Cristina Kirchner rechazó una ejecución fiscal que había impulsado la AFIP de Macri y volvió a denunciar que es víctima de lawfare

La vicepresidenta Cristina Kirchner informó en sus redes sociales que realizó una presentación en el juzgado federal de Río Gallegos, junto a un escrito ante la AFIP, en donde niega haber incurrido en irregularidades fiscales durante 2017. Por esa situación, la AFIP le ejecutó deuda de tres períodos fiscales y le aplicó una fuerte multa. La ex jefa de Estado explicó que esas presuntas irregularidades se activaron justo cuatro días después de que se convirtiera en senadora, que nunca fueron le fueron notificadas y que incluso hubo una orden expresa por parte del organismo de no tomar contacto con ella, la contribuyente.

A la par del planteo técnico, la ex jefa de Estado aseguró que la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri actuó como “un grupo de tareas” en coordinación con sectores de la Justicia para armar una juicio de ejecución fiscal en contra de su persona. “Una perlita -agregó la ex presidenta-: al ‘procedimiento’ clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Aunque sean un poco extensos, leanlos… Vale la pena”, aseguró al difundir sus escritos.

Bajo la consigna para los que “todavía no creen en la existencia del lawfare”, la ex jefa de Estado habló de la “hostigamiento” en su contra, incluso en su condición de mujer, y apuntó contra el “sicario” Claudio Bonadio. “La magnitud del hostigamiento que vengo sufriendo desde hace años excede ya la cuestión exclusivamente política y permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas de este país, sometiéndome determinados integrantes del Poder Judicial de la Nación a tratos verdaderamente inhumanos, que violentan el derecho a mi integridad física y moral, el derecho a mi libertad y seguridad personal, el derecho a que se respete mi dignidad y que se proteja a mi familia, mi derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley",dijo.

"Si se me permite, podría agregar el dato de haber sido sometida por sicario judicial Claudio Bonadio a ocho indagatorias en un mismo día”, añadió. “Para ser más precisos, durante la mañana del 25 de febrero de 2019, 69 aniversario del nacimiento de mi esposo y padre de mis hijos: Néstor Carlos Kirchner. Tampoco ello fue casualidad. El mismo Juez, el día 14 de julio de 2015 allana en la ciudad de Río Gallegos las oficinas de Máximo Kirchner con el consiguiente estrépito fori. Ese día, su hijo Néstor Iván, mi nieto, cumplía cuatro años. Aún recuerdo el temor de su madre que allanaran la casa durante el cumpleaños de la criatura. En fin…”, escribió.

Entre las diligencias que pidió, la vicepresidenta pidió librar oficio al juzgado de Bonadio “a los efectos de obtener la totalidad de la documentación contable de nuestra familia que fuera secuestrada en el marco de las diversas causas armadas por el titular de ese juzgado, Claudio Bonadio, en los múltiples allanamientos realizados tanto en la oficina de mi hijo, Máximo Kirchner, como en la de quien fuera nuestro contador, Víctor Manzanares, que por obvias razones contaba con toda la información y documentación y quien fuera privado de su libertad en la fecha” en julio de 2017.

“De manera insólita, jueces con competencia penal se tomaron la atribución de intervenir todas las sociedades familiares y también la sucesión del Dr. Néstor Carlos Kirchner, colocando tales patrimonios en manos de interventores judiciales que dejaron de pagar impuestos correspondientes a sus administraciones para posibilitar luego que la AFIP pudiera reclamar no solo estos impuestos sino también intereses resarcitorios y punitorios, costas y honorarios para sus abogados”, afirmó.

El foco de esta presentación judicial, que se hizo en Río Gallegos, buscó anular una ejecución fiscal. Según explicó, Cristina Kirchner fue notificada el 17 de diciembre último, cuando ya se había convertido en vicepresidenta, de la intimación de un pago como “consecuencia de un proceso anterior de determinación de oficio iniciado contra la suscripta por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, referido al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2011, 2012 y 2016”.

“Hasta antes de la notificación del mandamiento no se tenía conocimiento siquiera de la existencia de ese proceso de inspección y determinación de oficio contra esta parte, a punto tal que recién el día 07.01.2019 se presentó un pedido de vista ante AFIP para conocer de qué se trataba -explicó-Por lo que surge de los actos administrativos que recién he conocido con posterioridad a la notificación del mandamiento de intimación de pago, ese proceso ante AFIP se habría iniciado por requerimiento de la Fiscalía Federal de Río Gallegos en el marco de la causa n° 9958 caratulada Averiguación presunta infracción Ley 24.769, y que tramitó bajo los Sumarios números S/431/018/2018 y S/431/021/2018 del registro de AFIP, en el que puntualmente se le ordenó al Organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio contra mi persona, lo cual viola expresamente las normas reglamentarias de AFIP que establecen los criterios de selección de contribuyentes a ser fiscalizados", señaló.

"Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente, con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia”, sostuvo.

La ex jefa de Estado no solo rechazó esas irregularidades y advirtió que su ejecución es nula porque nunca fue notificada para poder explicarlas. A lo largo de más de 70 páginas, Cristina Kirchner aprovechó esta circunstancia para reforzar que durante de Macri se llevó adelante una persecución política en su contra, a través de la justicia, los medios de comunicaciones y diversos organismos oficiales, como la AFIP.

“En efecto, a partir del 10 de diciembre de 2015 se desató una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia, en la cual distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional desplegaron un accionar coordinado para ocasionar perjuicios. Así, en primer lugar, por iniciativa de funcionarios y/o personas afines al anterior gobierno se dio inicio a una multiplicidad de causas penales en el marco de las cuales se dispusieron procesamientos y medidas cautelares de naturaleza personal y patrimonial”, sostuvo.

En ese marco, la compañera de Alberto Fernández en el Ejecutivo advirtió: “sostengo que V.S. no debiera ser parte a través de este juicio ejecutivo del accionar ilegal que distintas dependencias del Estado vienen llevando sobre mi persona y mi familia”.

Según sostuvo, “en casi todas estas causas el Poder Ejecutivo de la Nación se constituyó como parte querellante a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se llevaron a cabo reuniones con distintas áreas técnicas para que estas acciones de hostigamiento también alcanzaran a mis familiares más directos”.

Y añadió que “también es de destacar que desde el Ministerio de Seguridad se filtraron vistas fotográficas e imágenes de procedimientos judiciales que debían haber sido estrictamente reservados, siempre con el propósito de ocasionar perjuicios”. “ En esa misma línea, se dieron a publicidad conversaciones telefónicas obtenidas ya sea de manera clandestina o en el marco de procesos judiciales en los que no tenía ni tengo relación alguna, siendo procesalmente irrelevante el tenor de las conversaciones que fueron ilícitamente registradas y luego divulgadas”, dijo.

La vicepresidenta aseguró: “Merece una especial mención el comportamiento seguido por funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los cuales promovieron procesos ejecutivos irregulares en contra de mis hijos, reclamándoles el pago de tributos por bienes de los que habían sido despojados, generándose así la insólita situación de que desde el propio Estado se generaba su imposibilidad de atender obligaciones impositivas y luego el mismo Estado los ejecutaba por el no pago de esos tributos”.

“Y este mismo proceso ejecutivo es la muestra cabal de todo cuando vengo relatando: mediante una ilegal orden impartida por una Fiscalía federal se le ordena a la AFIP el inicio de una verificación, prohibiéndole al Organismo tomar contacto con esta contribuyente, no se me ha notificado de absolutamente nada, se me ha vedado la posibilidad que como ciudadana y contribuyente tengo de participar de la inspección, de ofrecer pruebas, de aportar datos, de dar crédito a mi buena conducta como contribuyente, de desvirtuar las infundadas presunciones en las que se basa el ajuste, de poder recurrir los actos administrativos, de poder impugnar ante la justicia no sólo el ajuste sino la millonaria multa de carácter penal que infundadamente se me ha impuesto en la sede administrativa, etc., etc.”

Por último, Cristina Kirchner planteó: “Para incrementar el ahogo financiero, el Poder Ejecutivo de la Nación también me privó de la pensión que me correspondía en su carácter de ex Presidenta del a Nación".