Alberto Fernández tiene contacto directo con Horacio Rodríguez Larreta y lo ha utilizado, no sólo una vez, en medio de la pulseada sobre el recorte de fondos que sufriría la Ciudad por decreto y, de hecho, en el rubro de seguridad. Dicen fuentes porteñas que fueron diálogos distendidos, cordiales. Esperan una definición desde el regreso del Presidente tras la gira europea, y creen que es cuestión de unos pocos días, no más. La profundidad de la poda de fondos de coparticipación se transformará en un elemento de peso para la oposición. Puede afectar el nervio de esa relación en la que importan los legisladores y también el puñado de gobernadores.
Parece evidente –lo admiten en Juntos por el Cambio y lo anota el Gobierno- que no existe una especial voluntad de combate opositor en este inicial y complejo arranque de gestión. Sí, claro, decisión de diferenciarse y dar debates. Nada sencillo: eso expresan la preocupación y los cuidados para tratar de mantener una posición unificada entre los socios de la coalición. Eso indican los comunicados para fijar posición suscritos por las autoridades de la UCR, el PRO y la CC, junto al ex candidato a vice, Miguel Angel Pichetto. También, los intentos para darse una conducción más o menos orgánica.
Con todo, señalan que subir al ring no sólo depende de su decisión en esta primera etapa de gobierno, sino de lo que haga el propio oficialismo. Una prueba sería la pulseada por los fondos de la Ciudad. Y otra, que genera inquietud interna, cómo se plantarán cuando llegue el turno de tratar en el Senado la designación de Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. No hay aún resolución, aunque se percibe una corriente de rechazo. Sólo está decidido mostrar posición unificada y actuar de ese modo. Hacia fin de mes, la cuestión debería ser saldada.
Hasta ahora, el tramite por Rafecas no generó en el Senado conversaciones serias entre el oficialismo y la oposición. En cambio, el caso de los fondos porteños arrancó con negociaciones entre funcionarios de primera línea, en el ámbito del ministerio del Interior, y sumó incluso intercambio a nivel de técnicos. Todo entró en zona embarrada cuando se dejó trascender que la intención -¿de máxima?- sería recortarle el equivalente a un punto o algo más de coparticipación. Siguió una charla telefónica del Presidente con el jefe de gobierno porteño para bajar tensiones. Y nuevas consultas. Pero el final no fue formalizado, aunque alguna versión indica que sí estaría resuelto, a la espera de la decisión presidencial de refrendarlo y hacerlo público.
Los números en discusión son impactantes. Se llegó a hablar de entre 30 y 35 mil millones de pesos. El argumento del Gobierno es que durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, la Ciudad fue favorecida con un aporte de esa magnitud, que el macrismo achica y remite al traspaso de la policía. Como sea, el desenlace determinará el alcance de la respuesta del gobierno porteño, que de máxima podría llevar la demanda a la Corte, y la reacción política de la oposición.
Las especulaciones de estas horas refieren también al delicado cuadro de la economía, dominado por la deuda y el ajuste de las cuentas fiscales. Y a la conveniencia o no de generar un enfrentamiento duro entre oficialismo y oposición, si el recorte de fondos alcanza niveles como los referidos y sin compensación alguna en otros rubros. Se verá, pero el dato central es que toda esta disputa es registrada en un renglón especialmente sensible medido por su impacto social: la seguridad y, en rigor, la inseguridad.
La pulseada por los fondos comenzó a trascender casi en simultáneo con los cruces iniciales entre Sabina Frederic y Sergio Berni, en las primeras semanas de enero. Es llamativo: a pesar del nivel de disputa entre la ministra nacional y el funcionario bonaerense, se descartaba que no habría complicaciones en el terreno práctico entre las fuerzas de seguridad nacionales y la policía bonaerense. En todo caso, se temía entonces por la relación entre la Nación y la Ciudad, algo que fue descartado de entrada desde el gobierno porteño.
Es sabido que la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital están obligadas de hecho a coordinar acciones. El crujido entre el Gobierno y la gestión porteña por ahora está limitado al presupuesto, aunque asoman distintas concepciones. Pero el mayor conflicto de coordinación quedó planteado entre Frederic y Berni.
La dureza de esa interna en el oficialismo, todavía no saldada enteramente, empujó la intervención directa del Presidente. Se cuidaron las formas, más allá del profundo malestar presidencial. Kicillof debió ir a la Casa Rosada para conversar alguna vía de desactivación de la pelea. Y Frederic debió viajar a La Plata para una cita con el gobernador y su ministro.
Por supuesto, visto desde la interna, se trata de una cuestión mayor, porque en última instancia involucraría también a Cristina Fernández de Kirchner. Un desenlace traumático, es decir, con cambios de elenco o alguna renuncia, no podría ser leído fuera de esa consideración.
Pero el ingrediente mayor es otro. Se trata de la seguridad, con noticias casi a diario sobre episodios violentos y trágicos. No hace falta recurrir a encuestas para notar que impacta socialmente en niveles cercanos a la economía. Los riesgos de las disputas políticas se miden en esa escala.