Luego de dos meses de estar a la deriva, sin respuestas ni definiciones, el Programa de Testigos Protegidos volvió el jueves a la órbita del Ministerio de Justicia. El traspaso quedó en manos del secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Ese funcionario, que reporta de manera directa a Cristina Kirchner, encabezó un pelotón de auditores, escribanos y hasta efectivos de la Policía Federal para retomar el control del organismo.
Mena había sido el primer funcionario que salió a hablar en público tras la publicación del decreto que devolvió el Programa a la órbita de Justicia. En una entrevista con el sitio El Destape, el mismo que reveló el legajo secreto de Alejandro Vandenbroele, adelantó que se iba realizar una auditoría del Programa, al que calificó como una “agencia de inversión”.
En ese mismo reportaje, Mena sostuvo que los testigos protegidos no podían dar entrevistas, algo que fue desmentido por ex autoridades del Programa y ex integrantes del mismo consultados por este medio. Vandenbroele, quien había dado una entrevista a Infobae y a otros dos medios por la filtración del legajo, se sintió amenazado y abandonó el Programa.
Horas después de esa entrevista radial, Mena fue en persona a la oficinas del Programa junto con un grupo de policías, escribanos y cinco personas de civil. El jueves a la tarde comenzaron a auditar expedientes. También arrancó un inventario de todo los insumos y un balance de caja.
Mena le pidió la renuncia al director del Programa, Francisco Lagos, un funcionario que había sido designado por el ex ministro Germán Garavano al comienzo del gobierno de Cambiemos. A pesar de su responsabilidad por las explosión de causas de corrupción en la gestión anterior, Lagos mantuvo siempre un bajo perfil.
En las últimas semanas le había dicho a su entorno que lo iban a remover. Pensaba que la derogación del decreto que creó la Agencia de Protección de Testigos iban a salir por el Congreso. Finalmente fue por decreto y se quedó afuera en apenas 24 horas.
Antes de irse, Lagos presentó una denuncia por la filtración del legajo de Vandenbroele, que aterrizó en el juzgado 11, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. “Fue sólo para cubrirse, las explicaciones sobre la filtración fueron muy flojas y nadie salió a decir nada en público”, se quejaron cerca del arrepentido en el caso Ciccone.
Vandenbroele iba a reunirse con los responsables del Programa el jueves a la tarde, antes de renunciar. Ese encuentro se suspendió por los movimientos internos. Finalmente el viernes el mediodía mandó la renuncia al juzgado de Ariel Lijo y a Lagos, que a esa hora ya tenía un pie afuera.
El caso de Vandenbroele ya aterrizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No tengo recursos judiciales adecuados para protegerme de la acción del estado en este momento, habiendo denunciado ante el juez que aceptó mi arrepentimiento la situación descripta, pero temo una embestida imposible de ser repelida por él, por lo que solicito su intervención con las consideraciones que hagan cesar esta situación por parte del estado argentino y requerirle la adopción de otras medidas o acciones estatales para preservar mi integridad física, moral y libertad”, cierra esa denuncia.
Mena también pidió la renuncia de otro responsable del Programa que tuvo contacto con los arrepentidos más famosos. La situación de ese funcionario se definirá este miércoles.
La nueva conducción del Programa todavía no está definida o al menos no se anunció. Pero ya aparecieron caras conocidas. Los agentes deben reportar por estas horas a Guillermo Díaz, hijo de Darío Díaz, un ex director del Programa durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Díaz estaba siendo investigando por las autoridades de Cambiemos por el caso de un ex agente que fue echado del Programa ante una catarata de denuncias de abusos sexuales. A nivel administrativo, se investigaba si encubrió al ex agente cuando conoció la primera denuncia, en 2014.
El agente echado a fines de 2019, identificado como G.H.T., no era un empleado más. Era uno de los ocho operadores del Programa de Testigos Protegidos. Por esa función, se encargaba del seguimiento de casos y era nexo con las personas protegidas.
De hecho, ese mismo agente, según pudo saber Infobae, también estuvo en la mira por la presunta filtración de datos personales de Leonardo Fariña, que dejó el programa antes del cambio de gobierno. “Mena hizo manifestaciones sobre mi persona cuando no ostentaba el cargo de secretario de Justicia”, se quejó hoy Fariña en declaraciones a radio Mitre.
La transición en el Programa se definirá luego del fin de semana largo. “El hijo de Díaz trabajaba en el Programa. Por ahora hay que reportarle a él todas la novedades”, dijo un agente que conoce los detalles del traspaso del mando.
Las declaraciones de Mena y la forma en que se hizo el traspaso generó tensión entre los empleados y muchos de los testigos protegidos. ¿Habrá más renuncias? Los próximos días serán claves.