La tensión en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) continúa después de la violenta toma de la sede gremial porteña que se produjo ayer y que tuvo como protagonistas a 70 barras bravas y seguidores del ex secretario general del gremio Marcelo Balcedo, con prisión domiciliaria en Uruguay y acusado de lavado de dinero y evasión impositiva.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, los vándalos, que aún no fueron identificados pero que los denunciantes aseguran que responden al ex hombre fuerte del SOEME, robaron de las instalaciones “aproximadamente 200.000 pesos, documentación, computadoras y teléfonos celulares, además de herir a dos empleados”.
Los encapuchados también obligaron al personal “a recorrer junto a ellos las instalaciones para romper todo lo que estaba a su paso y abrir muebles para llevarse papeles”. “Desde las 8, hora en que ingresaron a la fuerza, vivimos horas de terror”, relataron los testigos al personal policial y judicial.
El sector de Balcedo reclama que el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, desconozca a la actual conducción del gremio, encabezada por Adrián Di Marco, y que llegó al poder en el SOEME en las elecciones desarrolladas por orden judicial el 5 de agosto.
Esto no sucederá, al menos por ahora ¿La razón? Hay dos juzgados, uno en lo laboral y otro criminal, que están dirimiendo su competencia y la validez o no de las cuestionadas elecciones.
Por esa circunstancia, en Trabajo tomaron dos decisiones: la primera, no “certificar” a las autoridades que ganaron esos comicios hasta que salga cualquier resolución judicial, ya sea a favor o en contra de la lista vencedora (Blanca y Celeste, encabezada por Di Marco). Y segundo, el ministerio no tiene potestad para invalidar o avalar esas elecciones que han tomado estado judicial. Y la Justicia está por encima de cualquier resolución administrativa.
Es más, un dictamen del propio ministerio sostiene que la secretaría de Trabajo no se expedirá antes de que lo hagan los tribunales, tal como lo establece la ley.
Los comicios se realizaron bajo la supervisión de un veedor judicial enviado por el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, quien mantuvo durante 18 meses intervenido el gremio.
La medida la adoptó el mismo magistrado después de la detención de Balcedo en Uruguay por presuntas maniobras de lavado de dinero -investigado por la justicia de ese país- y por la supuesta malversación de más de 500 millones de pesos de aportes de los afiliados al SOEME que habrían realizado durante la conducción del sindicalista y que investiga el juez federal platense.
Balcedo, desde el mismo momento en que fue apresado, sostuvo -y no lo pudo probar hasta el momento- que el juez federal actuó por un presunto pedido de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca “para que el gremio quede bajo la conducción de Cambiemos”.
Balcedo entiende que, al ser peronista, luchar por un salario justo en las paritarias docentes bonaerenses y ser dueño de 16 radios y del ahora cerrado Diario Hoy de La Plata (que era opositor a la política de Vidal), “le molestaba a la entonces gobernadora y por eso, a través de la justicia me inventaron una causa judicial en la cual aún ni siquiera fui indagado”, según sostuvo durante una entrevista concedida a la radio AM570.
El sindicalista se refiere al expediente en el cual Kreplak habría establecido que bajo su conducción se desviaron $500 millones que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2017. También, y según un informe de la AFIP, habría retirado más de $50 millones de los afiliados sin ningún tipo de aval.
Según pudo saber este medio de fuentes judiciales, el magistrado de La Plata aún no lo indagó -y por esa razón no está procesado- porque espera la extradición del imputado desde Uruguay, un trámite que ya lleva casi dos años y que se demora porque la justicia uruguaya lo sigue investigando.
“Ni fuimos ni somos patoteros”, dijo Balcedo por radio desde su mansión de Maldonado, la misma en la que fue detenido con más de USD 500 mil en efectivo, un verdadero arsenal, autos de lujos y zoológico privado. El sindicalista se refería al grupo de 70 personas, que responden a él, que con pasamontañas y palos tomaron por la fuerza y destrozaron la sede porteña del SOEME.
En el diálogo radial, el dirigente reconoció que los hombres y mujeres que respondían a su conducción ingresaron al edificio de la calle Salta al 500 para reclamar la “normalización” del sindicato y exigir la presencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, cosa que no ocurrió.
En su defensa, Balcedo aseguró que los los patoteros y barras bravas de Gimnasia y Esgrima La Plata llegaron después que sus allegados y que lo hicieron por pedido de las actuales autoridades del sindicato.
Sin embargo, lo que se observa en las imágenes es otra cosa. Allí se ve a los militantes de Balcedo ingresar al edificio por la fuerza y rompiendo las cortinas metálicas.
El parte policial también marca lo contrario. Allí dice: "Aproximadamente a las 8 un grupo de masculinos ingresaron a la fuerza a dicho edificio (Salta 535), forzando y dañando la persiana para poder ingresar, como así también obligaron violentamente a los empleados que se encontraban dentro del sindicato realizando sus tareas habituales, lesionando a dos de ellos”.
En la causa se explica que los funcionarios judiciales recorrieron el lugar y comprobaron que “en el piso 6 se encontraban las oficinas número 29 y 28, en las cuales se pudo observar cajas fuertes forzadas, cajones de los escritorios de los cuales se sustrajeron libros de actas, documentaciones y sellos, en el piso 5 se encontraban las oficinas 25 y 26, donde como faltante observaron dos computadoras, tres celulares de la flota, varios bonos de análisis de $200 y un teléfono inalámbrico; en el piso 4 se encontraban las oficinas número 18,19, 20, 21, 22, 23 y 24 donde se observaron puertas dañadas y forzadas, observándose faltantes dinero en efectivo, pendrives, una caja fuerte con dinero de la recaudación del camping, documentación varias de los rodados de la flota, en el piso 3 se encontraban las oficinas 13 y 14 donde no hubo faltantes, en el piso 2 se encontraban las oficinas números 8, 9, 10 y 11 donde se encontraron las faltantes de una caja fuerte con dinero -unos 200.000 pesos- en efectivo de la caja chica, un teléfono de la flota, dos notebook, un tensiómetro, dos ventiladores y documentación, en el piso 1° se encontraban las oficinas números 4 y 5 donde las puertas estaban forzadas y como faltantes objetos varios”.
Más adelante también se revela que: “En la planta baja solamente se observaron daños en el blíndex de vidrio y en las cámaras de seguridad y en el sótano se encontraban las oficinas números 1, 2 y 3 donde las puertas estaban forzadas, como así también los cofres de los empleados de mantenimiento, notando faltantes de objetos personales y de herramientas varias”. Lo detallado fue certificado por los instructores y refrendado en las declaraciones testimoniales tomadas “a la totalidad de los damnificados”.
Como se desprende del expediente, que tramita en la Fiscalia Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, los hechos son bien distintos a la versión que desde su mansión-prisión ofreció Balcedo.
Los pesquisas ya están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los agresores.
Con la acusación medíatica que realizó el ex líder sindical intentó desviar el peso de las pruebas reunidas hasta ahora por la fiscalía. La intención de Balcedo, es poner sobre los hombres de Adrián Di Marco, el dirigente opositor que se impuso en las elecciones de agosto, los hechos vandálicos.
La lista Celeste y Blanca Unidad y Renovación fue la única que se presentó en los comicios ya que no fue habilitada por la justicia para competir la otra agrupación, la Verde y Blanca, encabezada por Horacio Mankowski, un hombre de su riñón y también acusado por la justicia en otra causa por estafar al Estado provincial desde la Dirección General de Escuelas, donde era funcionario.
Hasta ahora, dos instancias de la justicia laboral sostuvieron que el juez federal de La Plata no era competente para intervenir en las cuestiones internas del SOEME.
Las nuevas autoridades del sindicato asumieron el 29 de noviembre a pesar de que un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo resolvió prohibir la asunción de Di Marco y su comisión directiva.
Es por esta razón que el Ministerio de Trabajo no certificó a las autoridades gremiales, pero tampoco anuló las elecciones, como solicita la lista Verde y Blanca, porque esto se dirime en la justicia.
De esa manera, la segunda instancia validaba la suspensión de las elecciones del 5 agosto, que había establecido la jueza nacional del Trabajo Analía Viganó. El fallo defendía en su texto “las libertades sindicales conforme establece la constitución nacional”.
La magistrada en lo laboral ya se había expedido con anterioridad a las elecciones y le solicitaba a su par federal Kreplak “que no interfiriera en la vida interna del gremio”.
Hasta que los tribunales en los criminal federal y en lo laboral no lleguen a un acuerdo, continuará la tensión en el gremio que agrupa a unos 24.000 afiliados y todo hace prever que podrían repetirse los intentos de tomas de edificios y los episodios de violencia contra los empleados del SOEME.