Negociaciones secretas por Malvinas y venta de armas: las relaciones estrechas de Margaret Thatcher con la dictadura argentina antes de la guerra

En un club privado de Londres, tomando el té en una vajilla exquisita, la historiadora Grace Livingstone se sorprendió cuando un ex ministro de Margaret Thatcher le dijo:

—No pensamos mucho en las violaciones a los derechos humanos.

Se refería a lo que sucedía en Argentina durante la dictadura, mientras la primera ministra mantenía cordiales relaciones diplomáticas y hacía negocios con ella, al punto que tres días antes de que comenzara la Guerra de Malvinas, un funcionario intentó venderle armas a la aeronáutica.

—Era la Guerra Fría —le recordó el hombre.

La profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge quedó impresionada por la franqueza del ex funcionario. Pensó que esas declaraciones serían fundamentales para su libro sobre las relaciones estrechas de la entonces primera ministra británica con un gobierno militar que sembró un país de centros clandestinos de detención y que luego, en un acto cuya motivación política todavía se discute, usó las mismas armas que le había comprado a los ingleses para combatirlos en el Atlántico Sur, ignorando sus propuestas secretas de un acuerdo de entrega de la soberanía de las islas a cambio de un arrendamiento posterior a largo plazo.

“Pero cuando le escribí luego, para pedirle permiso para citar sus palabras exactas, se negó”, siguió Livingston su relato sobre el ex funcionario conservador.

Dado lo difícil que es obtener registros fieles de la memoria, sea por el paso del tiempo como por la necesidad de los políticos de presentar su mejor perfil a la historia, Livingstone recurrió a los registros contemporáneos: es decir, los documentos que antes, durante y poco después de la guerra de 1982, el gobierno conservador clasificó como secretos. Así, en los Archivos Nacionales, nació su libro Gran Bretaña y las dictaduras de Argentina y Chile, 1973-1982, que dos años después de su salida se reeditará en marzo en el Reino Unido.

“No sólo brindan la descripción más completa de la venta de armas británicas al régimen, lo cual presenta pruebas de que los ministros violaron sus propios criterios sobre derechos humanos, sino que también traza los lazos politicos y militares entre Gran Bretaña y la junta. Ni el gobierno laborista ni el conservador impusieron sanciones al gobierno militar antes de la invasión de las islas Malvinas en 1982. Ambos promovieron el comercio y vendieron armamento que luego se utilizó contra las fuerzas británicas", sintetizó la autora.

Se suponía que, luego de que en 1979 -tardíamente si se piensa que la ola de golpes militares en el Cono Sur comenzó en 1973- la corona impusiera normas que restringían la venta de armas, se podían negar permisos de exportación cuando se creyera que los productos británicos “se podían usar en la represión interna o representaban una amenaza para las islas Malvinas”.

De hecho, se negaron algunos. Pero no los más importantes: “Las órdenes potencialmente más grandes se aprobaban porque el Ministerio de Asuntos Exteriores quería promover las exportaciones británicas, del mismo modo que quisieron los ministros laboristas y la conservadora”.

¿El resultado? "Parte de este equipo militar se desplegó luego contra las fuerzas británicas en la guerra de Malvinas, incluidos dos destructores Tipo 2, helicópteros Lynx y misiles tierra-aire Sea Dart”.

Pinochet es fascista, los argentinos son raros

El peronismo es un factor clave en las diferentes perspectivas que los británicos tuvieron ante el dictador Augusto Pinochet en Chile y ante los militares que tomaron el gobierno en Argentina, con una junta inicial conformada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. Mientras el arco del centro a la izquierda criticaba el derrocamiento de Salvador Allende, “el Partido Laborista consideraba que el peronismo era similar al fascismo y no lamentaba la destitución del gobierno corrupto y represivo que encabezaba la viuda de Juan Perón”, explicó Livingstone.

Es cierto que los gobiernos laboristas que gobernaron el Gran Bretaña entre 1974 y 1979 fueron débiles y necesitaban de una delicada trama de alianzas, pero también lo es que Chile “se percibía como un caso transparente de un gobierno socialista elegido democráticamente expulsado por un dictador fascista” mientras que “el movimiento laborista apenas advirtió el golpe en Argentina en 1976”.

Otra diferencia clave, subrayó, fue que “el Partido Comunista Argentino no se opuso al golpe; esto desorientó al Partido Comunista Británico, que había sido una fuerza de importancia en la Campaña de Solidaridad con Chile”. Como la Unión Soviética era “un importante socio comercial de la junta militar argentina”, la confusión se extendió también a quienes no profesaban fe en Moscú. "Por eso las actitudes ante el régimen no cabían claramente en las líneas de la Guerra Fría”.

La dictadura de las juntas militares argentinas no generó amplios movimientos de solidaridad en Europa al comienzo, como Chile: “Del mismo modo que los activistas británicos estaban confundidos por la compleja escena política argentina, que no se podía explicar fácilmente dentro de las líneas de la Guerra Fría, también en Europa había una falta de conciencia de los hechos en Argentina, al menos hasta finales de los setentas, cuando las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a llamar la atención del mundo sobre las desapariciones masivas”, justificó la autora.

Chile mereció sanciones; Argentina, en cambio, recibió un rápido aval.

Londres esperaba el golpe de estado de 1976, pero no podía saber la fecha exacta. Y el 23 de marzo envió un mensaje a la Cancillería argentina para ofrecer una conversación secreta sobre Malvinas. “Por eso la prioridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, al conocer el derrocamiento de Isabel Perón, fue reconocer al régimen ‘en cuanto fuera factible’ para asegurar que los nuevos líderes militares de Argentina no hicieran pública la comunicación secreta británica”.

El ministro de Estado laborista, Ted Rowlands, firmó la aprobación sin mayor demora. “Apenas dos días después de que asumieran los militares, el gobierno británico dio reconocimiento formal al regimen e informó al ministro de Relaciones Exteriores argentino que Gran Bretaña esperaba ‘mantener relaciones cercanas y amistosas’”.

Una cuestión de ideas y una cuestión de negocios

El programa económico de José Martínez de Hoz fue del agrado de Thatcher, ya que ambos profesaban el neoliberalismo, y el mismo funcionario de Videla describió sus políticas como “muy similares a aquellas que procura la primera ministra”. Menos obviamente, también gustó a los laboristas. Era bueno para los negocios: “En total, Martínez de Hoz hizo cuatro visitas al Reino Unido durante los años de la dictadura, tanto durante los gobiernos laboristas como durante el conservador”, contabilizó la investigación. “Fue agasajado por ejecutivos de empresas como British Aerospace (hoy BAE), GEC, Shell, Rolls-Royce y Plessey”.

Cayó muy bien en el Foreign Office, algo que se sumó a la actitud positiva de los diplomáticos británicos de carrera, que a diferencia de los funcionarios elegidos le habían dado la bienvenida al golpe argentino como a todos los demás. “En este periodo de la Guerra Fría —siguió Livingstone— tenían profundas sospechas de la radicalización en el país y en el extranjero. Los principales empresarios británicos compartían estas actitudes y criticaban cualquier política que pudiera ‘arruinar la atmósfera’ a aquellos que querían invertir o comerciar con estas dictaduras”.

La trama social en la que circulaban estos poderosos del establishment económico y político era estrecha, incluso restringida a un puñado de barrios londinenses como Belgravia y Mayfair. También en los destinos, señaló el libro, la fuerza de la gravedad social tendía a unir a “embajadores y personal de la embajada” con “un entorno aún más cerrado”, que comprendía la comunidad británica de negocios y los argentinos y chilenos de la clase alta.

En eso James Callaghan no fue diferente a Thatcher.

“En el caso de Argentina, el laborismo no intentó imponer sanciones duras contra la junta, así que una vez más hubo escaso conflicto en el proceso de establecimiento de políticas; no obstante, cuando los políticos laboristas consideraron medidas por la situación de derechos humanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores aconsejó moderación y advirtió sobre los peligros que correrían las relaciones comerciales y políticas", siguió la autora. En consecuencia “las políticas de los gobiernos laborista y conservador hacia la junta argentina no fueron marcadamente diferentes”. Ninguno impuso un embargo de armas o cualquier tipo de sanciones económicas hasta el 2 de abril de 1982, cuando el dictador Leopoldo Galtieri ordenó el desembarco en Malvinas.

Armas británicas para los argentinos

“El gobierno de Thatcher promovió el comercio con Argentina más vigorosamente que lo que habían hecho los laboristas, y envió dos ministros en visitas al régimen militar, lo cual condujo a un aumento en el comercio y las ventas de armas a la Argentina durante los conservadores”, detalló la historiadora. Thatcher también cerró el exilio político a todos los latinoamericanos y volvió a designar un embajador británico a Buenos Aires en 1979, aunque en realidad el retiro del anterior no había sido —como en Chile— por cuestiones vinculadas a las violaciones a los derechos humanos, sino antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y “a instancias del gobierno argentino durante un momento de tensión” sobre Malvinas.

Aunque Gran Bretaña había pasado de tener una suerte de “imperio informal”, como citó la autora la denominación habitual a comienzos del siglo XX, en países como Argentina, hacia la década de 1980 la presencia británica en los mercados latinoamericanos se contrajo hasta el 1,2 por ciento. Con una excepción: “La industria de las armas”, escribió Livingstone. “Durante los setentas, Gran Bretaña fue el segundo proveedor de armamento en América del Sur, con el 25% del total, detrás del 29% de los Estados Unidos, el líder del mercado”.

Destacó: “Era un mercado tan lucrativo que el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió gran presión del Departamento de Comercio e Industria, el área de ventas del Departamento de Defensa y las empresas británicas para permitir el comercio de armas con los regímenes militares del Cono Sur a pesar de las preocupaciones por los derechos humanos y la amenaza potencial a las Malvinas”.

Los agregados militares británicos en Buenos Aires eran impulsores denodados de los productos, por sus “vínculos estrechos con los fabricantes de armas”: según la investigadora, “constantemente hacían lobby para la venta de barcos de guerra, vehículos blindados, aeronaves y municiones”.

Destacó: “Apenas tres días antes de la invasión argentina, el agregado militar británico en Buenos Aires hizo una cita para reunirse con el secretario general de la fuerza aérea argentina para tratar de venderle bombarderos”.

Cuatro días antes del comienzo de la guerra

Thatcher vendió helicópteros Lyns, un destructor Tipo 42 y misiles Sea Dart al gobierno de Roberto Viola; sus antecesores Harold Wilson y Callaghan vendieron otro destructor Tipo 42, más helicópteros Lynx y más misiles Sea Dart además de 100 misiles tierra-aire Seacat y Tigercat, un sistema de misiles antiaéreos Blowpipe y 77 ametralladoras para el ejército, la armada y la policía, según detallan los documentos.

La restricción de ventas de armas que se pudieran usar contra la ciudadanía argentina o contra las islas Malvinas chocaba con una orden de Thatcher a sus ministros: “Debemos hacer un esfuerzo más decidido para vender más equipamiento de defensa en el exterior”. La contradicción se resolvía caso por caso.

Livingstone halló un ejemplo en el material clasificado: en 1981 el titular del Departamento para América Latina del Foreign Office, Robin Fearn, recomendó que se permitiera la venta de kits para adaptar las armas Oerlikon dentro de blindados argentinos: “Estos vehículos tienen claras implicaciones para los derechos humanos y podríamos ser criticados si nos involucrásemos en cualquier etapa de su construcción o montaje. Sin embargo, es improbable que nuestra participación se conozca alguna vez”.

Con la invasión argentina a las islas quedaron pendientes varios pedidos que Thatcher había avalado: un bombardero RAF Vulcan, varios blindados Centaur, un tanque de guerra Vickers, otros ocho helicópteros Lynx, un torpedo Stingray, un equipo de vigilancia aérea Linescan y aviones Canberra, entre otros. En realidad, el agregado militar británico había trabajado en ventas hasta el 29 de marzo de 1982.

Ese día escribió a Londres que durante la primera semana de abril se iba a encontrar con el secretario general de la fuerza aérea argentina para hablar sobre un bombardero aéreo. Los aeronáuticos, dijo, estaban “interesados en adquirir un escuadrón de bombarderos durante" la década de 1980. Se alegró porque “la relación con BAE indudablemente ha mejorado”.

Soberanía y política interna

La continuidad entre laboristas y conservadores y laboristas también se verificó en la discusión sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Los laboristas no tenían una posición unívoca pro devolución ni pro independencia.

Aunque el conflicto databa desde 1833, cuando Gran Bretaña desafió la posesión argentina de las islas, desde 1965 se había convertido en un tema internacional porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había solicitado a las dos partes que llegaran a un acuerdo. Ya en 1953 el entonces presidente Juan Perón había propuesto que Argentina le comprara las islas a la corona, sin suerte.

Laboristas y conservadores llevaron una nueva propuesta a la dictadura: un acuerdo de arrendamiento posterior (leaseback) por el cual Gran Bretaña le transferiría la soberanía de las islas a Argentina a cambio de una renta inmediata de largo plazo. “Tanto James Callaghan como Margaret Thatcher eran escépticos ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con Argentina, pero ambos acordaron, a regañadientes, explorar la opción del leaseback. El gobierno de Thatcher llegó tan lejos que sostuvo conversaciones secretas con los argentinos sobre el arrendamiento posterior”.

¿Por qué a regañadientes? Porque nadie estaba dispuesto a “gastar capital político impulsando en el Parlamento un acuerdo con Argentina”, explicó la investigación. “A pesar de aprobar en principio la opción del leaseback, ambos gobiernos dieron marcha atrás cuando enfrentaron oposición de los miembros del parlamento (MP), los isleños y quienes los apoyaban”. Sobre este punto la historiadora analizó “actas de reuniones de gabinete, correspondencia interna de políticos y funcionarios y diarios de políticos” y halló que “la perspectiva de una tormenta parlamentaria y la acusación de abandono de los isleños” representaban un costo político demasiado alto por un asunto que podía seguir los tiempos de la diplomacia.

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