Toma del edificio porteño del Soeme: una historia de corrupción y aprietes

La toma forzada y violenta en el día de hoy de la sede del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), ubicada en la calle Salta al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, no ocurre por primera vez. Palos y capuchas ya fueron empleados a lo largo de casi dos años, fecha en que el histórico secretario general de ese gremio, Marcelo Balcedo, fue detenido en Uruguay después que la justicia federal de nuestro país estableciera que bajo su conducción se desviaron unos 500 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2017.

Balcedo, con prisión domiciliaria en su mansión de Maldonado, está acusado de vaciar el SOEME, de lavar dinero y evadir impuestos.

“Vinimos a recuperar nuestra casa tomada ilegítimamente por una conducción gremial que nunca debió asumir por decisión judicial”, intentó justificarse ante Infobae Paola Suárez, una de las delegadas gremiales de la conducción de Balcedo y que sostiene, tenía mandato hasta fines de este año.

Los empleados ya realizaron una presentación policial denunciando que los vándalos les robaron pertenencias, rompieron parte del moviliario y destrozaron las instalaciones de la sede gremial.

El proceso penal y la prisión de Balcedo disparó una interna en ebullición que venía fermentando desde hacía tiempo en el Soeme ya que su oposición gremial -los que hoy son señalados de haber asumido fuera de la ley- lo acusaban de marginarlos en las elecciones a fuerza de presuntas extorsiones y aprietes a través de la utilización de barrabravas, de varios clubes, pero sobre todo de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Justamente parte de ese sector gremial, supuestamente marginado por Balcedo, fueron los que ganaron las últimas elecciones ordenadas por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. El reordenamiento del gremio fue dispuesto por el mismo magistrado que durante 18 meses mantuvo la intervención del sindicato.

Es el mismo juez, además, que investiga a Balcedo por lavado de dinero y evasión impositiva, y que aún espera su extradición.

La discutida elección en el SOEME.

Con el respaldo de 4.000 afiliados, de los 24.000 que podían presentarse a las urnas, el 5 de agosto pasado se impuso la lista Azul y Blanca Unidad y Renovación.

La agrupación llevaba a Adrián Di Marco como candidato a secretario general, y llevaba como Secretaria Adjunta a Evangelina Pérez y a Alberto Miguela como Secretario Gremial Nacional.

Los triunfantes fueron los únicos que se presentaron ya que la otra lista, La Verde y Blanca, y que respondía a Balcedo, no fue oficializada supuestamente por no cumplir con los requisitos que establecen los estatutos.

La Verde y Blanca tenía como candidato al secretariado general a Horacio Mankowski, uno de los laderos de Balcedo y representante del movimiento Nuevo SOEME.

Para agregarle más dramatismo y contendido explosivo a esas elecciones, casi tres meses antes que se lleven adelante, Mankowski recibió un pedido de detención por integrar una banda que se dedicaba a estafar a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense junto a otras ocho personas. Varios, como él, además de gremialistas, funcionarios en esa repartición.

Mankowski, finalmente fue beneficiado con la eximición de prisión después de haber declarado como imputado. El gremialista, hasta ahora, no fue procesado en el expediente.

Todos eran investigados en el marco de una causa que investigaba una presunta millonaria malversación de fondos públicos con tarjetas de débito de ese organismo que se utilizaban para cargar combustible en vehículos oficiales.

Según el expediente judicial, a cargo del fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, la estafa al Estado provincial no se podría haber realizado sin el aval de los jefes de área de trasporte del ministerio de Educación bonaerense.

Es allí es donde entraría a jugar la figura de Mankowski ya que él era el subdirector de Transporte Terrestre, el jefe de Movilidad de la Dirección General de Escuelas.

La pelea gremial hoy

Las nuevas autoridades del sindicato asumieron el 29 de noviembre a pesar de que un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo resolvió prohibir la asunción de autoridades. Un hecho que igual se concretó. Es decir que la decisión no está firme porque aún hay una apelación de por medio.

De esa manera la segunda instancia validaba la “suspensión de las elecciones” del 5 agosto, que había establecido la Jueza Nacional del Trabajo, Analía Viganó.

El fallo defendía en su texto “las libertades sindicales conforme establece la constitución nacional”.

La magistrada en lo laboral ya se había expedido con anterioridad a las elecciones y le solicitaba a su par federal Kreplak “que no interfiera en la vida interna del gremio”.

Es decir que como consecuencia de esa medida cautelar firmada por la jueza, Adrián De Marco, no debería haber asumido como secretario general del gremio.

En ese estado de latencia judicial estaban las actuaciones hasta que los hombres de Balcedo, con barras bravas, y violentos incluidos, entendieron que había que sacar a fuerza de palos y puños a la conducción del gremio.

Una de las que encabezó la toma violenta fue Paola Suárez, la secretaria general del SOEME de La Plata -allí se concentra la mayor cantidad de afiliados- quien en diálogo telefónico con Infobae, y en medio de la bataola y estruendos y corridas protagonizadas entre los referentes de la lista Verde y Blanca y la policía que desalojaba el lugar, dijo: “La justicia en nuestro país es muy lenta. Desde noviembre una jueza dijo que las elecciones no eran válidas y que la nueva conducción no debía asumir, ellos lo hicieron, tomaron ilegítimamente las instalaciones, nosotros venimos a recuperar nuestra casa. Nuestra conducción tenía mandato hasta diciembre de 2020 y venimos a hacer valer ese derecho”.

La representante gremial cortó la comunicación cuando se le hizo ver que la jueza Analía Viganó de ninguna manera ordenó una toma violenta del edificio y que una comunicación del ministerio de Trabajo establecía que la discusión por la valides o no de la elección sindical debía ser dirimida en la justicia.

De Marco tiene una visión muy distinta sobre la situación jurídica que envuelve al escándalo. "Los forajidos de hoy son de la comisión directiva anterior. Nosotros asumimos porque ganamos las elecciones ordenadas por el juez federal Ernesto Kreplak. Él fue quien estuvo a cargo de la intervención del sindicato y fue el juez el que nos habilitó a tomar posesión después de la elección del 5 de agosto”, explicó ante un grupo de periodistas en las cercanías a la sede gremial vandalizada.

Desde el juzgado del juez Kreplak se informó a Infobae que la intervención judicial terminó el 29 de noviembre, día en que, como dice De Marco, se lo autorizó a asumir.

Desde el ministerio de Trabajo también entienden el tema es estrictamente judicial entre dos juzgados que aún dirimen su competencia sobre la intervención en el gremio y las elecciones que se llevaron a cabo.

La detención de Balcedo.

El puntapié inicial para la violencia sindical tiene su origen en la detención del sindicalista y empresario periodístico, junto a su esposa, Paola Fiege, en su lujosa propiedad uruguaya el 4 de enero de 2018.

El operativo policial, a cargo fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia de Uruguay, Gendarmería Nacional y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se desarrolló después de un pedido de captura internacional solicitado por el juez federal Kreplak.

Las imágenes difundidas del procedimiento eran obscenas, el sindicalista, y dueño y por entonces director del Diario Hoy de La Plata, fue descubierto con casi medio millón de dólares en efectivo en su mansión, autos de lujo, armas y gran cantidad de municiones. También tenía un zoológico privado en las extensiones de campo que rodean su finca.

Esa ostentación no se correspondía con su capacidad tributaria. En la causa consta un informe de la AFIP que revela que entre 2012 y 2013 retiró, sin ningún tipo de justificación ni verificación más de 53 millones de pesos de las arcas del SOEME que debían ser destinado a la obra social pero que nunca ingresó allí.

Balcedo también era investigado por presuntas extorsión a legisladores por pedidos de favores al Estado y “aprietes a través de brarrabravas”.