El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, alertó de que la aprobación del proyecto que busca modificar las jubilaciones de privilegio podría provocar 300 renuncias, lo que generaría un problema para el sistema judicial argentino. Aunque apuestan por el diálogo, desde la entidad no descartan un litigio judicial.
“Nuestra apuesta hoy es al diálogo, no al litigio judicial. No buscamos que hagan un proyecto como el que nosotros queremos, pero sí que sea sensato”, afirmó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, en diálogo con Infobae.
En este sentido, aseguró que el proyecto tiene una improvisación muy grande. "Si el objetivo es bajar el déficit, no midieron adecuadamente el impacto de las renuncias. Hoy tenemos un 25% de vacantes en la Justicia nacional y federal. Si avanza el texto así como está, va a haber un 25% adicional”, sostuvo Gallo Tagle.
Y en este sentido, se preguntó: “¿Evaluaron en el Gobierno la prestación de Justicia con un 50% de vacantes? Y si pensamos en el déficit del sistema, hoy hay un 25% que no aporta porque esos cargos están vacantes. Con las posibles futuras renuncias, habría otro 25% que dejaría de hacerlo al jubilarse, y el sistema perdería un montón de sueldos altos que aportan sin tope. Y en promedio, se tardan unos cuatro años en cubrir esos cargos luego en forma definitiva desde que se convoca al concurso”.
Desde hace un año presidente de la entidad que nuclea a unos 3.000 jueces nacionales de la Capital y federales de todo el país, además de fiscales, defensores y funcionarios judiciales, Gallo Tagle advirtió que las posibles renuncias de jueces, fiscales y defensores podrían llegar a 300 de aprobarse el proyecto así como está.
“Los números del déficit y supuesto ahorro que están mencionando desde el Gobierno están tirados al azar. En diciembre empezaron a hablar de $5.000 millones, luego dijeron $7.000, y ahora dicen $11.000 millones. Creemos que no hay una elaboración seria de los números y las cifras son arbitrarias. Si la hubiera, tendrían que podernos explicar el porqué del aumento del aporte del 12% al 18%, y el motivo por el que no figura en el proyecto un índice de actualización. No tienen los números finos. Hay demasiadas aristas y cabos sueltos que no se han contemplado y quieren aprobar el texto así como está en una semana”, advirtió este juez civil.
“Por eso estamos pidiendo participar. Tal vez si los números se pueden compulsar, podríamos ver si tienen razón, o explicarles las cifras que manejamos nosotros. Queremos evitar cualquier tipo de litigio en la Justicia si se sanciona el proyecto así como está, por eso le damos mucha fuerza al diálogo, tanto en Diputados como en Senadores. Buscamos sensatez”, agregó.
El principal punto que cuestionan es la fórmula para el cálculo del haber jubilatorio. Hoy es el 82% móvil –según los aumentos que recibe el Poder Judicial– del último sueldo. El proyecto prevé un promedio de los últimos 120 meses de salarios, o sea, los últimos 10 años, lo que reduciría el haber entre un 20% y un 40%, según calculan en la AMFJN. “No cuestionamos los 10 años de antigüedad en el cargo. Pero si no tenemos los 10 años como camaristas, por ejemplo, proponemos la prorrata entre los cargos de los últimos 10 años”, afirmó Gallo Tagle. Y así lo explicó: “Si tenés los últimos cinco años como camarista, y los anteriores cinco como juez, que el cálculo se haga de la prorrata del último sueldo de cada cargo".
En cuanto al incremento de seis puntos en el aporte mientras están en actividad –sin tope– Gallo Tagle aseguró que están “dispuestos a discutirlo”, pero con “números serios y precisos sobre la mesa”.
El presidente de la AMFJN –junto al camarista del fuero de la Seguridad Social Néstor Fasciolo– será uno de los que expondrán esta tarde en el plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados, donde brindarán una serie de argumentos referidos a lo que consideran los déficits del proyecto, y precisarán los números que manejan. Lo harán junto a la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).
La estrategia entre jueces y fiscales se terminará de definir este mediodía en una reunión en la Asociación de Magistrados de la que participarán Susana Pernas, Edgardo Marceno y Raúl Plee, en representación de la AFFUN, quienes hablarán luego en el Congreso. El presidente de la entidad, el fiscal federal Carlos Rívolo, no estará presente por no encontrarse en Buenos Aires. De ahí saldrán los oradores consensuados y se acordará quién expondrá cada argumento para no repetirse y aprovechar el tiempo que tendrán como oradores, directo hacia el Congreso.
Alerta de la Asociación de Fiscales
En diálogo con Infobae, Pernas –secretaria general de la AFFUN– coincidió con los planteos de Gallo Tagle, y además de advertir que la entidad que reúne a los fiscales tampoco fue consultada, agregó: “Nos preocupa mucho la incertidumbre que genera el proyecto. El cálculo del 82 y la movilidad son inciertos, cuando la ley dice que lo tiene que prever”.
En la misma línea que su colega de la AMFJN, Pernas advirtió que “si el tema se plantea como una cuestión de índole deficitaria, requiere un trabajo profundo, hay que debatirlo y analizarlo en detalle. Hay que ver la cantidad de pasivos, los activos, la edad jubilatoria y el monto de los aportes para poder hacer un régimen consistente. Este proyecto nos sorprendió el 14 de febrero, no lo conocimos nunca antes y es un engendro, con muchos aspectos por mejorar y trabajar”.
“Tampoco entendemos el apuro por sacarlo en una semana cuando la ley de Solidaridad Previsional prevé una Comisión para analizar en 180 días el régimen general de movilidad, e incluía los regímenes especiales”, afirmó.
Pernas –fiscal general del fuero Penal Juvenil– advirtió que si la ley sale como ingresó, “va a haber mucha gente afectada –con más de 30 años de aportes que superan los del régimen general– que va a querer defender sus derechos en la Justicia". Y recordó que los funcionarios del Poder Judicial aportan el 12% sobre el total del sueldo –sin el tope del sistema general– y suelen tener “más de 30 años de servicio”.
“Ya hubo la semana pasada 50 renuncias de jueces y fiscales, y hay un 33% de subrogancia en el Poder Judicial. En la Procuración, hay 56 fiscales en condiciones de irse, es grave el tema. Va a ser muy difícil que no colapse el Poder Judicial. Porque hace a su independencia, la modificación de un tema medular respecto del cual no fue consultada ninguna de la asociaciones que reúnen a jueces, fiscales y funcionarios judiciales”.
Asimetrías en las provincias
Desde la FAM, en tanto, Ariel Ariza advirtió que “no se ha tomado en cuenta la complejidad y la diferencia que tienen los sistemas previsionales en las provincias, y las asimetrías notorias en los salarios de los jueces”. La Federación reúne a unos 16.000 magistrados y funcionarios judiciales de todo el país y de la Ciudad de Buenos Aires.
Ariza –quien será otro de los que expondrán en el Congreso junto a la vicepresidenta primera de la FAM, Marcela Ruiz, y Eduardo Barrionuevo, secretario de Relaciones Institucionales de la entidad– agregó a Infobae: “Tampoco compartimos cómo se propone en el proyecto calcular el haber inicial porque va a generar una licuación de los haberes y una afectación de garantías, así como no podemos convalidar un retroceso como es la elevación de la edad de las mujeres (a 65 años), en contra de todas las políticas de participación igualitaria que se vienen desplegando".
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