El día que el juez que reemplazará a Bonadio criticó los cuadernos de Centeno y las declaraciones de los arrepentidos

La suerte hizo que Marcelo Martínez De Giorgi se convirtiera en el juez que se hará cargo de las causas que estuvieron en manos del juez Claudio Bonadio. Si bien el grueso de los expedientes que conformaron la megacausa cuadernos ya fue elevado a juicio oral y solo quedan algunas diligencias pendientes sobre investigaciones no completadas, en los tribunales de Retiro sobrevuela la idea de que todo podría quedar en la nada si se pone en jaque el motor que permitió avanzar con esa investigación: las declaraciones de los arrepentidos.

De hecho, en la Cámara Federal de Casación Penal, que el lunes pasado decidió revocar la prisión preventiva de la vicepresidenta Cristina Kirchner, está pendiente de análisis el planteo de un grupo de defensores que hablan de la inconstitucionalidad de la ley del imputado-colaborador y la forma en que se aplicó esa norma en la causa de los cuadernos. Hubo más de 30 arrepentidos en ese semillero de expedientes. Son muchos imputados, abogados y jueces que aguardan expectantes una definición sobre ese tema.

En medio de ese escenario fueron varios los jueces y fiscales que cuestionaron la figura de los arrepentidos, que se hizo famosa con el caso de los cuadernos. Y curiosamente uno de ellos fue el juez Martínez De Giorgi, sorteado ahora para hacerse cargo del juzgado federal 11, cuando apuntó a dar validez a a las anotaciones de Centeno y los dichos de arrepentidos en ese expediente, sin otras pruebas independientes.

Los cuestionamientos constan en una resolución que reveló Infobae el 8 de enero pasado: fue cuando dictó el sobreseimiento de su ex colega, Norberto Oyarbide; y del integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández. A los dos los había llamado a indagatoria Bonadio porque sus nombres aparecían en las anotaciones de Centeno, como supuestos receptores del dinero que recolectaba y repartía el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido. El juez fallecido los procesó, pero la Cámara Federal les dictó la falta de mérito por entender que no eran parte de la asociación ilícita. Se abrió entonces una nueva causa para evaluar su situación, que le tocó a Martínez De Giorgi.

“Las anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno no constituyen prueba autónoma de ningún hecho criminal que pueda reprocharse a los aquí encartados, en tanto no pueda acreditarse, mediante otras evidencias que las robustezcan, cuáles serían los propósitos de los encuentros allí relatados y quiénes de aquellas personas que por entonces integraban los estamentos del Gobierno Nacional podrían encontrarse interesados en su actuación funcional”, dijo el juez.

Y si bien evaluó solamente la situación de Oyarbide y Fernández, el magistrado aseguró que un “análisis más profundo” de las pruebas en la causa “permite concluir que no se trata más que de un canto de sirenas, de un espejismo”. Fue entonces cuando apuntó contra las confesiones de Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner que aseguró que el ex juez y el auditor lo habían citado a una reunión para decirle cómo debía prepararse el cierre de la investigación por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial.

Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli validaron las declaraciones de Manzanares y las posicionaron como unas de las más valiosas en el marco de la causa del dinero que manejó Daniel Muñoz, el ex secretario presidencial. Pero Martínez De Giorgi advirtió: “El estándar valorativo fijado por la Alzada respecto de los cuadernos escritos por Centeno vale también para lo declarado por Manzanares: sus meros dichos no resultan suficientes para aseverar la comisión de un delito por parte de los encartados, a falta de otras evidencias que vengan en su auxilio para validarlas”.

“No puede dejar de ponderarse que las manifestaciones de Víctor Alejandro Manzanares fueron exteriorizadas en calidad de imputado arrepentido. Y que, en ese orden, ante la carencia de otra prueba concreta que la avale, bastaría con que en un futuro se contradijera para fulminar su valor como prueba dirimente”, sostuvo. Y añadió: “La fragilidad de este tipo de prueba ha quedado en evidencia en tiempo reciente, ante el público y notorio hallazgo de los que serían los originales de los ‘cuadernos de la corrupción’, sin perjuicio de que, de manera previa, en sede judicial Oscar Centeno había reconocido haberlos incinerado”. Se refirió así las declaraciones que hizo el remisero en agosto de 2018, relatadas por Infobae, cuando en indagatoria afirmó: “Busqué la caja con los cuadernos, me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar". En octubre último, sin embargo, aparecieron seis de ocho cuadernos que serían los originales.

En su escrito, a la hora de insistir en las dudas sobre la credibilidad del aporte de un imputado colaborador, el juez trajo como ejemplo su propia experiencia en la causa Odebrecht, por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Allí recordó el caso de Manuel Vázquez, el ex asesor de Ricardo Jaime que se arrepintió y que, cuando esperaba si lo aceptaban como imputado colaborador, se arrepintió de haberse arrepentido. Fue después de que sus hijos y su esposa fueran sobreseídos en esa misma investigación, factor clave para que pidiera reconocer delitos que –no obstante- al juez no le parecían propios, sino atribuibles a Jaime.

Queda “al descubierto la inconveniencia de edificar la imputación de conductas delictivas basándose exclusivamente en dichos de arrepentidos, ante la imposibilidad de contrastarlos con otras probanzas que los confirmen”, sentenció Martínez De Giorgi.

El fallo no dejó pasar las comunicaciones telefónicas que le sirvieron a Bonadio, en su caso, para dar por probado los viajes de Centeno. “Lo que allí se observa no son más que la transcripción de meros registros informáticos del tráfico de comunicaciones entre los abonados oportunamente investigados por el Juzgado Federal N° 11; su contenido –y por ende su posible significación penal- resulta desconocido y aparece de imposible reproducción”, aseguró, siempre sobre Fernández y Oyarbide.

En ese sentido, Martinez De Giorgi fue contundente: los elementos reunidos en la causa “resultan insuficientes” para dar probado lo que anotó Centeno “y tal situación, no se ha visto modificada con el avance de esa pesquisa”. Es más, se añadió, “se observa entonces que la actividad desplegada en el sumario desde su radicación se ha limitado exclusivamente a la obtención de múltiples elementos fragmentados, sin ninguna conexión entre sí ni con las circunstancias observadas y asentadas por Centeno, sino centrándose en la personalidad de los aquí imputados. Se ha alterado así el sentido del proceso.–la averiguación de la verdad material acerca de una hipótesis histórica- para transformarlo en una verdadera “excursión de pesca”.

Pero Martínez De Giorgi no es el único magistrado que ha cuestionado la aplicación de la ley de imputado colaborador en la causa de los cuadernos. Primero, lo hizo la jueza María Servini, al intervenir en una causa que se abrió a raíz de los dichos de un empresario que firmó su arrepentimiento ante el fiscal Stornelli y que terminó imputado en una nueva causa. La jueza deslizó que pudo haber existido una “autoincriminación forzada”, sugirió que ese empresario habría declarado sin sentirse “plenamente libre” y advirtió que la “única” solución “constitucionalmente válida” en su causa es que se arrepienta de nuevo, tal como lo relató Infobae en octubre pasado.

Pero el que fue más allá fue el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello, quien tuvo que analizar la situación del diputado Máximo Kirchner, el actual ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro y otros dirigentes de La Cámpora que habían sido inicialmente llamados a indagatoria por Bonadio y luego quedaron imputados bajo la sospecha de haber violado la ley de financiamiento electoral recibiendo dinero de los bolsos de Baratta.

Di Lello cuestionó que las declaraciones de los arrepentidos en el expediente cuadernos no se hubieran filmado, como debatieron los legisladores durante la sanción de la ley y habló de las fotocopias. “En un Estado de derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, aseguró. “La prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación”, añadió.

Precisamente, Di Lello fue el fiscal que firmó el primer acuerdo de colaboración con un imputado: Alejandro Vandenbroele, el monotributista que resultó la cara visible de la compra de la quebrada imprenta Ciccone Calcográfica, a través de la firma The Old Fund. Por esa causa, fueron condenados el ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Nuñez Carmona, y fueron directamente a prisión. También se condenó al empresario Nicolás Ciccone, a un ex funcionario de la AFIP y otro de Economía, y al propio Vandenbroele, que recibió dos años de prisión. Pero Vandenbroele no fue convertido en arrepentido para ese juicio oral, sino para una causa que estaba en trámite. Días atrás, el juez Ariel Lijo decidió extraer testimonios para que se investigue si, después de esa sentencia, el Estado financió la compra de un hotel boutique en Mendoza para Vandenbroele. El caso le tocó por sorteo al juzgado de Bonadio. Ahora lo investigará Martínez De Giorgi.