Son 131 pliegos de candidatos a jueces que habían sido enviados al Senado por ex presidente Mauricio Macri y que su sucesor, Alberto Fernández, dispuso retirar en febrero para evaluar cada uno de ellos, y resolver cuáles volverá a mandar con su firma. Sumados los de los candidatos propuestos para fiscales, defensores oficiales y conjueces que también fueron retirados, en total, los nombres que serán revisados son 198.
Esos pliegos están destinados a cubrir una parte importante del total de 240 vacantes en Juzgados, Tribunales orales y Cámaras nacionales y federales que hay a la fecha en todo el país, sobre un total de 977 cargos. Varias de ellas en Salta y Jujuy, donde ya comenzó a regir el nuevo Código Penal y son necesarios más jueces.
Pero la lupa se posará sobre algunos cargos claves, especialmente de la Justicia Federal, que es la que interviene en los casos en que están involucrados funcionarios públicos, y especialmente en aquellos juzgados que tienen competencia electoral. La mayoría de los candidatos para los fueros civil, comercial y laboral, de perfil más técnico, serían enviados nuevamente al Senado.
Según las distintas fuentes consultadas por Infobae, hasta ahora no hay definiciones sobre quiénes volverán a ser propuestos, quiénes están en duda y quiénes serán vetados. Aunque sí se comenzaron a evaluar los nombres que serán puestos a consideración del Presidente, tanto de los candidatos que habían sido elegidos por Macri, como los que no fueron tenidos en cuenta de la terna respectiva, y los nombres que quedaron pendientes de una definición del anterior Ejecutivo y no llegaron a ir al Senado.
El reducido grupo reducido a cargo de esa tarea está integrado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo -ex socia de Alberto Fernández en su estudio jurídico y de mucha confianza del mandatario-; su segundo en el Ministerio, Juan Martín Mena; y el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
“Para los nombres de los candidatos a fiscales, se lo va a consultar también a Daniel Rafecas”, aseguró una fuente del oficialismo. El actual titular del Juzgado Federal Nº3 es el candidato de Alberto Fernández a Procurador General. Su propio pliego para ese cargo será enviado próximamente por Losardo al Senado, junto con un informe acompañado de los 670 apoyos que recibió y las cuatro impugnaciones.
Entre los 198 pliegos retirados el 10 de febrero pasado hay 9 candidatos a fiscales, 45 a defensores oficiales y el de la fallida candidata a procuradora general Inés Weinberg de Roca. El mensaje al Senado de la Nación está firmado por Alberto Fernández, la ministra Losardo y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Nombre por nombre
“Cada uno está haciendo su punteo. La idea es ir viendo nombre por nombre, según la jurisdicción de la vacante a cubrir, y la materia de competencia. Para el caso de los candidatos a jueces laborales, seguramente consultaremos a Héctor Recalde, por su experiencia como abogado laboralista. Losardo es especialista en derecho privado y conoce más a los posibles candidatos para los fueros comercial y civil”, explicó la fuente oficial que tiene un diálogo fluído con la ministra de Justicia.
También hubo consultas con los representantes de las tres listas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Sus representantes en el Consejo de la Magistratura son el camarista de San Martín Alberto Lugones, flamante presidente del organismo y referente de la Lista Celeste - con mayor sintonía con el kirchnerismo y el peronismo-; Ricardo Recondo, ex presidente del Consejo y electo la semana pasada como vicepresidente, un histórico de la Lista Bordó, más cercana a Cambiemos; y el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, de Compromiso Judicial, con posiciones intermedias entre ambas. “Nos preguntaron qué candidatos nos parecían más idóneos, pero no sabemos a quiénes van a elegir”, advirtió uno de los que dio su opinión sobre los candidatos que apoya su agrupación en la Asociación de Magistrados.
La consulta también va a alcanzar a los gobernadores cuando se trata de jueces en sus distritos, ya que además, son los que luego tienen injerencia sobre los senadores de sus provincias a la hora de los votos. “Vamos a conversarlo con ellos y se los va a tener en cuenta. No vamos a mandar pliegos sin un previo acuerdo en el Senado. La idea es que una vez que entren, sean aprobados en un tiempo breve”, agregó uno de los hombres con injerencia en temas judiciales en el Gobierno.
Envío en tandas
Según puso saber Infobae, tras esta evaluación “uno por uno”, los pliegos no serán enviados todos juntos, sino en tandas. La intención es que un primer grupo sea enviado en un plazo relativamente cercano. Entre ellos estarán los que no tenían objeciones en la Comisión de Acuerdos del Senado y habían obtenido dictamen con el consenso de los distintos sectores políticos. Fueron 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores, en total, que no llegaron a ser aprobados en el recinto por los tiempos electorales y la inminencia de un recambio de gobierno.
Otro grupo de candidatos están siendo reconsiderados, viendo sus antecedentes y si no hay un mejor candidato o candidata en la terna en su lugar. Si bien el Presidente tiene la atribución de elegir a uno de los nombres ya elevados por el Consejo de la Magistratura (que suele incluir un cuarto candidato como primer suplente de la lista complementaria que se envía el Ejecutivo), no puede dar marcha atrás con ese concurso. “La terna es vinculante. El proceso de selección no pierde validez. Los nombres que quedaron primeros en el orden de mérito definitivo, después de un examen escrito, de la evaluación de sus antecedentes, un informe psicotécnico y una entrevista oral, no pueden alterarse. Solo se puede elegir a un candidato de esa selección”, explicó un conocedor de los concursos en el Consejo de la Magistratura.
Por último, hay una tercera tanda de candidatos con muchas menos chances. "Son los que tienen objeciones de índole política o personal de alguien, y respecto de ellos se verá. Aunque es factible que no vuelvan al Senado”, sostuvieron las fuentes consultadas del ámbito de la Justicia y el Gobierno.
¿Quiénes son algunos de los nombres que probablemente queden en el camino, al no haber conseguido sus pliegos ser aprobados durante el gobierno de Macri?
Ignacio Mahiques
Uno de ellos es del actual fiscal del fuero de Instrucción Ignacio Mahiques, candidato al Juzgado Federal de Mercedes, en la Provincia de Buenos Aires. Como fiscal ad-hoc, colaboró con Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Federal Nº 11 en acusar a Cristina Kirchner en la causa por el direccionamiento de la obra pública y el expediente en conocido como Hotesur. Enviado por Macri en 2018, fue un los pliegos que trabó la aprobación de otra veintena en mayo del año pasado. Es hijo de Carlos Mahiques, actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y ex ministro de Justicia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y hermano de Juan Bautista, flamante fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
“Tiene una complejidad particular por su actuación jurisdiccional innecesaria ad-hoc en la única causa que se aceleró para que llegue a juicio oral, concomitantemente con las elecciones las elecciones. La causa no le había tocado a su fiscalía. Lo pusieron ahí para colaborar en la acusación a Cristina Kirchner”, sostiene una fuente del oficialismo conocedor de los temas judiciales, en referencia al causa del presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, por la cual la actual vicepresidente enfrenta su primer juicio oral.
“Es una decisión que va a depender de la política y de quien se pueda ver afectado por ese nombramiento. No depende de su capacidad”, deslizó un miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Juan Tomás Rodríguez Ponte
Otro posible candidato cuyo pliego quizás no vuelva al Senado es el de Juan Rodríguez Ponte, que quedó primero en el concurso para cubrir el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, y fue el elegido de la terna por Macri.
Rodríguez Ponte -ex secretario del juez federal Ariel Lijo- es el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), a cargo de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia. El organismo -que depende de la Corte Suprema- quedó en la mira del kirchnerismo por la filtración de conversaciones privadas, entre otras, las de Cristina Kirchner y el actual senador Oscar Parrilli.
“Es un excelente candidato, brillante, pero también está sujeto a los avatares políticos”, advirtió un consejero con experiencia en el organismo. "Falta información todavía. Primero hay que deslindar responsabilidades de quién filtró las escuchas”, deslizaron, sin embargo, desde el oficialismo.
Javier Cosentino
Otro cargo clave que está siendo revisado con especial atención es la vacante en la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. El candidato de la terna enviado por Macri fue el juez comercial Javier Cosentino. Es el magistrado que le dictó la quiebra a Oil Combustibles a partir de una denuncia de la AFIP por haber retenido $8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que debía pagar al fisco. “Habrá que ver si tuvo algo que ver en la persecución que está denunciando Cristóbal López en la Justicia Federal. Su caso se está evaluando. Queremos jueces que apliquen el derecho, no que salgan a matar a Macri ni persigan a nadie”, afirman en el Gobierno.
Cosentino está a su vez primero en la terna aprobada en agosto pasado por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura para ocupar la vacante en la Sala B de la misma Cámara, pero aún no fue aprobada por el plenario. Esta Sala es la que tiene la causa en donde se analiza la deuda entre el Estado y la empresa Correo Argentino, cuando estuvo controlado por el Grupo Macri.
Federico Hooft
En el caso de Pedro Federico Hooft, candidato a ocupar el Juzgado Federal Nº1 de Mar del Plata, su pliego no había sido llegado a tener dictamen de la Comisión de Acuerdos por la oposición del peronismo.
Secretario del Juzgado Federal Nº 2 de esa ciudad, su aprobación se trabó tras haber sido cuestionado por organismos de derechos humanos por la defensa que habría hecho de su padre, ex juez de Mar del Plata homónimo. Lo impugnaron por usar métodos “irregulares”, como una grabación clandestina al fiscal del jury al que fue sometido su padre, acusado de no haber investigado las desapariciones de abogados en la denominada “Noche de las corbatas”, en julio de 1977. Hooft hijo argumentó en su descargo que la grabación fue aceptada por la justicia como una prueba válida, y que había permitido exponer las “presiones” al fiscal Claudio Kishimoto para acusar a su padre en una “causa inventada”, de la cual salió absuelto.
“No se trata de frenar su nombramiento por carácter transitivo por los cuestionamientos a su padre, sino que hay que ver si hay un mejor candidato. Le había dado mal el psicotécnico en el concurso. Y, pese a eso, quedó en la terna y el macrismo lo eligió como candidato”, advirtieron desde el oficialismo. Desde el Consejo, le precisaron a Infobae que ese informe recibió un “Apto con observación”, y que esa observación no era “seria”. Hooft quedó tercero, finalmente, en la terna elevada al Ejecutivo por el Consejo y fue el candidato elegido por Macri para el Juzgado Federal de Mar del Plata.
Germán Moldes
Otro pliego sobre el cual puede pesar un eventual veto del Presidente es el de Germán Manuel Moldes, candidato para la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que actualmente integra el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y en la que hay dos vacantes.
Es el hijo de Germán Moldes, ex fiscal ante la Cámara Federal -hoy jubilado-, y una de las visibles en el reclamo por el esclarecimiento de la muerte de su colega Alberto Nisman.
“El que lideró siempre esa terna durante todo el proceso de selección es Néstor Barral, actual juez federal de Morón. Moldes estaba décimo en el orden de mérito preliminar, y después de la entrevista personal, quedó sexto. Y sin embargo fue el elegido por Macri para mandar su pliego al Senado”, advirtió un funcionario del Consejo.
El Juzgado Electoral en la Provincia
Un cargo que concita particular atención es la vacante en el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, con competencia electoral en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, que alberga al 37% del padrón nacional.
Si bien el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, había quedado primera en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, Macri eligió seleccionó a Laureano Durán, quien había quedado tercero y es actualmente secretario de la Cámara Penal de La Plata.
Con 37 años, Durán ya había sido subrogante de ese Juzgado durante las elecciones del 2015, impulsado por el kirchnerismo, sin que recibiera objeciones por su desempeño de las distintas fuerzas políticas. Su nombre habría contado con la aprobación de María Eugenia Vidal, cuando todavía no sabía que no iba a tener que dejar la Gobernación el 10 de diciembre pasado.
Ese Juzgado es el que tiene la causa de los aportantes truchos en la campaña 2017 de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, que no tuvo demasiados avances bajo la subrogancia de Adolfo Ziulu.
Según las consultas a distintas fuentes hechas por Infobae, tanto Ramos Padilla como Durán tiene consenso del actual oficialismo. “Son dos grandes candidatos. Ramos Padilla, por lo que se jugó con un tema complejo como es el caso (el falso abogado Marcelo) D’Alessio. Y Durán por cómo manejó la elección del 2015, y no hay dudas que es el que más conoce del tema”, sostuvo un integrante del Consejo.
“Los dos son jóvenes, rondan los 40 años de edad y el que sea elegido va a ser juez de ese Juzgado electoral los próximos 25 años. Hay que elegir a un candidato que no se meta en la cuestión política”, analizan quienes están en estos días evaluando sus nombres.
Ramos Padilla también está compitiendo, a su vez, en el concurso para cubrir las vacantes en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones, en los Tribunales de Comodoro Py. Si bien son dos, podrían llegar a ser cuatro si se da marcha atrás con los traslados a ese Tribunal de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, durante la gestión de Cambiemos.
El concurso está en etapa de evaluación de antecedentes. Estaba demorado en manos de “Wado” de Pedro, pese a que estaba largamente vencido el plazo para elevar el informe al resto de la Comisión. Ahora quedó a cargo de su reemplazante en el Consejo, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley. Según le dijeron a Infobae desde el organismo, “la conformación del orden provisorio podría estar en 15 días, y luego queda la instancia de la entrevista personal”, paso previo – y clave- para el orden de mérito definitivo y conformación de la terna.
Durán, asimismo, está en una terna para ocupar una de las vacantes de la Cámara Federal de La Plata. En ese Tribunal, de 9 cargos, hay solo cubiertos solo 3 actualmente. En el Consejo de la Magistratura está sustanciándose el concurso para cubrir tres de esos cargos, y ya fue elevada otra terna para cubrir los otros tres.
Un integrante del organismo comparó la situación con un juego de dominó: “Movés una ficha acá y se abre un lugar en otro lado. Y eso podría solucionar la disyuntiva".
Ternas sin candidato elegido
A su vez, Alberto Fernández, desde su llegada a la Casa Rosada, tiene en su poder otras cinco ternas de jueces elevadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación, de las cuales Macri no había elegido candidato o candidata para enviar su pliego a la Cámara alta.
Entre ellas, está pendiente la definición de un cargo estratégico: la vacante en la Cámara Nacional Electoral (CNE) que viene desde 2016, tras la muerte de Rodolfo Muné, a los 87 años. En esa terna quedó primera Alejandra Lázaro, secretaria de la CNE que, de ser elegida podría ser la primera mujer en ocupar el máximo tribunal en temas electorales del país.
Pero el gobierno de Macri tenía la intención de proponer al actual secretario de Ejecución Judicial de la Cámara, Hernán Goncalvez Figueiredo, que se especulaba tenía la venia del peronismo, pero se encontró con la oposición de sus socios del radicalismo que impulsaban a Lázaro. El otro aspirante es el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, que contaría con el aval de un sector de los gobernadores del PJ. La disputa no se saldó y el pliego de qué candidato o candidata está ahora en manos de Alberto Fernández.
El trámite en el Senado
Los pliegos que habían ya obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos durante la gestión anterior, al ser retirados, deben iniciar el trámite parlamentario nuevamente. Ante la consulta de Infobae, el senador del PJ Mario Pais, integrante de la Comisión de Acuerdos, sostuvo que “el proceso se inicia todo de nuevo, inclusive con nueva publicación de edictos y plazo para las impugnaciones y nueva audiencia pública”.
Según su criterio, esto se debe a que “tienen nuevo ingreso parlamentario con un nuevo mensaje del PEN, y al hecho de que cambió la composición de la Comisión. Además, el dictamen no tiene el mismo tratamiento que el de las leyes, en cuanto a su plazo para el tratamiento”.