarias garantías, entre ellas, la “inamovilidad y la intangibilidad de sus compensaciones” y que “la posible afectación de los derechos previsionales no sólo genera intranquilidad en el ejercicio funcional de la judicatura, sino que aparece como medio positivo de presión para abandonar el cargo para quienes tuvieran que desempeñarse con ese grado de incertidumbre”.
Así, los jueces comerciales señalaron que: “Las renuncias ya presentadas y las que, puede avizorarse, con certeza ocurrirán en los próximos días, generarán, junto con las numerosas vacantes no cubiertas, una virtual parálisis operativa del Poder Judicial como directa consecuencia el proyecto de ley en cuestión. Pero, además, producirá un notorio déficit financiero del sistema previsional que, de modo paradójico, este proyecto de ley pretendería equilibrar”
En la misma línea, la Cámara del Crimen expresó su “profunda preocupación” por las “presurosas renuncias de magistrados verificadas en el transcurso de la semana próxima pasada y que se motivarían en el riesgo de la licuación futura de haberes previsionales en el caso de continuar en funciones dan pábulo a nuestra inquietud”. En la última semana renunciaron una veintena de magistrados entre jueces y fiscales para poder jubilarse con el actual sistema.
Las críticas de esas Cámaras se suman a las que la semana pasada emitieron la del Trabajo y la Civil y Comercial Federal, del gremio de empleados judiciales -que mañana hará a las 10 de la mañana una marcha al Palacio de Tribunales-, de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales.