La ofensiva sobre la jubilación de jueces y el futuro de Rafecas: pruebas de fuego para la oposición

Cruzado por internas irresueltas y sospechas sobre el juego del oficialismo, la oposición de Juntos por el Cambio vive días de contactos y charlas domésticas frente a dos pruebas trascendentes que se le vienen en el Congreso. La primera, a toda velocidad, es el debate sobre el proyecto para recortar las jubilaciones de jueces y funcionarios judiciales. El Gobierno ya mueve su maquinaria para tratarlo la semana próxima en Diputados. Y la segunda, aún con fecha incierta pero no muy lejana, es la postulación de Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Esa sería –y es vivida por muchos así- una verdadera prueba de carácter.

La oposición tiene un problema mayor entre otros de arrastre, que es la falta de una conducción real y efectiva, que traduzca posiciones políticas y mínimamente ideológicas. Fue un motivo de varias crisis en el poder, cuando el núcleo macrista y no su ala más política se encerraba alrededor del principal despacho de la Casa Rosada y la oficina más cercana, la del jefe de Gabinete. Entonces, se discutía cómo pasar de frente electoral a coalición de gobierno. Hoy, el desafío sería cómo articular un frente orgánico con aspiraciones de poder y, sobre todo y más llanamente, cómo no dinamitar el caudal electoral de octubre.

Hasta ahora, se ha visto poco, efecto de su difícil reacomodamiento y de la lógica de primer tramo de la nueva gestión, muy activa y con la deuda y el ajuste de cuentas adjudicado únicamente a la herencia. La oposición acompañó la ley sobre la deuda –de mayor sentido político que efecto legal-, expuso reparos y forzó algunos cambios para permitir el tratamiento de la ley de múltiples emergencias, y poco más. En cambio, lo que asoma en el Congreso es vivido por algunos referentes como un test distinto, quizá crucial. Y hay recelos internos y bastante inquietud sobre las cartas que realmente juega el oficialismo.

Por lo pronto, Sergio Massa viene moviéndose rápido, junto a Máximo Kirchner, para garantizar que en la semana corta por Carnavales sea tratado en comisión y aprobado en el recinto de Diputados el proyecto llamado genéricamente de jubilaciones de privilegio. El objetivo es que eso suceda entre miércoles y jueves, para que la semana siguiente pase por el Senado. No da mucho margen para analizar el texto e intentar acuerdos sobre posibles modificaciones, menores se dice, porque el mensaje presidencial fue aprobarlo tal como fue.

La cuestión para Juntos por el Cambio, admiten aún cuando no hubo posición fijada a la carrera en el interbloque, es discutir algunos puntos sobre plazos de aplicación de la nueva ley o “privilegios” vinculados a la base de cálculo, con sentido progresivo y a distancia de la defensa “corporativa” de la familia judicial, en sentido amplio. La iniciativa del Gobierno plantea ampliar aportes, modificar a la baja el cálculo para definir los haberes y aprobar cambios en la edad de retiro.

El oficialismo decidió avanzar en este terreno frente al costo que suponía suspender la movilidad jubilatoria para el común de la gente y mantener a la vez bolsones de privilegio. Aluden así a magistrados y diplomáticos, sin hablar de ajustes de la política. El interrogante, en el caso específico de la Justicia, es si puede evitarse una batalla –que tendría derivaciones judiciales, en todo sentido-, es decir, si hay margen para negociaciones con las organizaciones de magistrados y fiscales, que ya han expresado cuestionamientos, y hasta con el gremio.

¿Una confrontación sin retorno? Ese interrogante es el que genera sospechas de uso político diferente: precipitar una sangría de jueces que habilite vacantes inesperadas para el actual poder.

El choque, forzado o no, de posiciones ya asoma en el horizonte. Y una consecuencia podría ser la precipitación de jubilaciones, para mantenerse dentro del actual régimen, con decenas de despachos judiciales a ocupar como nadie antes imaginaba. “Esto debería ser resuelto después con nuevas y apuradas designaciones de jueces. Y ocurre que la relación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura está volcada a favor del oficialismo, y ellos decidirían”, dice un legislador de la oposición.

La desconfianza es diferente y mayor –porque tensa la interna- en el caso de Rafecas. El tratamiento de la designación del nuevo procurador General parece ir algo más largo de que lo previsto inicialmente. Eso es sugerido desde el oficialismo y ha generado especulaciones sobre que tal vez llegue a votación en abril y no a principios de marzo, en el arranque de las sesiones ordinarias. No está claro y tal vez sea parte del juego.

La cuestión de fondo es el número necesario de legisladores. La aprobación requiere dos tercios de los votos de los senadores sentados en el recinto. Es decir, se vota con la mano y también con el asiento, como suele decirse cuidando menos las palabras en el ámbito parlamentario. Y allí nacen las dudas y versiones, algunas envenenadas. El Frente de Todos no cuenta con los 48 votos necesarios en caso de asistencia perfecta. La oposición de Juntos por el Cambio suma 27. Y si unos pocos de esa bancada faltan a la cita, sería allanado el camino deseado por el Gobierno.

Resulta llamativo que al menos hasta ahora no haya existido conversación formal alguna entre el bloque oficialista y el interbloque opositor, que por si acaso reclama algo obvio: que toda negociación sea entre autoridades de una y otra vereda. Traducido: la falta de diálogo podría suponer el compromiso de alguna ausencia estratégica. Es lo que temen en alguna franja de Juntos por el Cambio y es lo que dejan trascender desde algún despacho alineado con la Casa Rosada, aunque nadie arriesga certezas.

Rafecas llega por impulso presidencial, pero también con respaldo expreso de Cristina Fernández de Kirchner. Hay quienes exageran e invierten la relación de apoyos. De un modo u otro, habrían “prescripto” viejas facturas y enojos de la ex presidente, estribaciones del caso Ciccone, entre 2012 y 2013. Ese es a la vez un antecedente complicado para la valoración opositora. Rafecas quedó entones fuera de juego por la presión de Amado Boudou, con aval de CFK, que también precipitó la salida del procurador Esteban Righi. Muchos años después, quedó en la mira de la otra ribera por su rechazo fulminante a la denuncia de Alberto Nisman sobre el trato con Irán.

Por ahora y como resolución expresa, los socios de Juntos por el Cambio decidieron que en el caso de Rafecas actuarán de manera unificada. No resolvieron cómo votarán, aunque la tendencia mayoritaria sería el rechazo. En ese caso, todos deberían alinearse a la hora de tratar el tema. Falta tiempo. No hay conversaciones ni negociaciones más amplias en el Senado. Y hay recelos sobre presiones y necesidades de jefes provinciales. ¿Final abierto? Se verá, incluso antes del recinto.

Seguí leyendo: