El presidente Alberto Fernández eligió al juez federal Daniel Rafecas como candidato para ocupar la Procuración General de la Nación. Y el ex ministro de Planificación durante los 12 años del kirchnerismo, Juio De vido, impugnó esa nominación porque considera que la designación del juez “no contribuye de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional”.
De Vido se encuentra con prisión domiciliaria dictada por el Tribunal Oral Federal 1 en el caso en el que no se ha iniciado el juicio aun por irregularidades en el manejo de fondos que debían destinarse a la mina de Río Turbio.
Desde su casa de Zárate, donde cumple el arresto, De Vido envió una carta de cuatro páginas a la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, en la que explica el porqué de su impugnación a Rafecas.
La crítica del ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner radica en el procesamiento y elevación a juicio hechos por Rafecas en un caso en el que está acusado De Vido (junto a otros ex funcionarios) de haber favorecido a la empresa brasilera Odebrecht con contratos para la construcción de gasoductos.
Se los acusa de negociaciones incompatibles con la función pública. Odebrecht, involucrada de lleno en el Caso Lava Jato que se investigó en Brasil, admitió haber pagado coimas a funcionarios argentinos (todavía sin identificar) para realizar obra pública en el país.
En esas cuatro páginas De Vido señaló que en esa causa Rafecas “ha emitido resoluciones oportunistas y ante la clara inexistencia de delito ha inventado causales en mi contra de efecto político que nos enteramos por los medios de comunicación monopólicos antes que por la notificación judicial”.
Y luego acusó al juez y candidato a la PGN de haber sido “durante el régimen macrista funcional a la persecución más vil de la derecha Argentina y la Embajada Americana, ha facilitado el lawfare y el armado de causas”. De esta manera De Vido se suma a los kirchneristas que señalan que existió el “lawfare” o guerra judicial para desprestigiar a los gobiernos de la región. La más notoria sostenedora de la teoría del “lawfare” es la vicepresidenta de la Nación, y procesada en varias causas- en alguna de ellas junto a De Vido- Cristina Fernández de Kirchner.
En la carta firmada por De Vido -cuya estructura legal le pertenece a su pareja y abogada Alessandra Minnicelli- se explicó que: “Es llamativo, por no decir exótico que el juez Daniel Rafecas crea que el desarrollo de un plan de Acción para la Ampliación de la Capacidad de Transporte de Gas Natural 2006, en el que, según se describe, se habrían tomado ciertas decisiones que formarían parte de un “esquema delegativo”, se pretenda que allí existe el comienzo de una “negociación incompatible con la calidad de funcionario público”.
El ex ministro agregó que "la manipulación política del llamado a indagatoria, en vísperas de una elección, que coloca la fecha de las indagatorias luego de pasada la elección, y que, para algún sector, requiere más de acciones judiciales y persecución desmedida desde los Tribunales, que de la mejor construcción del escenario cívico social. La persecución criminal sobre ex funcionarios, el anuncio de medidas (antes que sean notificadas las partes) en titulares por los medios de comunicación hegemónicos son palmarias y públicas”.
De Vido aseguró que Rafecas se preocupó “en defender su futuro laboral, y para ello sin duda ha buscado el beneplácito de quienes detentaban el poder político, sometiendo a escarnio a quienes fuimos y somos perseguidos por las transformaciones producidas en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, este magistrado no ha resguardo el Estado de Derecho y ha desviado de la Constitución Nacional en lugar de defenderla”.
De Vido defendió lo actuado por su ministerio en el tendido de gasoductos y que fuera cuestionado por Rafecas cuando dijo que “se conocerá así que la obra que este magistrado investiga consistió en la construcción y habilitación, a lo largo y ancho de todo el país, de 1897 km de gasoductos de grandes diámetros (36, 30 y 24 pulgadas) y más de 20 plantas compresoras -y adecuación de otras existentes- (totalizando 248.000 HP de potencia), lo que permitió un incremento en la capacidad de transporte de 13,5 MM de m3/día (a diciembre de 2014). Obras sin las cuales estaríamos frente a la ´tan anunciada´ crisis energética que nunca ocurrió”. Y agregó: “Quiero señalar que el gobierno del que participe ha sido sin duda el que mayor cantidad de Obras estructurales y de gran trascendencia en las distintas aéreas ha ejecutado. Un Gobierno legitimado por el 54% de los electores, no es una asociación ilícita como pretenden enrostrar con el cumulo de causas por las que audita la justicia nuestra actuación, y por otro lado libera de control judicial lo hecho durante el Macrismo y por sus funcionarios y ni siquiera investiga la brutal paralización de las Obras en ejecución al 10.12.2015 y el perjuicio patrimonial al Estado que significo ese abandono”.
En la carta dirigida a Losardo a la que accedió Infobae, el ex ministro dio explicaciones técnicas de lo sucedido con los gasoductos y pidió que se adjunte a su misiva de impugnación una copia de la causa judicial y de los comunicados de prensa que emitió cuando avanzaba la causa judicial.
De Vido aseguró que el decreto de Néstor Kirchner por el que se inició el plan de los gasoductos fue ratificado por el Congreso y por un fallo de la Corte y por lo tanto “La convalidación por ley 24.095 determinaría que deberían ser llamados a esa causa todos los funcionarios actuantes, en cada etapa del trámite de Expansión del Sistema de Gasoductos Troncales: incluso a los Ministros de Economía intervinientes y Jefes de Gabinete que anualmente han informado al Poder Legislativo sobre el funcionamiento del sistema y a todos los legisladores que votaron y debatieron las leyes modificatorias de las normas citadas, eso hicimos saber al magistrado Rafecas que parcializó y manipuló su actuación judicial con servilismo hacia el poder de turno” .
“La justicia solo es justicia -dijo De Vido- si pone en pie de igualdad a todos y cada uno de los responsables de las tramitaciones, sino es una pantomima, un circo distractivo sin valor, violatorio de los derechos más elementales de las personas y atentatorio de la credibilidad de las instituciones”.
Para el ex ministro “en las resoluciones del juez Rafecas en esta causa no hay una sola razón expuesta, ni una sola mención de acción u omisión alguna, en cabeza mía como Ministro de planificación Federal Inversión Publica y Servicios, que pueda explicar la imputación y el procesamiento de que he sido objeto por cumplir con los deberes funcionales a mi cargo. La ausencia de fundamentación alarma al Estado de Derecho y demuestra no sólo que el Dr. Rafecas carece de los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y al compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir”.
De Vido concluyó que “entiendo que la designación del Dr. Rafecas, por su actuación, parcial, sesgada y temeraria en mi contra atenta contra la garantía a cargo del Estado de proveer un servicio de justicia idóneo e imparcial, y contra el fortalecimiento del sistema republicano como expectativa de todos los ciudadanos en esta nueva etapa institucional”.