Alberto Fernández busca evitar conflictos con Cristina Kirchner para construir poder propio: ¿suma o resta?

El Presidente siente que necesita apaciguar la interna para afirmar su gestión. Y de ese modo, edificar su jefatura. Eso explica algunas designaciones ruidosas, como la que viene en la Inspección de Justicia. O la cita con Bonafini. Un riesgoso juego con costos

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Alberto Fernández, en su primer
Alberto Fernández, en su primer acto junto a Cristina Kirchner, el día de la asunción como presidente.

Alejandro Vanoli vivió casi como una reivindicación personal su designación como número uno de la Anses. Se recortaba además como una señal política doméstica. Volvía a la función pública exhibiendo chapa de kirchnerista duro y por decisión directa de Alberto Fernández. No todo era tan sencillo y el aviso de los difíciles repartos de poder interno habría emergido rápido, en los primeros días de gestión: mantuvo una tensa reunión –muy áspera, dicen- en la que los flamantes funcionarios referenciados en La Cámpora dejaron en claro su peso real, más allá de su lugar formal en la segunda línea del codiciado organismo.

No es el único caso. Y como otros, expone que la ecuación de primeras y segundas líneas no agota el tema de los supuestos equilibrios entre el poder presidencial y el de su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Los silencios prolongados de CFK son medidos como gestos de convivencia, del mismo modo que los ejercicios de conciliación y mesura del Presidente. En los dos casos, se trataría de conductas autoimpuestas por razones políticas y ajenas a la personalidad de una y otro.

Importa, en primer lugar y por razones básicamente institucionales, el objetivo que estaría describiendo ese ejercicio de Alberto Fernández. El Presidente, naturalmente, busca en este primer tramo de gestión construir y afirmar su poder. Un factor vital es la suerte de la política económica. Y otro, que algunos subordinan pero que en rigor corre en paralelo, es el armado político y el consenso social.

Alberto Fernández encara un camino nada sencillo. Necesita –y también en eso los más entusiastas ven una marca “nestorista”- edificar poder propio, nada compartido. Y resulta claro que un conflicto en continuado con la ex presidenta podría generar un desgaste temprano, un obstáculo para afirmar su gestión. Pero a la vez, las concesiones permanentes al kirchnerismo duro o los gestos para contemporizar o desinflar ofensivas internas puede desgastarlo hacia afuera. Los recientes gestos frente al caso Nisman o la pulseada por los “presos políticos” son ejemplos claros. Y una nueva designación en el ámbito del Ministerio de Justicia también agrega en los renglones de costos de imagen.

Ricardo Nissen, apoderado de una
Ricardo Nissen, apoderado de una empresa familiar de CFK. Si no hay cambios, quedará al frente de la IGJ.

Todo indica que la semana que viene sería oficializada la designación de Ricardo Nissen como titular de la Inspección General de Justicia. Así lo difundieron voceros del oficialismo. Y el anticipo aportó a la lectura en clave de interna y también hacia afuera. No podía ser de otra manera, entre otras razones porque la IGJ es un organismo considerado “clave” o “estratégico” en el mundo de la política y los negocios.

Nissen ocupó el cargo en los inicios de la era kirchnerista, entre 2003 y 2005. Y últimamente había oficiado de apoderado de Máximo y Florencia Kirchner por la empresa Hotesur. Desde el kirchnerismo, buscaron minimizar como antecedente la gravitación de esa tarea y la línea directa con CFK. En cambio, salieron a destacar su experiencia en derecho societario y su particular foco restrictivo con las firmas off shore. Señal en modo chicana para descalificar como macrista cualquier crítica por su trabajo para la familia Kirchner en temas especialmente sensibles.

Alberto Fernández, en un reciente
Alberto Fernández, en un reciente encuentro con Daniel Rafecas, su candidato a jefe de los fiscales.

El Ministerio de Justicia es uno de los ámbitos de gestión más notorios e inquietantes en cuanto al reparto según alineamientos internos. La ministra Marcela Losardo es expuesta desde el Gobierno casi como una garantía en sí mismo de los planes para la Justicia y sobre todo, para el fuero federal. Es una profesional con trayectoria reconocida. Si esa es la imagen, la postal opuesta es aportada por el segundo del ministerio, Juan Martín Mena, hombre de CFK y segundo de Oscar Parrilli en su época al frente de los servicios.

En esa línea, lo mismo aportó la consagración de Carlos Zannini como procurador del Tesoro, aunque en la mirada oficialista sería sobrestimado en términos de incidencia práctica en el frente judicial. Y ahora, se agrega el impulso del juez federal Daniel Rafecas para ser convertido en jefe de los fiscales, cargo que pondrá a pruebas la resistencia de la oposición en el Senado.

Esos desajustes o repartos en distintos escalones de una misma área explican en parte aquella tensión inicial enfrentada por Vanoli en la Anses. Ese caso y el del PAMI, igual que otras dependencias especialmente anheladas, exponen los niveles potenciales de conflicto. Algo similar describe la persistencia kirchnerista para manejar organismos u otras dependencias de fuerte impacto social o posible desarrollo territorial, por ejemplo en los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo. Y lo mismo podría decirse del control de Senado o el poder repartido en Diputados.

Hasta ahora, Alberto Fernández jugó algunas piezas fuertes –Gustavo Béliz, Vilma Ibarra, entre algunos nombres incómodos para la ex Presidenta- en un paño que también registra abundantes movidas conciliadoras, entre ellas algunas difíciles de digerir. Los últimos días volvieron a mostrarlo tratando de contener la ofensiva del kirchnerismo duro contra causas de corrupción, bajo el formato de reclamo por los “presos políticos”.

Alberto Fernández recibió a Hebe
Alberto Fernández recibió a Hebe de Bonafini, la más dura en la ofensiva para reclamarle liberar a los "presos políticos".

El Presidente ha modificado o corrido los márgenes de algunas de sus definiciones sobre las causas que involucran a ex funcionarios y referentes K. Mantiene, sí, su cuestionamiento al uso de las prisiones preventivas, pero fue más allá al menos en las causas que enfrente CFK. Avaló el amplio paraguas exculpatorio del lawfare y consideró “inexistentes” las pruebas en su contra. Pero volvió a poner reparos frente a la demanda de precipitar de alguna manera el final y archivo de las causas que involucran a kirchneristas.

En esa línea de evitar que crezca el potencial conflicto, se reunió a principios de esta semana con Hebe de Bonafini y recibió también a Baltasar Garzón. Desde el Gobierno, buscaron mostrar que se trató de amortiguar la demanda por los aún detenidos –algunos con condena, como Amado Boudou y Milagro Sala- y en el caso del visitante español, despegar de la idea del “tribunal de ética”, con jueces, periodistas y medios en la mira.

La cuestión, como siempre, es la lectura y credibilidad de tales hechos más allá del circuito de la política. Los gestos de contención y equilibrio pueden tener resultado en la interna, pero no necesariamente del mismo modo hacia afuera. Construir poder propio, aún en la mirada nostálgica del “nestorismo”, es bastante más que el juego de fichas políticas. Y algunas de esas fichas pueden restar en lugar de sumar.

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