Para algunos, el Gobierno argentino es una UTE (una unión transitoria de empresas) que todavía no definió quién es el socio mayoritario, por eso todavía no empezó la obra.
Para otros, es un Gobierno que empezó viejo, porque es el “cuarto gobierno kirchnerista”, una experiencia que pretende ser distinta al cambiar el orden de los factores, aunque no alteró el producto. Y por eso la población le tendrá menos paciencia que a cualquier otro, ni un año ni un semestre, quizás tampoco 100 días.
Lo cierto es que es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente (en este caso una vicepresidenta) es dueña del 30% de los votos y de una estructura de diputados y senadores nacionales, pero también locales, que fue construyendo sin prisa y sin pausa, aún en la derrota. Todavía no tiene gobernadores propios, pero sí intendentes, incluso en el conurbano bonaerense.
Tanto sabe Cristina Fernández de Kirchner de acumular poder que en el peronismo se comenta que su objetivo es convocar a una reunión del PJ para abril y desplazar a José Luis Gioja para poner de presidente a Jorge Capitanich, el gobernador que siente más inteligente, pero también más leal.
El sanjuanino ya fue tres veces gobernador, pero hoy la provincia la maneja Sergio Uñac, un sucesor con impronta propia, y la Vicepresidenta piensa que necesita dar un “mensaje que quede bien clarito” a los demás gobernadores: “o conmigo o en mi contra”, y Capitanich sería la persona indicada.
Como es obvio, su alta representatividad electoral debe traducirse en la estructura del gobierno nacional. Los sueños de que La Cámpora se conformaría con la provincia de Buenos Aires para dejar que Alberto Fernández arme el Gobierno a su gusto no tenían asidero real. Él tiene amigos y amigas muy leales que lo acompañaron aún en el desierto, incluso una agrupación propia, el Grupo Callao, pero se necesitan cientos de profesionales -cálculos conservadores hablan de 2.000- para ocupar los casilleros políticos de la administración nacional.
Y aunque gran cantidad de nombramientos de secretarios y subsecretarios todavía no están oficializados en el Boletín Oficial (y ningún director nacional ni director a secas), en todos los ministerios y organismos del Estado se destacan con un brillo de poder especial los funcionarios que vienen de las gestiones anteriores de Cristina o tienen probada militancia en La Cámpora, lo que les permitió constituirse en diputados nacionales o provinciales, también concejales.
El caso del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, es muy claro. Se trata de un cuadro muy destacado de La Cámpora. En el de Justicia fue designada Marcela Losardo y el viceministro es Juan Martín Mena, socio en el estudio jurídico de Elizabeth Gómez Alcorta (actual ministra de las Mujeres), ex número dos en la AFI que manejó Oscar Parrilli y, antes, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.
Algo similar sucede en casi todos los ministerios donde el ministro no es K. En esos casos, el número dos o el que maneja la firma del ministro o el que maneja la administración del ministerio es K. ¿Lo habrán pergeñado con un prolijo organigrama? Difícil que no haya sucedido así para una organización que aprendió en el poder pero aprendió más en el llano, y sabe con modos distintos puede aprovechar esta etapa para formar cuadros propios en todas las áreas.
El Ministerio de Desarrollo Social es del “renovador” Daniel Arroyo, pero la secretaria Inclusión Social es Laura Valeria Alonso, electa diputada nacional en el 2017 por Unidad Ciudadana, y férrea controladora administrativa de la tarjeta AlimentAR, la principal política social de este Gobierno, que antes de aterrizar en la Casa Rosada lanzó el Plan Nacional de Lucha contra el Hambre.
El Ministerio de Infraestructura también está en manos de otro “renovador”, el prolijo ex intendente de San Martín Gabriel Katopodis. Sin embargo, en el ACUMAR puso a Martín Sabbatella, tal como lo pidió Cristina. Y tuvo que nombrar a Lauro Grande, de La Cámpora, titular de la Unidad Ejecutora de Articulación Territorial. Otro kirchnerista que designó es Edgardo Depetri, como subsecretario de Ejecución de Obra Pública, aunque hay quienes aseguran que está “rodeado”.
Casi similar es el del Ministerio de la Producción y Desarrollo, donde el “albertista” Matías Kulfas no solo incorporó a Paula Español, para muchos una dura “administradora del cepo” que implantó Axel Kicillof como subsecretaria de Comercio Exterior en la segunda gestión de Cristina Kirchner, ahora como secretaria de Comercio Interior, quizás el cargo más importante para el relacionamiento con las empresas. Esta semana, por otro lado, se conoció que el nuevo titular del Consejo Nacional de la Competencia será Rodrígo Luchinsky, también estrechamente ligado al kirchnerismo cuando fue subsecretario de Seguridad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de otro “albertista”, Felipe Solá, tiene un panorama similar al de Kulfas. El virtual número dos, Pablo Tettamanti, es un hombre de la casa que en la gestión anterior “pagó” por los posteos ultraK de su mujer en Facebook, cuando seguía como embajador en Moscú. Pero de subsecretaria de Mercosur, y con gran influencia sobre el canciller, que le tiene especial respeto, revista la embajadora María del Carmen Squeff.
Así es en cada Ministerio que no está comandado por un K. Y en cada organismo que no está comandado por un K. La Anses está conducida por el economista Alejandro Vanoli, pero el número dos es Santiago Franchina, también economista que es militante de La Cámpora, formado junto al equipo de Amado Boudou cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía. Posteriormente fue Vice Superintendente de Seguros.
En la AFI, que está bajo la intervención de la ex fiscal Cristina Camaño (una abogada que presidió Justicia Legítima y era partidaria, como Alberto Fernández, de disolver el organismo de inteligencia), el director de Contrainteligencia (el cargo que ocupó Antonio “Jaime” Stiuso) quedó en manos de Esteban Orestes Carella, muy conocido en el mundo de los medios porque como gerente general de Télam fue el responsable de publicar un cable con el vuelo a Israel del periodista Damián Patcher, el primer periodista que escribió en su cuenta que habían encontrado muerto al fiscal Alberto Nisman. No parece que ahora la AFI se disuelva.
Claro que cada ministro dice que trabaja muy bien con los funcionarios K o ultraK que les fueron implantados en sus equipos. Finalmente, no es un sistema de gestión que inventó este Gobierno. Lo mismo hizo Mauricio Macri, ni qué decir Néstor Kirchner y, yendo hacia atrás, así gobernó Carlos Saúl Menem.
Esta administración que luce tan trabada -o demorada- tiene, más bien, un problema de culturas. El peronista tradicional (incluido el massismo) es más abierto, sin dejar de ser desconfiado. El peronista K es naturalmente tabicado en sus vínculos con el “mundo exterior”, tosco en sus vínculos con quienes no son de su confianza, algo así como la inmensa mayoría de los seres humanos.
De todos modos, en este Gobierno que a los funcionarios les gusta llamar “de coalición” hasta el más distraído peronista tradicional sabe que pende sobre su cabeza la espada de Damocles de un peronismo K con estrategia de largo plazo que, como es natural, querrá tomar todo. Se trata de la naturaleza del poder, un asunto que Cristina Kirchner demostró que sabe manejar mejor que muchos.
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