La Sindicatura General de la Nación envió a la Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete un informe en el que cuestiona la adjudicación del Paseo de la Infanta por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante la gestión anterior.
Según la investigación de la SIGEN, existió un conflicto de intereses al momento de firmar la adjudicación, debido a que el ex titular de la AABE, Ramón Lanús, había tenido en el pasado una disputa judicial con uno de los participantes de la licitación.
Durante el proceso de adjudicación, el oferente planteó la incompatibilidad y Lanús realizó una consulta a la SIGEN. El organismo ratificó la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno y resolvió que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación.
No obstante, Lanús no habría esperado a la respuesta de la SIGEN y avanzó con el proceso.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2019, a un sólo día de dejar su cargo, el ex titular de AABE firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A., “incumpliendo con varios alcances del Decreto 202/2017 del Ejecutivo Nacional”.
El Paseo de la Infanta es un polo comercial, ubicado en los bosques de Palermo, que cuenta con unos 15 establecimientos que estaban con una concesión “vencida e irregular", y que fue revocada por decisión de la justicia. Permanecía en manos privadas desde 1993. La nueva licitación fue ganada por Estación Rosedal S.A.
“Desde todo punto de vista, el ex titular de AABE no estaba en condiciones normales de poder dictar el acto, incluso había solicitado un dictamen a la SIGEN y sin esperar su despacho firmó la adjudicación. Pero más allá de esto, y en forma paralela al conflicto de intereses, se incumplieron otras cuestiones de la norma regulatoria”, explicó el Síndico General de la Nación, Carlos Montero.
En el marco de todas estas anomalías, la SIGEN elevó a la Oficina Anticorrupción, a la AABE y a la Jefatura de Gabinete de Ministros todas las actuaciones para que esa adjudicación sea revisada en forma exhaustiva y se tome la decisión correspondiente.
La revisión de la adjudicación hecha por el macrismo fue informada apenas un día después de que el flamante presidente de AABE, Martín Cosentino, cuestionara la “legitimidad” del traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de 31 escrituras correspondientes a playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Belgrano y Liniers y la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del Paseo del Bajo y compensaciones por pagos no realizados desde Nación.
Desde el Gobierno nacional cuestionaron “el apuro” con el que se realizaron los actos administrativos -entre septiembre y el 9 de diciembre- y calcularon que se trata de una transferencia equivalente a $15.800 millones.
Además, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en negociaciones con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro en torno a un eventual recorte de los recursos que el distrito porteño recibe de la Nación.
La ciudad de Buenos Aires percibe un 3,5% de la masa coparticipable. Este coeficiente había sido incrementado por Mauricio Macri en 2016 (pasó del 1,4% al 3,75%) y luego fue levemente ajustado en el marco del Consenso Fiscal. El nuevo recorte del 1% significa una poda de alrededor de $35 mil millones.
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