El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió que se remita el expediente del concurso de Correo Argentino S.A. a la jueza de grado a fin de que se de inicio al proceso de salvataje (cramdown) de la sociedad comercial. Asimismo, solicitó que la magistrada de primera instancia se expida sobre lo peticionado la semana pasada por la fiscal Gabriela Boquin, en particular a lo atinente al desplazamiento total del órgano de administración y la designación de un nuevo interventor judicial.
En el escrito, Zannini destacó que el Estado Nacional “tiene un interés concreto” en que se proceda de esa manera ante la existencia de “una serie de irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente sus intereses.”
El Procurador del Tesoro puso de resalto en la presentación que en su carácter de acreedor el Estado Nacional ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia. Advierte que esto se produce ya sea por la progresiva licuación del crédito como por la pérdida de activos con los cuales esa deuda debe ser cancelada.
El jefe de los abogados del Estado señaló que conforme se desprende del dictamen de la fiscal Boquin hay sobrados elementos que dan cuenta de graves irregularidades cometidas por la administración de Correo Argentino a lo largo del prolongado proceso del concurso.
Entre ellos, destacó algunos de los mencionados por la representante del Ministerio Público realizados en infracción a la ley de Concursos y Quiebras como la celebración de un contrato de locación de servicios y bienes con Sideco S.A. y la compra del paquete accionario de Neficor S.A. a Socma Americana S.A., operación por la que Correo Argentino no obtuvo beneficio alguno.
Menciona, además, el presunto vaciamiento progresivo de la empresa a través de pagos que están cuestionados y están siendo investigados. Según el dictamen de la fiscal -citado por Zannini- se pagaron elevadísimas sumas de dinero en concepto de honorarios profesionales a estudios jurídicos cuyos integrantes forman parte del propio directorio de Correo Argentino. También alerta sobre otros pagos a favor de consultoras o empresas de publicidad que tienen algún tipo de vinculación con los abogados de la concursada o con su directores.
El dictamen de Boquin advierte sobre la licuación de los créditos de los acreedores de la firma de la familia Macri como consecuencia del excesivo tiempo transcurrido desde el inicio del proceso concursal.
Por último también señala como irregularidad que pone en riesgo la posibilidad de cobro de los acreedores la presentación de conformidades fraudulentas para obtener la homolación del acuerdo preventivo.
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