En una entrevista a fondo, Ricardo Nissen, flamante titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula las sociedades y asociaciones civiles en la Capital Federal, le adelantó a Infobae cuáles serán las principales políticas en materia de control de las empresas, fundaciones y distintas figuras como los fideicomisos y los clubes de campo. “Habrá un control efectivo sobre las personas jurídicas, porque es una verdadera política de Estado", aseguró.
A lo largo de una hora de diálogo en su luminoso despacho del sexto piso del edificio de la IGJ en la Av. Paseo Colón al 200, este abogado especializado en derecho comercial y societario no dejó de responder ninguna pregunta. Aún sobre los temas que le provocan evidente irritación, como la impugnación que presentaron la ex diputada Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez por su rol de apoderado de Máximo y Florencia Kirchner como accionistas de Hotesur. También desmintió tajantemente haber “falseado” datos de libros societarios y cuestionó la sanción que recibió de un camarista comercial, a quien había denunciado ante el Consejo de la Magistratura.
De 67 años y una larga trayectoria profesional en el ámbito profesional privado, conoce la tarea porque ya ocupó el mismo cargo en la IGJ a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2005. Vehemente, es muy crítico de la gestión de Cambiemos en el organismo. “Pusieron al país en un estado de gravísimo peligro en materia de control de personas jurídicas. Fue una especie de fiesta donde se podía hacer cualquier cosa, con la constitución de sociedades en apenas 24 horas para hacer hacer cualquier tipo de negocios”, dijo en referencia a la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), a la que definió como “el símbolo del macrismo”.
Nissen se quejó por el cambio de normativa que había dejado tras su partida en 2005 y que el último gobierno modificó, especialmente, en relación a las sociedades constituidas en el extranjero. "Hoy, nuestro país es considerado en el mundo amigable para que las sociedades offshore participen del tráfico mercantil en Argentina”. Sin medias tintas, afirmó que las empresas creadas en paraísos fiscales son “absolutamente ilegales”, al tener como propósito “disfrazar quien está detrás de ellas”, “esconder patrimonio” y evadir impuestos.
También aseguró que durante al anterior gobierno “desde la IGJ hubo persecución política”. Y en ese sentido advirtió: “Hay muchísimas fundaciones que eran de otro color político que el Instituto Patria y no le revisaron nada, ni siquiera las visitaban”. Por último, reivindicó la incorporación de la ex procuradora durante el kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó, como su asesora en la IGJ, por su experiencia jurídica en el “combate contra el fraude y el ilícito societario”.
-Vuelve a la IGJ después de haber estado entre 2003 y 2005. ¿Por qué se fue en ese momento?
-Acepté porque venía con una historia familiar con relación al control de las sociedades, ya que mi padre había sido juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Registro entre 1958 y 1974. Me crié en un ambiente jurídico en mi casa y me dediqué al derecho societario. Y en 2003 se dio la oportunidad cuando el Dr (Gustavo) Béliz (entonces ministro de Justicia) me ofreció el cargo de inspector general de Justicia. Acepté porque había mucho para hacer. En ese momento había muchas interpretaciones en la ley de sociedades comerciales. Era necesario que la IGJ, como organismo de reglamentación de la ley de sociedades, interviniera en cuestiones muy controvertidas y polémicas.
-¿Por qué se fue en el 2005?
-Le había dicho al Dr. Béliz que yo no podía estar más de dos años, porque tenía un estudio jurídico del cual yo era el alma máter y fundador, y tenía miedo que mi labor en la IGJ opacara un lugar donde trabajaban 20 personas. Hice todo lo que tenía que hacer y en noviembre del 2005 sacamos la Resolución 7/2005 y recopilamos la enorme cantidad de jurisprudencia que habíamos elaborado. La IGJ tenía ya normas modernas que podían ser aplicadas para evitar que las sociedades offshore y muchos negocios turbios pudieran tener patente de legalidad. Ya habíamos tomado las medidas necesarias para combatirlas y consideré cumplido mi ciclo, con las cosas ya encarriladas. Pero no me fui peleado con nadie. Eso quiero que quede bien claro. Al contrario, yo estaba en óptimas relaciones con el Ejecutivo.
-¿Y por qué aceptó ahora estar al frente de la IGJ nuevamente?
-Porque las cosas que pasaron entre el 2016 y el 2019 pusieron al país en un estado de gravísimo peligro en materia de control de personas jurídicas. Fue una especie de fiesta donde se podía hacer cualquier cosa en materia de constitución de sociedades, en apenas 24 horas, para hacer hacer cualquier tipo de negocios. Hicieron todo lo que nosotros habíamos combatido hace 20 años para hacer de una sociedad comercial, un instrumento completamente transparente para que los socios ganen plata, pero también para que los terceros estén protegidos. Todas esas normas de protección habían sido desvirtuadas de un plumazo durante el gobierno de Cambiemos, y me pareció que había que poner orden un poco. Y me siento capacitado para estar acá.
-¿Qué impronta le quiere dar a su gestión?
-Habrá un control efectivo sobre las personas jurídicas, porque es una verdadera política de Estado. Hemos tenido una pésima experiencia en los últimos años. Por ejemplo, con fundaciones y asociaciones que no se dedican al bien común o el fin para el que fueron constituidas, sino que son personas jurídicas falsas dedicadas a la evasión impositiva, solo receptoras de inmuebles para evitar que el dueño verdadero pueda actuar a cara descubierta. También, hay muchas sociedades que se constituyen en 24 horas para tener una actuación legítima, ya sea en materia societaria, en material concursal o laboral. Ni que hablar de las sociedades offshore…
-Usted es particularmente crítico de las firmas creadas en paraísos fiscales…
-En 2018, se derogaron desde la IGJ todas las normas de protección que habíamos dictado. Habíamos prohibido en la Ciudad de Buenos Aires la inscripción de sociedades offshore registradas en guaridas fiscales, y la anterior gestión modificó todo lo que habíamos puesto para proteger a los terceros (se refiere a la Resolución Nº 6/2018 que flexibilizó los requisitos y trámites para las sociedades constituidas en el extranjero).
-¿En su gestión se prohibió el registro en Capital de filiales locales de una offshore?
-Las offshore que querían instalar una sucursal en la Argentina, normalmente no tenían casa matriz en la jurisdicción en el exterior donde fueron creadas. Nosotras las habíamos prohibido en 2005 con el lógico argumento de que si tenían prohibido actuar en su país de origen, por qué nosotros teníamos que recibirlas acá. Todo eso en el 2018 fue derogado y, hoy nuestro país es considerado en el mundo amigable para que las sociedades offshore participen del tráfico mercantil en Argentina.
-En la audiencia pública previa a la designación de Carlos Cruz para ser titular de la UIF, dijo que eran “guaridas fiscal para cometer delitos”. ¿Por qué?
-Absolutamente. Las conocí como abogado en los 90s cuando aparecieron sociedades que empezaron a usar empresarios para poner sus casas en el country o sus autos a nombre de esas firmas constituidas en guaridas fiscales. Para tener una offshore no hace falta viajar a las Islas Niue, Seychelles o Bahamas. Las venden acá las escribanías y distintos estudios contables, y las recomiendan mucho los estudios jurídicos que están en la City porteña y en Puerto Madero. Es de interés nacional que los bienes que alguien tiene, estén en su patrimonio particular a su nombre, como establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Está violando ese principio cuando una persona dueña de un casa o participaciones accionarias importantes se disfraza detrás de un nombre de una sociedad constituida en una guarida fiscal. Si tres argentinos explotan una actividad en la Argentina, pero están detrás de una sociedad que envía sus remesas al exterior, pagan bajos o nulos impuestos, y reparten la plata en esa guarida fiscal y a eso lo llaman “planificación fiscal”, es mentira. Es ilegal.
-Pero muchos dicen, en su defensa, que tener una offshore no es ilegal en sí...
-Son absolutamente ilegales. Que vayan a leer el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Sociedades. El artículo 19 de esta norma dice que son nulas las sociedades objeto de lícito que realizan actividades ilícitas. Y el 124, que una sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en el país o su principal objeto esté destinado a cumplirse acá, será considerada como sociedad local para la aplicación de normas argentinas. Y el Código Civil y Comercial dice que las sociedades disimuladas son nulas, porque nadie se puede esconder detrás de una sociedad ya que es de interés nacional que la gente sepa con qué patrimonio cuenta una determinada persona a los efectos que pudieran corresponder.
-¿O sea que si una empresa creada en un paraíso fiscal quiere abrir una filial en Argentina, debe empezar a pagar impuestos acá?
-Una sociedad que viene a la Argentina y no tiene casa matriz en la guardia fiscal es una actividad ilícita, y por lo tanto lo que corresponde es su nulidad o su nacionalización. Algo que se hizo mucho entre el 2003 y el 2005. Venía el interesado y nos decía: el contador me recomendó que ponga mis bienes a nombre de una sociedad creada en un paraíso fiscal para evitar pagar impuestos al patrimonio. Y eso está prohibido. Si es una sociedad fue constituida afuera por argentinos que viven en Argentina, debe pagar impuestos en Argentina. O sea, que argumentos legales sobran para declararlas ilícitas. Vamos a aplicar las norma que aplicamos en 2003.
-Además de en las sociedades offshore, ¿en qué otras áreas pondrá el foco?
-En las SAS, las Sociedades de Acciones Simplificadas, que son el símbolo del macrismo: poco o ningún control, sociedades sin dinero que se pueden dedicar a cualquier cosa, y pueden constituirse en 24 horas. Esto es el aporte del macrismo al derecho societario argentino. Porque si usted quiere tener una sociedad en 24 horas, con un objeto social amplísimo, con un capital que son dos sueldos mínimos y limitar la responsabilidad a ese aporte, sin ningún control, es el Viva la Pepa. Es un fraude porque usted le está trasladando los riesgos a una persona que nunca va a poder cobrar un crédito. No podemos tolerar esto. Lo natural es que si usted quiere tener una sociedad, se junte con sus socios, discutan el contrato que van a firmar y definan a qué se va a dedicar. Una sociedad en 24 horas es todo mentira.
-¿Cuál es la tarea de control efectivo de la IGJ sobre las sociedades y la documentación que presentan? Porque una empresa o asociación civil pueden presentar documentación adulterada...
-La IGJ siempre tuvo un buen equipo que revisa el estatuto de una sociedad y veo si alguna cuestión ilícita, más allá de que los contadores y abogados que participan de la constitución tienen que hacer un pre-control. Hay un departamento contable donde se revisan los balances y si incumplen la normas, se les pone una multa.
-O sea que sí hubo un control por parte de la IGJ en los últimos años…
-En estos últimos cuatro años, todos esos controles se han relajado muchísimo y no se controló nada. Y eso implicó un desánimo en las personas que trabajan acá, porque no hay nada peor que trabajar en un organismo de control que no controla nada. Volviendo a las SAS que creó el macrismo, por ejemplo, no están obligadas a presentar los balances, lo cual es una locura. Porque si usted contrata con una de estas sociedades, no tiene manera de conocer los números de esta sociedad y saber si les van a pagar las deudas.
-Bueno, pero hubo multas…
-Las multas es un tema que hay que cambiar, porque usted la fija pero para que luego el Ministerio de Justicia la actualice, pasa mucho tiempo. Y terminan siendo un monto inferior a la cena de dos personas. Tiene que ser una suma significativa que a la gente le cueste pagar.
-Una de las multas que se hizo pública fue al Instituto Patria por negarse a presentar el listado de sus socios y así justificar sus ingresos...
-Ese es otro tema, ahí hubo una persecución política muy grave.
-¿Usted cree que durante el gobierno de Cambiemos desde la IGJ hubo persecución política?
-Desde ya. Hay muchísimas fundaciones que eran de otro color político que el Instituto Patria y no le revisaron nada, ni siquiera las visitaban. Las de este color político las sometieron a un control lindante con el abuso del derecho.
-Cuando se supo que iba a estar a cargo de la IGJ, hubo quienes lo cuestionaron por haber sido apoderado de los hijos de Cristina Kirchner en Hotesur...
-No querría degradar esta charla técnica con opiniones interesadas que provienen de un sector que todos sabemos de quién se trata, y que tiende a evitar que la IGJ cumpla su rol de control exhaustivo sobre las personas jurídicas. Que la IGJ evite a partir de ahora tener sociedades detrás de cual ocultarse, es algo que le molesta a determinada clase empresaria. Y hay determinados medios que se hacen eco de esas críticas que son absolutamente irrelevantes. Nadie debería preocuparse de que yo haya sido abogado de Máximo y Florencia Kirchner, porque yo no controlo personas físicas. Esos comentarios son tan paupérrimos, tan tendenciosos que no vale la pena responderles. Le explico porque usted me lo preguntó.
-¿Pero usted no era apoderado de Hotesur?
-No, no fui apoderado de Hotesur nunca. Eso quiero aclararlo para que no circule en las noticias sin que nadie lo chequee. Hacia fines del 2017, se planteó un problema en Hotesur porque terminaban su mandato los directores y no había autoridades que quisieran aceptar ese cargo. Nadie quería porque la familia Kirchner, en ese momento, estaba sujeta a persecuciones permanentes, y asumir el cargo de director era tomar un compromiso muy grave, porque sabía que se lo sometía a estar extremadamente controlado y posiblemente sancionado. Entonces, yo junto a un grupo de abogados, recomendamos pedir al mismo juez penal que intervenía, (Julián) Ercolini, que designara un administrador, y con eso se terminaban los problemas. Ercolini designó un interventor y así fue. Hoy es administrada perfectamente por un interventor judicial y no se encontró ningún movimiento raro, ni se hizo ninguna denuncia. Es absolutamente transparente.
-¿Y cuál era su rol como abogado de Máximo y Florencia Kirchner?
-Para ir a esa asamblea donde se iba a designar el interventor judicial y debían comparecer los accionistas, yo fui autorizado por Máximo y Florencia a concurrir en nombre de ellos. Aparte, por otro lado, yendo al ridículo de esta crítica, todos los abogados comercialistas somos abogados de sociedades y para dirigir la IGJ se necesita un abogado que sepa de sociedades. El hecho de que uno sea apoderado de una sociedad, no debería ser motivo para que no pueda ser titular del organismo. Si no, deberían derogar el requisito de que solo un abogado pueda ser inspector general de Justicia.
-Y en el caso de que entrara un trámite de Hotesur a la IGJ, ¿qué va a hacer?
-Tendría que abstenerme de intervenir y el Ministerio de Justicia tomar medidas al respecto. No voy a delegar la firma, como dijo una famosa persona que estuvo en la Oficina Anticorrupción (por su ex titular Laura Alonso). Sencillamente, declaro que no puedo intervenir y lo elevo al Ministerio de Justicia para que decida quien interviene. Probablemente, un organismo similar -como el Registro de la Propiedad Inmueble- o un director nacional con el mismo rango.
-Como titular de la IGJ, tiene incompatibilidades similares a las de un juez, ¿no?
-A las de un camarista. Es muy difícil que desde la IGJ se tienda a beneficiar a alguien desde el punto de vista de control. Pero supongamos que yo asesoré a una sociedad -ahora pedí la suspensión de mi matrícula de abogado en el Colegio de Abogados y no puedo seguir haciéndolo- si entra algo referido a esa sociedad, me tengo que abstener de intervenir. Lo mismo si entra un trámite de una sociedad con la que pude haber tenido un pleito.
-Y si hay un pedido de la Justicia a la IGJ respecto de una sociedad con la que usted tuvo algún tipo de vinculación ¿qué hará?
-Yo tengo que acatar el pedido de la Justicia y mandarle todo, como hicimos entre 2003 y 2005. En ese momento no era abogado de Hotesur, ni de Máximo ni de Florencia Kirchner. No lo voy a poner en la caja fuerte. Soy integrante del Tribunal de Disciplina de Colegio Púbico de Abogados de la Capital. Todo el mundo sabe cuál es mi integridad, lo que pienso en materia de ética y quién soy yo. Él que lee una noticia que aparece en algunos medios, debería saber de quién viene. Porque se ensucia muy fácilmente a la gente. Tengo toda una trayectoria y la voy a cuidar hasta que muera.
-La ex diputada Margarita Stolbizer junto con la abogada Silvina Martínez, -que trabajó en la IGJ- impugnaron su designación ante el Ministerio de Justicia con el argumento de que fue sancionado el año pasado por la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial por presentar actas societarias adulteradas a la Justicia...
-Es absolutamente ridícula esa acusación y una total mentira. En el marco de un delito societario en el que yo intervine contra la librería Huemul, defendí a una persona que invocó el carácter de accionista mayoritario, que nos trajo los libros que tenía en ese momento. Esto generó un pleito penal y comercial, y yo intervine en defensa de una de las partes. El juicio se resolvió en contra de los intereses de mi cliente y un juez intentó sancionarme a mí y a un socio de mi estudio, diciendo que deberíamos haber desistido del juicio comercial cuando salió la pericia en sede penal.
-La impugnación hablaba de documentación que había sido falseada…
-No, no hubo alteración de nada. Yo tengo un nombre y un prestigio. Dicen cualquier cosa. El juez no puede ordenar de que yo desista de un juicio comercial luego de una pericia en sede penal. A tal punto que lo cuestioné porque los jueces no tienen facultades para sancionar a los abogados. El único que tiene esa potestad es el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados -en el que pedí licencia-, que es el que ahora deberá juzgar mi conducta. Aunque la Oficina de Acusación del Colegio ya rechazó la denuncia que hizo la persona que ganó el juicio, y ahora el tema va a estudio del Tribunal del Colegio Público de Abogados. Al juez que me sancionó yo lo había denunciado en dos causas en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño.
-¿Quién fue?
-(El camarista Juan) Garibotto. Lo había denunciado junto con sus tres colegas. Son pequeñas venganzas.
-Le cambio de tema. En Argentina no existe aún un Registro de Beneficiarios Finales de las empresas, ni en la Capital Federal ni a nivel nacional. ¿Desde la IGJ planea avanzar en ese sentido?
-Es una deuda que vamos a saldar, inmediatamente. Me estoy poniendo a trabajar en eso.
-Otro déficit es que los Registros de sociedades de cada provincia no están conectados...
-Es otro tema a resolver. En 2005 creamos un Registro Nacional de Sociedades por Acciones, pero el problema está en que lesiona un poco las autonomías provinciales y para eso tiene que haber una ley convenio. Algunas provincias en ese momento adhirieron y otras no. Pero es nuestro anhelo que el control de sociedades extranjeras no sea solo para la Capital, sino también en todo el país, para evitar el fraude interjurisdiccional. Porque las sociedades se constituyen en otra provincia al no poder hacer en la Ciudad de Buenos Aires, y si nosotros lo detectamos, haríamos la denuncia para que un juez la declare nula.
-¿Cuáles son otras deudas pendientes?
-Hay varias, además del combate a las SAS, también vamos a mirar a los clubes de campos, que nunca se han adaptado el régimen de propiedad horizontal que prevé el Código Civil y Comercial y que es mucho más justo. Han pasado ya cinco años, y ningún club de campo lo hizo.
-¿Qué régimen adoptaron?
-Asociaciones bajo forma de sociedad. Es un engendro para darle un marco jurídico allá por la década del ’70 y todos los clubes de la Provincia adoptaron este criterio híbrido. Para terminar con eso y evitar abusos por parte de los emprendedores y dueños de tierra, el Código Civil y Comercial impuso que deben someterse al régimen de propiedad horizontal. Pero casi nadie quiso adoptarlo porque dicen que es muy caro y perjudica al dueño del terreno o a los emprendedores porque tienen que pagar expensas. Vamos a intervenir en este tema para que se puedan inscribir en un plazo razonable.
-Pero los clubes de campo están en la Provincia de Buenos Aires. ¿Tiene previsto interactuar con Inspección General de Personas Jurídicas bonaerense?
-Están en Provincia pero muchos se inscribieron en Capital. Sí, por supuesto. Vamos a ir a todas las provincias para intentar tener un régimen único. Esto es de política nacional, no de la Capital Federal. También tenemos que ver el tema de los fideicomisos.
-¿Los fideicomisos están bajo control de la IGJ?
-Los fideicomisos son otra maniobra que se usa para que una persona disfrace la tenencia o titularidad de bienes, y realice actividades disfrazados de terceros para evitar responsabilidades sobre su patrimonio. Es un tema también que vamos a reglamentar porque queremos hacer un control muy estricto de fideicomisos. El Código Civil y Comercial dice que deben inscribirse en el Registro Público. Y la IGJ es el Registro Público de Comercio.
-¿Va a tener a Alejandra Gils Carbó como asesora?
-Sí, va a asesorar a esta gestión.
-¿Cuál va ser su rol?
-No se olvide que es una persona que conoce mucho de Derecho. Su experiencia como camarista en la Cámara Civil de la Capital Federal estuvo nutrida de dictámenes muy destacados, muchos contra las sociedades offshore. Es una luchadora contra el fraude societario. Luego fue Procuradora, así que le sobran antecedentes, pergaminos y conocimientos jurídicos para venir a asesorar a un lugar que le gusta mucho, porque estará en lo suyo, el permanente combate contra el fraude y el ilícito societario.
-¿Va a ser personal contratado de la IGJ?
-Si como cualquiera de mis asesores, tendrá un contrato.
-¿Va a traer a alguien más que lo haya acompañado en su anterior paso por la IGJ?
-Sí, volvió Hugo Rossi, que me sucedió en 2005, y tiene una enorme experiencia en la casa desde la década del ‘70, hasta el 2006 que renunció. También el abogado civilista, de los mejores del país en materia de contratos de sociedades y fideicomisos, Manuel Cuño Rodríguez, y un abogado joven promisorio en materia societaria, Darío De León. Al frente de la Dirección de Entidades Civiles volverá Luis María Calcagno, que conoce el tema como nadie, es de una integridad absoluta, y totalmente proclive a la política oficial que tendremos de ayudar a los clubes de barrios para que puedan brindar la actividad que desarrollan.
-¿Cómo encontró al organismo?
-(duda sobre qué palabra usar antes de responder) En estado insatisfactorio. La gente muy disconforme y desilusionado por no se controlaba nada. No tenemos la biblioteca que desapareció, los libros estaban tirados por todos lados, cuando un organismo técnico no puede no tener biblioteca. La Oficina de Lavado emitió montones de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por aumentos de capital, por ejemplo, y ninguno fue contestado por la UIF a cargo de (Mariano) Federici. La respuesta era que estaban detrás de las maniobras que venían de Venezuela o de Hezbollah.
-¿Quién va a estar cargo de la Oficina de Lavado bajo su gestión?
-Le puedo adelantar el nombre pero aún no salió la designación, que debería estar el lunes. Va a ser Gerardo Ganly, un especialista en el tema.
(NdeR: Ganly fue uno de los veedores de la IGJ en las polémicas elecciones presidenciales de la AFA de diciembre de 2015, en la que hubo un empate en 38 votos, sobre un total de 75 asambleístas)
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