El kirchnerismo quiere ponerle tope a los intereses de las tarjetas de crédito

Cuando el senador Oscar Parrilli habla en el Senado de la Nación se presupone que detrás está la voz de la vicepresidenta. Por lo tanto está descartado que el proyecto de modificación de la Ley 25.065 para limitar las tasas de interés aplicadas por los emisores de tarjetas de crédito cuenta con el consentimiento de Cristina Kirchner. La iniciativa fue presentada en la tarde de ayer en mesa de entradas, fue acompañada con la firma de una veintena de senadores del interbloque del Frente de Todos, además de su autor, y apunta a restringir las ganancias del sistema financiero. “Es hora de que sean los bancos quienes realicen el esfuerzo necesario o atenúen su extraordinaria rentabilidad”, se argumenta en el texto que va en línea con los planteos que el Gobierno, a través de varios ministros y del Banco Central, hizo a las entidades que representan a bancos y tarjetas.

El proyecto es breve. Propone sustituir el artículo 16 de la Ley N° 25.065 que en caso de ser aprobado quedaría redactado de la siguiente manera: “La suma de las tasas de intereses compensatorios y punitorios y/o resarcitorios, en caso de corresponder, por financiación de saldos que apliquen las entidades bancarias y no bancarias, no podrá exceder la tasa de referencia que establezca el Banco Central de la República Argentina”.

Establece que “la misma será la tasa promedio adjudicada (Tasa de política monetaria- TPM) informada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina correspondiente a las Letras de Liquidez (LELIQ) o por la que el Banco Central determine como Tasa de Política Monetaria. Los Costos Financieros Totales producto de la financiación del saldo, en ningún caso podrán superar al que fije el Banco Central de la República Argentina a tal efecto. Autorícese al Banco Central a que dicte normas reglamentarias al respecto”.

Y finaliza: “La entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito”.

Lo que es extenso en el texto al que tuvo acceso Infobae en forma exclusiva son los fundamentos. Recuerda que el Congreso Nacional, en el año 2012, sancionó la ley 26.739 por la cual se realizó una importante modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para "promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social¨. Y que en el año 2014, bajo gestión de Cristina Kirchner, el Central fijó un tope máximo a las tasas de interés que los bancos podían cobrar por los créditos personales, prendarios o por tarjeta de crédito; y posteriormente se estableció un tope mínimo para las tasas de interés que percibían los ahorristas minoristas. “A través de esta regulación, el Banco Central se aseguraba que su política monetaria tuviera impacto en las tasas de interés de los bancos comerciales, beneficiando así a los clientes que buscaban financiamiento”, reivindicó lo actuado en el final de la década kirchnerista.

En las seis páginas siguientes el proyecto cuestiona las decisiones tomadas después del recambio de gobierno a fines del 2015. “El Presidente entrante del Banco Central estableció que el objetivo primordial del Organismo era mantener la ‘estabilidad monetaria’ relegando los objetivos de estabilidad financiera, empleo, y principalmente el de desarrollo con equidad social, a un papel accesorio por lo que no se los tendría en consideración para la instrumentación de la política económica y monetaria durante la gestión 2015-2019”. Y fundamentalmente apunta a Federico Sturzenegger por la desregulación de la tasas de interés. “El techo para los créditos como el piso para los depósitos a plazo instaurados por la gestión anterior, quedaron desvinculados de la tasa de referencia”, analiza la iniciativa que cita la Comunicación A 5853 del 17 de diciembre de 2015.

En los fundamentos más políticos, redactados por Parrilli y su equipo de asesores, se destaca que “la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de la aventura del gobierno macrista que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas”.

Como lo hizo también en el recinto dos semanas atrás cuando se debatió la ley que habilitará la renegociación de la deuda, Parrilli subraya que “la crisis social y económica generada por el plan Macri, que empujó a millones de personas a la pobreza y el desempleo, tuvo como contracara las exorbitantes ganancias para los sectores concentrados. De esta forma los bancos fueron los verdaderos privilegiados, ya que se vieron beneficiados directamente por las medidas económicas y las políticas monetarias implementadas”.

El senador por Neuquén sumó a una veintena de senadores, incluso algunos no referenciados en el kirchnerismo más extremo como el cordobés Carlos Caserio y el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Coincidieron en sus charlas en que los bancos “se abusan”, y estamparon su firma. Según explicaron varios de los firmantes a este medio, lo hicieron para beneficiar a argentinos de clase media o clase media baja, que están en el sistema financiero y utilizan tarjetas de crédito para llegar a fin de mes o acceder a bienes o servicios a los que de otra manera no accederían. Un planteo parecido se oyó ayer en la reunión de la que participaron el titular del Central, Miguel Pesce y el ministro de Producción, Matías Kulfas con Javier Bolzico (Adeba), Claudio Cesario (ABA), Sergio Lew (Santander) y Fabián Kon (Galicia). En ese encuentro hubo un acuerdo para que Ahora 12 deje de financiar la compra de productos importados mientras en paralelo el Banco Nación anunciaba la baja de los intereses de sus tarjetas del 67 al 49%. Dicen que el presidente Alberto Fernández dio instrucciones el fin de semana para estas negociaciones. En el Senado está el ala más dura de la avanzada y el texto parece tener letra precisa del Banco Central.

Del total del bloque del Frente de Todos, acompañan su presidente, José Mayans; y Anabel Fernández Sagasti; Jorge Taiana; Martín Doñate; María Ines Pilatti Vergara; Ana María Ianni; Gerardo Montenegro; Mariano Recalde; Claudia Ledesma; Sergio Leavy; Alfredo Luenzo; María de los Ángeles Sancnun; Antonio Rodas; Juan Mario País; Silvina García Larraburu; Nancy González; Nora Giménez; Silvia Sapag; José Emilio Neder; Ana Claudia Almirón y María Teresa González. Son 24 senadores de los 40 del oficialismo, sin contar a José Alperovich que está fuera de obligada licencia mientras debe afrontar una denuncia por acoso sexual.

Por transitar el último tramo del período de Sesiones Extraordinarias el proyecto no puede ser tratado. Por lo menos no hasta después del 1 de marzo cuando inicien las Sesiones Ordinarias. Mientras tanto, será una forma de presión ante los bancos.

El mayor argumento esgrimido por los firmantes es que en un contexto de crisis sean las entidades bancarias privadas las que hagan un aporte: “Obtuvieron ganancias exorbitantes a costa del endeudamiento de las familias argentinas, de la destrucción del poder adquisitivo, y la reducción de los salarios de la clase trabajadora”. Incluso se cita un informe del Banco Central sobre el margen de la rentabilidad del sistema financiero del último año. De los $ 842.481 millones, “$ 624.000 millones corresponden a la ganancia de los bancos privados, es decir que el 74% de las mismas fueron obtenidas por las entidades privadas”. Y concluye que “el 94% de dicho valor corresponde a títulos valores, constituyendo un total de $795.142 millones”. Y agrega que “el resultado total integral de ganancias de las entidades bancarias en los últimos doce meses fue de $ 314.044 millones”.

Otras cifras enumeradas son el comparativo del año 2015: “El resultado por títulos valores represento el 48% del margen financiero total ($ 82.739 millones sobre un margen financiero total de $ 173.870 millones” mientras que “el resultado integral para el año 2015 fue de $ 60.010 millones”.

La intención es clara: “En este contexto las entidades bancarias incrementaron exponencialmente sus ingresos y sus activos, a costa de las familias argentinas que al no cubrir la canasta básica, a causa de la destrucción de los sueldos, los aumentos desmedidos del precio de los alimentos, y la eliminación de los subsidios a los servicios; se vieron forzadas, por la grave crisis económica generada por las políticas neoliberales del gobierno saliente, a acceder a financiamientos a través de tarjetas de crédito y otros instrumentos de financiación, para la compra de alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las economías familiares se encuentran asfixiadas, por los altos niveles de endeudamiento a tasas usurarias”.

En los argumentos más técnicos, el proyecto del Frente de Todos compara números. Y usa el calificativo “terroríficos”:

-En el ámbito de los planes de refinanciación de los resúmenes de tarjeta de crédito - entre los cuales se encuentra ¨PLAN V¨ de Visa - el Banco Nación ofrece una financiación a 30 días con una Tasa Efectiva anual (T.E.A) del 92,76% cuyo costo financiero total (C.F.T T.E.A) asciende a 120,28%.

-En el caso de bancos privados, el Banco Patagonia ofrece una financiación con una TEA del 156,647% cuyo C.F.T T.E.A con IVA asciende a 210,03%

-El Banco Galicia ofrece una T.E.A de 116,304% cuyo C.F.T con IVA asciende a 152,83%.

“Los planes de refinanciación de resumen de tarjetas de crédito otorgados, generan una situación de ahogo financiero, lo que agrava, aún más, la economía de las familias, introduciéndolas en una rueda de pago de intereses que se acumulan, incrementando el monto debido y empujándolas a situaciones críticas de endeudamiento dentro del seno familiar" se puede leer sobre el final de la propuesta que reclama “solidaridad" y un esfuerzo a los bancos a quienes pide que “atenúen su extraordinaria rentabilidad, para poder salir de la situación de emergencia en la que se encuentra sumergida la economía argentina”. Los responsabiliza además de la situación: “Fueron ellos quienes fomentaron las políticas neoliberales implementadas por el gobierno anterior; siendo las entidades privadas junto con Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, entre otros, los principales beneficiarios y responsables de la profunda crisis económica y social generada”.

En resumen, la propuesta de limitar la tasa máxima que podrán cobrar los bancos estará dada por “la tasa de referencia para las LELIQ, que informará el Banco central mensualmente. Dicha tasa se encuentra actualmente en 44%, la cual aún es muy elevada”.

También considera necesario “limitar el llamado Costo Financiero Total” y propone que el Central enuncie o determine los límites a dicho costo.

Como último argumento a favor de la iniciativa, se considera que ayudará a desahogar a las familias que volcarán en el mercado interno el dinero destinado al pago de interese.

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