Sabina Frederic: "El gobernador Kicillof es el que decide y él quiere que haya fuerzas federales”

La tensión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y su par bonaerense, Sergio Berni, se desencadenó cuando restaban detalles y los últimos contactos para apuntalar el Consejo Federal de Seguridad Interior, en Tucumán, donde se reunirán todos los funcionarios y jefes del área del país, enviados por sus gobernadores. Los preparativos tuvieron que quedar parcialmente en pausa, a raíz de los cruces internos por la coordinación de las fuerzas federales en el distrito más poblado del país.

En ese contexto de corridas, llamados y reuniones de emergencia, Sabina Frederic se hizo un lugar para recibir a Infobae en la tarde del martes en la sede de Gelly y Obes, cuando el presidente Alberto Fernández ya se había reunido con el gobernador Axel Kicillof y poco antes del entendimiento entre los dos ministros de Seguridad apuntaba a encaminarse en La Plata. En ese mano a mano, Frederic y Berni decidieron bajar el tono, ratificaron la voluntad de coordinar esfuerzos y acordaron capacitaciones para las policías municipales. Al mediodía del miércoles, Frederic se reunirá con el gobernador tucumano Juan Manzur y retomará su agenda programada.

— ¿Cuál es la importancia del Consejo Federal de Seguridad Interior en Tucumán y qué es lo que se va a definir?

— Es la primera reunión que hacemos de estas características de nuestra gestión. Lo que vamos a promover es una política federal para articular las políticas de Seguridad con los ministros del área de todo el país y con sus fuerzas policiales. Queremos ofrecerles programas para que adhieran, insumos y capacitación. La idea es tener un espacio con encuentros bilaterales sobre temas específicos y vamos a firmar algunas actas. Una de ellas es por el tema de la conflictividad mapuche, que se va a firmar con la Administración de Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por lo que van a estar los ministros de Medio Ambiente de la Nación, y de Justicia. El jueves va a ser el día central con expertos invitados y el viernes se van a tratar temas de protección civil y gestión de riesgos.

— ¿Qué le van a pedir a los gobernadores, por ejemplo, en materia de lucha contra el narcotráfico?

— No les vamos a pedir nada, les vamos a ofrecer colaboración. Creemos que hay que tender a un trabajo donde haya cooperación y una división de tareas entre las fuerzas federales y provinciales. No es lo mismo lo que hacen en su mayoría las fuerzas provinciales en seguridad ciudadana, que las capacidades que tienen las fuerzas federales para realizar un trabajo de inteligencia, investigación y análisis criminal. Sobre esto último se ha hecho poco en la Argentina. Queremos poner a disposición de las provincias nuestro conocimiento, y queremos colaborar en caso de que lo requieran líneas de investigación criminal concreta. Por ejemplo, en el noreste y noroeste argentino son zonas de tránsito de cargamentos. En estos dos meses vimos que hay muchos intentos de ingreso de marihuana a la Argentina por la frontera con Paraguay, y creemos en la hipótesis de que hay ingresos por los puertos. Aunque hay una dinámica estacional de delito, no es igual todo el año. Queremos replantear la seguridad en la frontera y tratar de discriminar lo que es contrabando de lo que es tráfico ilegal de drogas y armas. Un poco la idea es esa, diferenciar cada caso y ofrecerles a las provincias herramientas alternativas.

— Recupero un tema en el que estuvo involucrada en las últimas horas. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le solicitó en una carta que retire las fuerzas federales en la provincia. ¿Cuál es su respuesta?

— Es el gobernador el que decide, el ministro de Seguridad no tiene potestad para hacer ningún pedido. Esa carta no tiene valor. Lo que tiene valor es la decisión del gobernador y yo tengo conversación con él antes de esa extensa carta. Y el gobernador quiere las fuerzas federales, ya lo dijo su jefe de Gabinete. En un rato (NdR: se refiere a la reunión producida en la tarde del martes con Axel Kicillof y Sergio Berni) nos encontramos para ratificar la coordinación.

— Entonces, ¿cómo van a resolver este diferendo entre las dos gestiones?

— Es que no hay un diferendo. Me parece que hay que preguntarle al ministro de la Provincia, no a mí (risas). La tarea nuestra siempre fue coordinar y trabajar en coonjunto. Lo estamos haciendo con Santa Fe, donde estamos profundizando la coordinación y ahora estamos trabajando la articulación en el terreno de la inteligencia criminal. Creo que no hay una orientación distinta, al contrario. La provincia de Buenos Aires es un distrito que concentra un tercio de la población argentina y para nosotros es una zona muy importante. Es imprescindible que la población de este territorio, en el que vivo, esté protegida. Y el gobernador piensa exactamente lo mismo.

— En el comienzo se refirió a los convenios por la conflictividad mapuche. ¿De qué se tratan estos acuerdos? ¿Cómo va a responder el Ministerio de Seguridad a las tomas de tierras?

— Nosotros queremos ser la última ratio (sic) en este conflicto. El Ministerio de Seguridad tiene que ser el último recurso e intervenir cuando todos los otros caminos se hayan agotado. Desde que llegamos a la gestión estuvimos conversando con los ministros de Seguridad de Río Negro y Chubut, con la Administración de Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en una mesa donde se converse y se dialogue, para tratar de arribar a una cuestión negociada, pacífica. Sabemos que la intervención de las fuerzas federales en el pasado agravó la situación. No fue una solución, todo lo contrario: se cobró vidas. Creemos que hay otros instrumentos del Estado para promover otras salidas.

— ¿Pero qué ocurrirá si se produce una ocupación de territorio? ¿Habrá operativos de desalojo?

— En estos dos meses ha habido cortes en la Ruta 40, y un intento de toma en el Parque Nacional Los Alerces, en el que hubo un despeje de la ruta. Estamos tratando de que no sea necesario el uso de la fuerza, pero si es necesario, lo vamos a hacer. Pero antes hay muchas otras que se pueden hacer y verificamos que no se hicieron por las conversaciones que tuvimos. Estamos convocando en Tucumán a especialistas para mostrarles a la gobernadora de Río Negro y a los gobernadores y sus ministros que existen otras salidas. Existen muchos elementos que están en su poder, por ejemplo, la aplicación de la ley de tierras indígenas.

— Uno de los convenios que se estaría firmando en Tucumán es con la Ciudad de Buenos Aires sobre el rol de Prefectura en Puerto Madero. ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿Van a retirar a los prefectos de la zona?

— Con el Gobierno de la Ciudad tenemos muy buen diálogo. Nosotros le planteamos que teníamos que rever la presencia de Prefectura en lo que hace a la seguridad ciudadana de Puerto Madero. No así en el dique y en la costa, ahí van a permanecer, esa sí es su jurisdicción. La Ciudad está bastante de acuerdo con eso. Pero no vamos a hacer ningún movimiento de revertir la presencia de las fuerzas federales sin acuerdo con la jurisdicción, y sin tener las garantías de que el reemplazo de efectivos (de Policía de la Ciudad) sea igual o mejor que el que está. Con la Ciudad se va a firmar un acta acuerdo con un plan de trabajo a mediano plazo, para ir gradualmente sustituyendo. La idea es sustituir, no sacar.

— En estas semanas, se reunieron con los dirigentes sociales y piqueteros para abordar a través del diálogo las protestas sociales. ¿A los gobernadores les van a pedir que tengan un enfoque similar?

— El Estado no puede obligar a las provincias a hacer nada, nosotros respetamos las autonomías provinciales. Por supuesto vamos a invitarlas a adherir y seguir ese camino, que es el de crear canales de diálogo y negociación para prevenir conflictos que desencadenen violencia y terminen heridos ciudadanos e integrantes de las fuerzas de seguridad.

— La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo algunos acuerdos de cooperación en el combate al narcotráfico, en la frontera norte, con el gobierno de Estados Unidos. ¿Van a mantenerlos esos convenios?

— El tráfico de drogas ilegalizadas ocurre en gran parte del territorio argentino y el mapa que confeccionamos muestra que gran parte de las incautaciones se produce en zonas urbanas. El noreste es una de las zonas por las que se ingresa droga, también por las hidrovías o vía aérea, a través de los vuelos. Lo que creemos es que hay que repensar la política de persecución del tráfico ilegal y, los datos que difundimos, (NdR: se refiere a la nota publicada por Infobae) son un buen indicador sobre dónde tiene que estar dirigido el esfuerzo. Estuvimos la semana pasada en la Triple Frontera y, la verdad, nos sorprendieron para bien los acuerdos que se hicieron con los Estados Unidos y la DEA y los operativos conjuntos en Salta y Misiones. Son grupos muy interesantes, trabajan muy coordinadamente y se sienten muy orgullosos de lo que hacen. Hemos estado reunidos con el agregado de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos para indicarle que nosotros tenemos una política diferente. Por lo tanto, la DEA va a tener que trabajar con nosotros y no hay inconveniente con eso. Todo lo que sea para bien y funcione lo vamos a preservar, siempre que tengamos el control y la conducción.

— Patricia Bullrich expuso como balance de gestión que bajó la cantidad de homicidios y secuestros. ¿Cree que en ese aspecto, su gestión fue exitosa?

— La tasa de homicidios viene disminuyendo de 2014, desde el último gobierno kirchnerista, y tuvo una tendencia al descenso. Entre 2017 y 2018 hubo un amesetamiento y una ligera suba. Creo que la gestión saliente no demostró cuáles fueron sus políticas que habrían conducido a esa tasa, no podemos saberlo. Necesitamos las fuentes para poder determinar las razones. De todas maneras, es muy bueno que la Argentina tenga esa tasa de homicidios, que es de las más bajas de la región. Es algo que tenemos que preservar, estamos en una etapa de potencial violencia: hay mucha crisis, angustia y desesperación. Gran parte de los homicidios se producen entre personas conocidas y no en ocasión de robo, por lo que hay un factor que está asociado no solo a las políticas de seguridad, sino a políticas que se desarrollan en otras áreas. Hay que trabajar desde una visión más integral.

— ¿Están dadas las condiciones para impulsar una ley en sintonía con el fallo “Arriola” que despenalice el consumo de la marihuana y el autocultivo?

— Personalmente creo que sería conveniente modificar la Ley de Estupefacientes actual, que está vigente desde el año 1989. Lo que ha mostrado es que nos lleva a una política que aumenta la cantidad de gente detenida en cárceles, pero que no baja la oferta de drogas ni su consumo. No ha sido exitosa, hay que revisarla. Pasa en todo el mundo que las políticas de lucha contra las drogas han dejado muchas víctimas, en el mediano y largo plazo tiene que ocurrir, pero tiene que ser fruto de un consenso. Lo que hemos hecho en estos meses fue reunirnos con los ministros de Justicia; de Salud, de Educación, el Inadi y el Sedronar, hasta con sectores de la Iglesia, los curas villeros y el Conicet. El mejor camino es hacer una mesa de trabajo interministerial sobre consumos de sustancias y cuidados, y que se incluya también al alcohol. De ahí deben salir las políticas de prevención y de sensibilización, para luego pensar en una revisión de la ley de estupefacientes. Lo que es urgente es la modificación de la reglamentación de la Ley de uso de cannabis medicinal. Estamos trabajando en eso.

— ¿Pero está la decisión política tomada para impulsar una ley semejante?

— Quisiéramos ir en ese sentido y vamos a trabajar para que ocurra. Pero es algo que no depende solo de mí, sino de muchos actores que estamos tratando de sumar.

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