El proyecto del jujeño Guillermo Snopek para intervenir y desarmar la Justicia de su provincia –uno de los cuatro distritos que gobierna la oposición- quedó titilando en el Senado. Para los dirigentes de Juntos por el Cambio, no es un hecho aislado ni menor, sino una luz de alarma más amplia sobre una ofensiva contra las causas que involucran a ex funcionarios y referentes kirchneristas. Pero algunos van más lejos: creen que puede ser un “apriete” que trasciende a Jujuy y buscaría condicionar o fisurar a la oposición, por ejemplo en la cámara Alta, donde el oficialismo espera lograr número para designar al jefe de los fiscales. Por lo pronto, el miércoles próximo se reunirá la mesa nacional de JxC y seguramente se pronunciará sobre el tema. Se verá hasta dónde llega la respuesta.
La que viene será una semana política intensa precisamente en el Congreso. El oficialismo ha puesto en marcha su estructura, con Sergio Massa y Máximo Kirchner en primera línea, para aprobar en velocidad -el miércoles en comisiones y el jueves en el recinto- el nuevo régimen de jubilaciones para jueces y funcionarios judiciales. Es una prueba de fondo, pasados los capítulos de las emergencias y de sostenibilidad de la deuda.
El cuadro opositor aparece cruzado por internas y con dificultades para definir su orgánica y un perfil más o menos armónico frente al Gobierno. Surgen apenas un par de trazos gruesos. El primero expone que en los temas económicos deben ser medidos y hasta colaboradores, habida cuenta de la “herencia” y de la necesidad de no aparecer complicando el tramo inicial de una gestión presidencial. La otra pincelada proyecta dureza en los temas judiciales y en la evolución de las causas por corrupción. En conjunto, eso permitiría acomodar el juego que se pueden permitir los jefes territoriales –gobernadores, intendentes- y el margen que podrían transitar los dirigentes con menor compromiso de gestión.
El interbloque de JxC se opone al trámite acelerado de los proyectos de poda y nuevo sistema de jubilaciones para jueces y también para diplomáticos. En el tema judicial buscan un equilibrio difícil, que no los deje en posición de defensa corporativa pero que considere recortes de privilegios, impulsando a la vez una negociación con los magistrados. Es un camino estrecho, entre otras razones porque además de rapidez, el oficialismo quiere mostrar dureza como contraparte al ajuste sobre el sistema previsional general.
Desde el principal conglomerado opositor –en especial desde la UCR y el PRO- hubo un mensaje claro a la organización de los magistrados: deberían conversar también y mucho con bloques más pequeños, de origen o contactos peronistas, para lograr respaldo a una negociación amplia. De un modo u otro ese fue lo sugerido por Mario Negri y Cristian Ritondo en los contactos de los últimos días.
No se ve mucho espacio para tratativas. Y la mayor dificultad que vislumbran algunos referentes opositores se alimenta de una sospecha: que el oficialismo asuma una postura intransigente no sólo por razones de discurso sino además para precipitar una ola de jubilaciones de jueces, ante la inminencia de la nueva ley y como último recurso para mantenerse dentro del régimen actual. Eso, estiman, generaría vacantes antes inimaginables.
Tampoco esa mirada opositora se limita a un proyecto o a un solo hecho. Por eso, sacudió la atención el proyecto para intervenir el poder judicial de Jujuy. El texto de Snopek fue presentado en paralelo con reclamos en la misma dirección de algunos referentes y operadores kirchneristas. Plantea colocar “en comisión” al Supremo Tribunal de la provincia –sacudido por la ruidosa salida de su titular- y darle al interventor poder para remover jueces, funcionarios judiciales y fiscales. Sería un proyectil disparado en rigor contra el gobernador Gerardo Morales y otro peldaño en la escalada para liberar a Milagro Sala y más aún, para voltear los juicios en su contra, con condena.
En las oficinas de JxC ven ese proyecto como parte de una sucesión de señales. Anotan las ofensivas por los “presos políticos” y también, aunque sea parte de una pulseada interna, el último mensaje presidencial que mantiene la idea de las detenciones arbitrarias y del lawfare, remitiendo la salida al terreno judicial. En esa línea de denunciar maniobras a favor de la “impunidad” ya se pronunciaron los radicales Alfredo Cornejo, Negri y Luis Naidenoff. Y volvió a la carga Elisa Carrió y su bloque, con foco en el kirchnerismo y CFK.
El proyecto de Snopek, según fuentes del oficialismo, no contaría con apoyo presidencial ni en el bloque que de hecho responde a Cristina Fernández de Kirchner. Visto desde la oposición, aún así asoma como un elemento de presión en estado latente. En el Senado, de aquí a un mes, debería tratarse la designación de Daniel Rafecas como procurador general. Y el Frente de Todos necesita desarmar la posibilidad de un rechazo en bloque de JxC, porque no cuenta con los dos tercios necesarios para asegurarse el resultado.
Hasta ahora, cerca del jefe provincial jujeño creen que el proyecto tiene como objetivo central liberar a Milagro Sala y de paso, complicar la relación de Morales con el gobierno nacional. El jueves, por ejemplo, Morales se mostró con una docena de colegas, no sólo del PJ, en un acto oficial encabezado por Alberto Fernández. Allí hubo respaldo a la negociación de la deuda, con el eco del comunicado del FMI.
Dentro de la oposición, otros van más lejos. Observan el caso jujeño junto a diferentes movidas del oficialismo que consideran dirigidas a fisurar el frente de radicales, macristas y cívicos, no en función de su origen partidario sino por su grado de exposición frente al poder central. En esa línea anotan el impulso a un recorte de coparticipación para la Capital y la revisión de cesiones de inmuebles de la Nación a la Ciudad en la gestión de Mauricio Macri.
La semana que viene quizá se vean nuevas señales en ese terreno. Habrá pulseada en el Congreso. Y la mesa de Juntos por el Cambio se reunirá para tratar estos temas. La realidad impondría algo más que una foto.
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