Este martes se conoció un polémico proyecto, impulsado por cinco senadoras oficialistas, que busca eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, además de limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones. En ese contexto, Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter un video, que llevó la firma de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido justamente a lo que el Presidente viene definiendo como “detenciones arbitrarias”.
“En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina. Entonces cuestioné la competencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos”, escribió el mandatario, como introducción.
Luego, el video mostró una compilación de declaraciones del Presidente con respecto al asunto. “En la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Mucha de esa gente lleva años de encierro, innecesariamente, porque la ley procesal les permitiría soportar esos juicios en libertad”, expresó Alberto Fernández en el primer fragmento, con fecha del 19 de agosto de 2019.
“Durante la anterior gestión del gobierno nacional (2015-2019), Argentina sufrió graves violaciones a los Derechos Humanos. El estado de derecho fue violado sistemáticamente, mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del Lawfare. El relator especial sobre Independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García Sayán, emitió un informe alertando sobre ‘la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial en Argentina’”, continuó el compilado, ya no con dichos del actual mandatario, sino con leyendas superpuestas sobre las imágenes.
Posteriormente, se citaron ejemplos de esas tácticas, según la visión del oficialismo: “Designación por decreto en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, espionaje ilegal y extorsión contra empresarios y dirigentes opositores, interferencia de los Servicios de Inteligencia en la Justicia Federal, abuso de la figura del arrepentido para extorsionar y obtener falsos testimonios, armado de causas y detenciones arbitrarias”. A su vez, se destacó que “desde el 10 de diciembre de 2019” se encuentran “reconstruyendo el Estado de Derecho, con plena vigencia de todas las garantías para los ciudadanos”.
Para cerrar el video, que retuiteó la vicepresidenta Cristina Kirchner, se expusieron otros dos fragmentos del Presidente refiriéndose al asunto durante el discurso que brindó en el Congreso el día de su asunción.
Anteriormente, había salido a la luz el proyecto de las cinco senadoras oficialistas, que había sido girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión. En caso de haber estado vigente una ley como la que intentan impulsar, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Fernando Esteche, César Milani, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. En los tres últimos casos ya hay condenas firmes. La propia Cristina Kirchner tuvo pedidos de prisión preventiva a raíz de las causas en las que se encuentra procesada, pero el Senado nunca avanzó con el desafuero. Finalmente, la semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió dejar sin efecto la orden de detención en su contra en el marco de la causa de los cuadernos y ya no pesan sobre ella solicitudes de arresto.
La iniciativa enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención, entre los que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, “el incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”.
Por su parte, La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su absoluto rechazo a que se intente deslegitimar y limitar, a través de un proyecto legislativo, el rol del periodismo de investigación, que consideraron “central en las democracias modernas”. “La norma propuesta vulnera claramente la libertad de expresión y promueve la autocensura”, advirtieron en un comunicado.
Seguí leyendo