Sobre el final del kirchnerismo y durante la gestión de Cambiemos, el juez Claudio Bonadio fue protagonista de las principales causas de corrupción durante la era K. En los últimos cuatro años, procesó a la actual vicepresidenta en las causas de dólar futuro, Los Sauces y Cuadernos, entre otras. Pero también mandó a juicio otros expedientes menores como la cartelización de la obra pública y la causa contra Cristina Kirchner por el uso de aviones para trasladar muebles en el Tango 01.
A fines de diciembre, en una de sus últimas decisiones, Bonadio elevó a juicio oral y público la investigación por la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, una de las causas desprendidas del caso que se inició por las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Fueron a juicio 52 personas, entre las que se encuentran la ex presidente y actual vicepresidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner. Están acusados -y por eso irán a juicio oral y público- del delito de cohecho pasivo cometido en 174 ocasiones. A Kirchner, De Vido y López se los considera coautores; Clarens fue acusado en calidad de partícipe necesario.
También sobre el filo de la feria judicial, el magistrado elevó a juicio oral la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), por la que se encuentran procesados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros ex funcionarios K. En ese expediente se determinó que el kirchnerismo importó sin licitación pública buques con GNL por 15 mil millones de dólares. La causa, que había arrancado en 2015 por una denuncia del ex senador de Cambiemos Federico Pinedo y el abogado peronista Juan Mussa, solo abarcó una parte de esos embarques.
Unos días antes, el juez también decidió clausurar la investigación y elevar a juicio oral la causa por las coimas que habrían pagado los empresarios a cargo de los corredores viales. Serán juzgados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Claudio Uberti, quien reveló como arrepentido la maniobra, y varios empresarios. En cambio, la ex presidenta Cristina Kirchner quedó afuera de la causa cuando fue sobreseída por la Cámara Federal.
La causa del “dólar futuro” arrancó a fines de 2015, durante los últimos días de la gestión de Cristina Kirchner, a partir de una denuncia de Federico Pinedo y Mario Negri, entonces jefes de los bloques del PRO y UCR, con el asesoramiento técnico de Alfonso Prat-Gay. En marzo de 2017, Bonadio elevó el expediente a juicio oral y público, que todavía sigue sin fecha. Cristina Kirchner fue procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
El magistrado entendió que cometió el delito de fraude, al ordenar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio muy por debajo del mercado, una situación que -tras la devaluación que sinceró el tipo de cambio- obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato, lo que provocó una millonaria pérdida para el fisco.
En esta causa también están imputados el actual gobernador Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y el integrante del directorio del Banco Central Pedro Biscay, entre otros.
Un año después, en marzo de 2018, Bonadio cerró la investigación por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Entre los acusados estaban la actual vicepresidenta y otras 11 personas, entre ellas el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. Era el segundo juicio para Cristina Kirchner.
Los acusados fueron procesados por Bonadio por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. La Cámara Federal confirmó los dos últimos delitos, revocó la traición a la patria y sumó el de abuso de autoridad.
Bonadio fue el primer juez de la causa Hotesur, que comenzó en el final del mandato de Cristina Kirchner con un allanamiento en la sede de la empresa que administraba el Hotel Alto Calafate. Pero estuvo pocos meses a cargo de ese expediente. En julio de 2015, luego de otros procedimientos en el Sur, la Sala I de la Cámara Federal lo apartó ante un pedido de nulidad hecho por la defensa de Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner.
El juez criticó aquella decisión como “apresurada”. “Encontramos documentos, balances y poderes que por sí mismos, como hecho aislado, no significan nada. Pero lo que tenemos que ver es si no están enhebrados a un hilo que se refiere a movimientos ilegales, a flujos financieros entre las empresas”, puntualizó sobre los allanamientos.
En septiembre del año pasado, Bonadio también elevó a juicio la causa de los cuadernos de las coimas, el expediente de corrupción más trascendente de los últimos años. Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales” y se le atribuyeron 28 hechos de cohecho pasivo.
Junto a la actual vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y como miembro de la asociación el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios. Bonadio volvió a pedir el desafuero de la senadora para arrestarla con prisión preventiva. Pero nunca se concretó.
La causa de los cuadernos derivó en otros expedientes menores como el que terminó procesando a la ex presidenta por el uso de aviones presidenciales para uso particular. Los pilotos declararon que en las aeronaves de la flota oficial se trasladaron muebles y objetos que tuvieron como destino final los hoteles de la familia Kirchner.
“Esa circunstancia aleja la posibilidad de cualquier justificación que se le pudiera dar, aún aquella que se ensayó respecto de que había vuelos que debían salir sí o sí y cuyo recorrido podía aprovecharse para el traslado de elementos claramente alejado de las necesidades del Gobierno Nacional”, escribió en su voto el juez Mariano Llorens cuando la Cámara confirmó los procesamientos.
Sin embargo, el tribunal rechazó procesarlas por el hecho de que se hiciera llevar los diarios y resúmenes de prensa a Río Gallegos o El Calafate en los mismos vuelos. Los jueces entendieron que ese material periodístico era atinente a sus funciones y que, en todo caso, pudo haber constituido una falta ética.
En abril de 2017, Bonadio firmó el procesamiento dictado contra Cristina Fernández de Kirchner por los negocios realizados a partir de la sociedad familiar Los Sauces, que tenía como principales clientes a las firmas de los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez. Del total de los ingresos en concepto de alquileres de Los Sauces -en el período analizado en la causa- lo aportado por López y Báez superó el 80 por ciento.
En esa misma resolución, el juez determinó que el caso debía sumarse a la investigación que tenían en ese entonces el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita en la que se analiza el negocio de la obra pública vial recibida por Báez y el Caso Hotesur.
En el último año, Bonadio cerró la instrucción en la mayoría de los expedientes trascendentes a su cargo, pero también dejó otros abiertos como el caso del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez, que fue procesado por lavado de dinero. El juez ligó sus movimientos de dinero a la causa de los cuadernos y a los bolsos que recibió Daniel Muñoz.
En 2011, Bonadio había sobreseído a Fabián Gutiérrez y a otros ex secretarios investigados por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en 2017, la UIF lo denunció por lavado y enriquecimiento. El caso estuvo en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, hasta que estalló el caso de las anotaciones de Oscar Centeno y el expediente pasó bajo la órbita de Bonadio.