Jubilados muertos y recetas falsas: la estafa de 100 millones de pesos al PAMI con remedios para la diabetes

A Juana A. la llamaron del PAMI y le preguntaron si era diabética. Contestó que no. La misma pregunta le hicieron a Jacinta F., Manuel L. y otros tantos jubilados. Y todos respondieron que no. Pero sus nombres figuraban en el padrón de diabéticos de la obra social y en recetas que se usaron para obtener la medicación para esa enfermedad. Los llamados fueron una de las primeras medidas de una investigación judicial en la que se tiene estimado que la obra social fue estafada en al menos 100 millones de pesos por distintas farmacias en todo el país.

La maniobra se investiga en nueve provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires. Y no solo con afiliados que no padecen diabetes. También con jubilados fallecidos. Según el trabajo que realiza desde 2016 la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el PAMI, 583 farmacias usaron el nombre de 1133 afiliados muertos para que el organismo pague por 23.330 tiras reactivas y 364 farmacias hicieron lo mismo con 863 jubilados fallecidos para 6.104 productos de insulina.

A eso hay que sumarle los afiliados vivos que no son diabéticos: una sola farmacia de la localidad de San Isidro falseó recetas para cobrar casi 69 millones de pesos por 61.854 remedios, entre tiras e insulina.

La obra social más grande de Latinoamérica, como se presenta PAMI en su pagina web, tiene cinco millones de afiliados en todo el país que son jubilados, pensionados, ex combatientes de la guerra de Malvinas.

La maniobra que la UFI PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, tiene probada era así: al padrón de diabéticos se agregaban -lo hacían empleados de la obra social- el nombre de afiliados que no tenían esa enfermedad. Luego, las farmacias completaban las recetas de PAMI con los datos de los jubilados y les ponían troqueles falsos de tiras reactivas e insulina. Con esa receta se presentaban cada 15 días y le cobraban al PAMI el 100 por ciento del costo del remedio ya que para la diabetes la cobertura de los remedios es integral.

Las recetas que se usaban eran verdaderas. “Creemos que las robaban del propio PAMI o de hospitales y las vendían a las farmacias”, explicó una fuente del caso. “Los troqueles con buenas impresoras se pueden falsificar sin mucha complejidad. De hecho es algo habitual en el mundo de las farmacias”, agregó.

En el caso de los afiliados ya fallecidos todavía seguían en el sistema como activos. La maniobra comenzó a ser denunciada por algunos afiliados que sí requerían la medicación y cuando la iban a buscar a la farmacia les decían que por sistema les figuraba que ese mes ya la habían retirado. La diabetes es el exceso de azúcar en sangre porque el páncreas no segrega insulina que es la encargada de la metabolización. La diabetes puede llevar a otras enfermedades, como cardíacas, cerebrales, renales, de circulación y provocar ceguera y la amputación de miembros. Por eso, los pacientes requieren la aplicación de insulina de por vida.

En algunos casos se detectó que los troqueles eran verdaderos. “Pero el remedio no le fue entregado al paciente de la receta, sino que se vendió ilegalmente. Eso es muy grave porque la insulina debe mantener una cadena de frío que no sabemos si la tuvo”, explicó una fuente.

De todas las estafas la más grande corresponde a la farmacia “Añon”, en San Isidro. La investigación determinó que de 2013 a 2016 le facturó al PAMI 68.760.435 de pesos por 61.854 remedios, entre tiras e insulina. Según el análisis que hizo la UFI PAMI esa farmacia pasó de cobrarle 23 mil pesos por mes a la obra social, a millones. Un mes fueron 5 millones de pesos. Cuando la maniobra fue detectada los valores volvieron a los habituales.

El volumen de la estafa de esta farmacia era tan alto que comenzaron a utilizar sellos con los nombres de los afiliados y los médicos para no tener que completarlos a mano. El caso Añon forma parte de una causa judicial que involucra a otras farmacias de la ciudad de Buenos Aires que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

¿Por qué esta maniobra era habitual en todo el país y pudo sostenerse en el tiempo?, le preguntó Infobae a uno de los investigadores. “Porque los controles de PAMI, que estaban a cargo de una empresa privada, no eran buenos. En parte porque el PAMI es tan grande que a veces se hace dificultoso, sobre todo cuando la estafa es baja. Ahora cuando es más grande las alertas se encienden”, respondió la fuente.

El PAMI pasó de las recetas manuales a las electrónicas, que permiten un control más riguroso. Solo se usan recetas de papel (ahora son de color celeste) cuando no funciona el sistema o en aquellos lugares del país donde la conectividad no siempre llega o no es buena. Pero en esos casos las recetas tienen códigos de barra que permiten seguir “la ruta del remedio”.

Por estas estafas ya hubo un caso con condenas penales. Ocurrió en Mendoza en marzo del año pasado en un juicio abreviado. Once personas recibieron penas de entre cinco años y 11 meses a un año y seis meses de prisión.

La mayor condena recayó en Jorge Emanuel Godoy Resa, ex empleado del PAMI, y su padre, José Antonio Godoy Torres. Como empleado de PAMI, Godoy obtenía las recetas y los nombres de los afiliados para falsificar y cobrar el reintegro. Con esa modalidad pasó a ser dueño de dos farmacias. En la causa se hicieron allanamientos, escuchas telefónicas y declararon como arrepentidos dos imputados. Con la condena se incautaron autos de alta gama, propiedades y el dinero en efectivo que fue secuestrado en los allanamientos.

Quienes también están bajo investigación son los médicos que firmaron las recetas. “Hay casos en los que los nombres de los médicos se repiten mucho. Estamos viendo qué rol tuvieron”, le explicó a Infobae una fuente judicial. Y por el momento se descartó la participación de autoridades del PAMI.

Una de las causas más avanzadas la tramita el juez Casanello. Se investiga a las farmacias “Nuova Varrone SCS”, “Guida”, “Esteve” y “Larocca”, de la ciudad de Buenos Aires, y fueron citados a indagatoria los cuatro directores técnicos o propietarios de los negocios y dos empleadas del PAMI, quienes le dieron de alta en el padrón de diabéticos a los afiliados cuando no padecían esa enfermedad.

La causa se inició por una presentación que hizo la farmacia “Nueva Costa” en el PAMI. Relató que un hombre, de nombre Matías Fernández, dijo ser empleado de un geriátrico y llevó 29 recetas de insulina. Pero todos los datos eran falsos: el DNI estaba a nombre de una mujer, el domicilio en el que dijo vivir corresponde a un service de GNC, los jubilados de las recetas no necesitaban esa medicación y la prescripción médica era de la misma persona y con firmas y sellos falsos.

Un peritaje determinó que de las cerca de 470 recetas que emitieron esas cuatro farmacias, 433 eran falsas. También que los afiliados fueron dados de alta en la unidad de gestión de PAMI de la localidad bonaerense de San Martín cuando sus domicilios y las farmacias eran de la ciudad de Buenos Aires.

El magistrado procesó por el delito de defraudación contra la administración pública y falsificación de documentos a los responsables de las farmacías, Oscar Oviedo, Alberto Guida, Ana María Esteve y Ana María Fortunato, y por defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad a las empleadas del PAMI Ana Victoria Villalba y María Alejandra Mina. Cuando fueron indagados negaron la acusación.

“Existió un acuerdo previo entre los farmacéuticos y las funcionarias que tuvo como finalidad beneficiarse económicamente, mediante la dispensa de recetas apócrifas –con datos falsos de ´terceros intervinientes´ y médicos/as y troqueles apócrifos de productos de insulina y tiras reactivas- las que utilizaron para simular la venta de medicamentos para diabéticos insulino requirientes, los que el INSSJP-PAMI reintegraba en un 100%”, sostuvo Casanello en su resolución del 6 de noviembre pasado en la que resaltó que la estafa de esas farmacias fue de 2.915.085 de pesos.

Pero la Cámara Federal revocó esa decisión el 20 de diciembre porque la consideró prematura y ordenó que se hagan una serie de medidas de prueba. Así, le dictó la falta de mérito a las dos empleadas del PAMI y a uno de los responsables de la farmacia. Los otros tres siguen procesados porque no apelaron sus acusaciones.

En la segunda causa abierta en el juzgado de Casanello se investigan a otras cuatro farmacias, “Mutual Mitre 669 Amtrasel”, “Medicfarm”, “Farmacia Herman” y “Pelontri de Raccagni SCS”. Sus responsables fueron indagados a fines del año pasado y el magistrado debe resolver si los procesa.

Además de la ciudad de Buenos Aires, según los registrados de la UFI PAMI hay causas abiertas en nueve provincias (Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Misiones, La Rioja, Santa Fe y Chaco) y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, Tres de Febrero, Quilmes, Mar del Plata y San Nicolás).

Cada investigación está en distintos estados. Algunas en sus primeras medidas de pruebas y en otras ya se hicieron allanamientos en los que se incautaron recetas y documentación. Los montos de las estafas y la cantidad de recetas falsas y farmacias involucradas varían.

En Córdoba se investiga a más de 100 farmacias por un perjuicio de casi nueve millones de pesos. En Lomas de Zamora la estafa fue de 1.600.000 pesos de parte de 54 farmacias, en Quilmes de 458 mil pesos, en Entre Ríos de 74 mil y en Chaco de 46 mil. Lo que la investigación arrojó es que en cada provincia no actúa la misma organización de personas.

Uno de los objetivos de las investigaciones es recuperar los millones de la estafa. “En todas las causas pedimos el embargo de bienes y del dinero que en algunos casos se encuentran en los allanamientos. La idea es que cuando haya condena ese dinero vuelva al estado”, explicó una fuente.

Por cada causa interviene el juzgado y la fiscalía federal de la jurisdicción y la UFI PAMI brinda colaboración en cada expediente.

La estafa con los medicamos no solo es un perjuicio económico para el PAMI, sino también un problema de salud para los afiliados que necesitan esa medicación y pueden no tenerla en el tiempo que el tratamiento lo requiere. Las fuentes consultadas señalaron que este tipo de maniobras se ha detectado con prótesis, pañales y remedios oncológicos. Pero nunca en el volumen de los remedios para la diabetes que llega a los 100 millones de pesos.