La Unidad de Información Financiera prorrogó por seis meses el congelamiento de activos que había estipulado el pasado 18 de julio de 2019, extendiendo las sanciones a “la organización terrorista Hezbollah, sus líderes, y entidades específicas del ala militar que integran la misma”, según informó el organismo a través de un comunicado de prensa.
La UIF continuará hasta fin de mes conducida por Mariano Federici, el funcionario que fue designado por Mauricio Macri, quien tomó esta decisión “en el marco de las competencias conferidas por la Ley 26.734 y el Decreto 918/12”, que estipula que se trata de un organismo autónomo y autárquico, tal como explicitó en la comunicación oficial. Es decir, aclaró que no necesita consultar a las autoridades políticas.
Sin embargo, la decisión sorprendió al Gobierno. En otras oportunidades se había manifestado contrario a continuar con la política de crear el registro de organizaciones terroristas, tal como lo expresó el propio Alberto Fernández en un diálogo privado que tuvo con la embajadora israelí Galit Ronen el pasado mes de noviembre, por lo menos en relación al decreto que había firmado Macri y que llevó a la UIF a incluir específicamente a Hezbollah. Esta iniciativa “despertó mucha preocupación en la diplomacia de Jerusalén”, según consignó por esos días Infobae.
Días después, y ante un pedido explícito de Israel (en la despedida del embajador argentino Mariano Caucino, el director general adjunto para América Latina y el Caribe de la cancillería israelí Modi Ephraim dijo: “Pensamos que hay que dar seguimiento a la decisión del gobierno del presidente Macri”), el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, dijo: “No vamos a hacer cosas que nos traigan problemas”.
Hoy, un funcionario de la Cancillería dijo: “No nos consultaron y funcionalmente no tienen por qué hacerlo, pero creo que deberían haberlo hecho igual". Mañana, el Presidente viajará a Jerusalén a participar del homenaje a las víctimas del Holocausto, cuando se cumplirán los 75 años de la liberación de Auschwitz, por lo que es más que probable que nadie en Casa Rosada exprese su sentimiento contrario a la decisión que tomó hoy Federici.
La decisión de Federici coincidió con la cumbre antiterrorista que se está desarrollando en Bogotá con la asistencia del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que pretende poner el acento en la presencia de Hezbollah en la región.
El año pasado, ese encuentro se realizó en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, y contó con la presencia de los más importantes funcionarios del gobierno de Cambiemos, empezando por el entonces canciller Jorge Faurie y los responsables en distintas áreas de lucha contra el crimen organizado. Este año, en cambio, el Gobierno argentino designó una representación menor para el encuentro, que fue formalizada con la presencia del embajador Norberto Pérez Gabilondo, con rango de subsecretario de Política Exterior.
En su resolución, la UIF enumeró nuevos hechos a los ya expresados cuando en julio del año pasado congeló los activos de la organización terrorista. “Así como los vínculos comprobados entre Hezbollah y el régimen iraní, los hechos de público conocimiento recientemente suscitados, entre los que se destaca la muerte del General Qasem Soleimani y las represalias que los funcionarios del régimen iraní han prometido públicamente llevar a cabo (incluyendo aquellos con pedidos de captura internacional ordenados por la justicia argentina, con alertas rojas de Interpol e incluidos en el RePET como terroristas) resultaron también cuestiones centrales para justificar la prórroga”.
La misma se materializó a través de la Resolución UIF 1/2020 y fue “comunicada en el día de hoy a los más de 90.000 sujetos obligados que integran la red de colaboradores de la UIF-AR”.
Además, el organismo explicó que “las acciones de congelamiento de activos tienen como finalidad mitigar los riesgos a la seguridad nacional y a la integridad del orden económico financiero derivadas de sospechas detectadas de financiación del terrorismo. Las mismas apuntan a disuadir el uso del sistema económico financiero argentino para movilizar fondos o activos en favor de organizaciones terroristas”.
Dichas acciones “convirtieron a la República Argentina en el primer país de Latinoamérica en designar a Hezbollah como organización terrorista, acción que fuera luego replicada en agosto de 2019 por la República de Paraguay a través de un decreto presidencial, y que se encuentra actualmente bajo estudio en numerosos países de la región”.
El Gobierno designó al abogado penalista Carlos Cruz para hacerse cargo de la UIF, según lo anunció el propio Fernández. Peronista ligado estrechamente al kirchnerismo, y muy crítico a las entidades financieras, se descuenta que desandará buena parte de las políticas desplegadas por Federici.