Adiós a los privilegios: las claves del proyecto del Gobierno que modificará las jubilaciones del Poder Judicial y del Servicio Exterior

El presidente Alberto Fernández enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de ley para eliminar todos los beneficios de las jubilaciones de privilegio que cobran los jueces y los diplomáticos. Esos beneficiarios llegan hoy a 8.022 personas y perciben haberes promedio de entre 335.000 y 235.000 pesos por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de 14.067.63 pesos.

Fuentes oficiales que trabajan en el proyecto ratificaron que Alberto Fernández quiere que se apruebe en las sesiones extraordinarias y adelantaron incluso a Infobae que no se descarta que las jubilaciones de privilegio del servicio exterior puedan ser eliminadas y pasen directamente al régimen general, el mismo sistema por que se jubilan los ministros del Gobierno y el Poder Legislativo. ¨El tema está siendo analizado. Pero lo concreto es que los regímenes especiales se terminan¨, dijo a Infobae uno de los hombres que tiene en sus manos el manejo del proyecto en el Congreso. En el Poder Ejecutivo, la elaboración de la iniciativa está en manos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que conoce como pocos la arquitectura legal y administrativa del Estado, y que en el gobierno kirchnerista fue titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La jubilación promedio del régimen especial para el Servicio Exterior es de 335.000 pesos (para 688 jubilados) y de unos 235 mil pesos para el Poder Judicial (7.334 jubilados), según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que utiliza el Gobierno. La diferencia con los jubilados que cobran el mínimo es enorme y esa disparidad es la que quiere eliminar el proyecto oficial.

Además, el Estado pierde en estos regímenes especiales más de 25 mil millones de pesos anuales, a pesar de que representan un 3 por ciento del total de los jubilados. Sostener este sistema, además del desequilibrio con los cobran la mínima, es una “ecuación económica que no es sustentable” para el Gobierno, advierten los ideólogos de la reforma.

Por eso el proyecto prevé adecuar las edades para jubilarse a lo largo del tiempo y establecer un sistema de contribución que sí tienen los jubilados del régimen general aportando al PAMI y que no lo hacen jueces ni embajadores. Se les agrega la contribución de la seguridad social, y más aportes a los trabajadores en actividad. En definitiva, se hacen cambios en la ley para que el sistema previsional tenga cierto equilibrio, según indicó una fuente del Gobierno que trabaja en el proyecto.

La seguridad social en la Argentina implica sacar del Tesoro Nacional, donde van los impuestos de todos, 100.000 pesos por cada uno de los jubilados del Poder Judicial y del Servicio Exterior.

El Gobierno tiene dos objetivos con estos cambios en las jubilaciones. Uno es fiscal: reducir los fondos que el Tesoro destina al pago de esas jubilaciones de privilegio y que se llevan el 9,7 por ciento del total del pago a los jubilados. Además, buscará recaudar más fondos porque estos jubilados no hacen ningún aporte al sistema y ahora con las modificaciones que se van a hacer van a hacer un ¨aporte solidario¨ que alcanzará a 400 millones de pesos por año para el PAMI. Antes, ni a jueces ni a embajadores se les descontaba dinero de sus salarios para aportar al sistema jubilatorio.

El otro objetivo de este proyecto es también político: es una señal de que todos los sectores deben hacer su aporte a la situación de emergencia económica y social que existe en la Argentina. Busca también disminuir el malestar porque el Gobierno decidió suspender la movilidad jubilatoria por 180 días y pagará los aumentos al sector por decreto mediante una suma fija, que se concretará en marzo y aún se analiza el porcentaje que representará.

En la Argentina hay 6.983.377 personas mayores de 60 años, de las cuales el 57 ciento son mujeres, según las proyecciones para 2019 que hizo el Indec sobre la base de el último censo. El 63 por ciento de los que reciben jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) son mujeres.

Casi la mitad de los jubilados cobra el haber mínimo, lo cual representa 2.799.952 personas, según los últimos datos que publicó la Anses en junio de 2019. El tope para las jubilaciones establecido por la Anses es de 103.061,80 pesos.

Los regímenes especiales de la jubilaciones representan un 3,1 por ciento del total de beneficiarios de la Anses pero se llevan el 9,7 por ciento del total del gasto previsional. Por eso el Gobierno quiere eliminar los privilegios de los regímenes especiales porque el 87 por ciento de quienes están jubilados bajo la ley 24.242 se llevan el 78 por ciento de los recursos por la gran diferencia que existe entre los haberes que cobran los jubilados por regímenes especiales y el resto de los jubilados.

La propuesta para modificar los privilegios de los jueces en el sistema jubilatorio incluye subir de 60 a 65 años la edad para el retiro de varones y mujeres del Poder Judicial, se cambia el ingreso base para el cálculo del beneficio (antes era sobre el cargo al cese y ahora se tomará la remuneración promedio de los últimos 60 meses) y se aumenta el aporte personal de activos del 1 al 4 por ciento. Además se suman aportes solidarios de los pasivos para el primer y segundo años que serán del 5 por ciento, en el segundo año del 3 y 4 por ciento y del 3 por ciento del año 5 en adelante. Además, habrá un 1 por ciento de la remuneración de los activos y un 1 por ciento del haber de los pasivos que conformarán un aporte personal al PAMI. Hasta ahora, los jueces gozan de un régimen especial de jubilaciones en el cual no tienen ningún aporte al sistema como sí el resto de los jubilados.

Una alta fuente del Gobierno afirmó a Infobae que el tema fue extraoficialmente informado al sector más alto de la Justicia y existiría respaldo a la eliminación de los privilegios que tienen los jueces en el sistema jubilatorio argentino.

Hay un estudio que tiene el Gobierno y al que tuvo acceso Infobae en el que se analiza el impacto fiscal que tendrá la nueva ley: el primer año de aplicación reduce el desequilibrio del sistema en 2.900 millones de pesos por año, es decir lo que representa una baja del 40 por ciento del déficit y hacia el quinto año la reducción alcanzaría al 46 por ciento.

Al PAMI ingresarán con estos cambios 400 millones de pesos anuales aproximadamente.

La idea que original que tuvo Alberto Fernández apenas asumió era que la eliminación de las jubilaciones de los jueces y del servicio exterior estuvieran incluidas en la ley de emergencia económica que aprobó el Congreso el 23 de diciembre pasado. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, le sugirió en ese momento al Presidente excluir las jubilaciones de privilegio para evitar que eventuales planteos judiciales sobre ese punto terminarán trabando la ley, que era una prioridad absoluta para el Gobierno.

Por esa razón, el proyecto quedó para las extraordinarias, el mes próximo. La semana pasada hubo reuniones en la Casa Rosada entre el Presidente, Massa, Máximo Kirchner y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para definir las prioridades del temario: la número uno es la de las jubilaciones de privilegio.

En el caso del Servicio Exterior, si bien hay intenciones de eliminarlas y pasarlas al régimen del Poder Ejecutivo y Legislativo, existe una propuesta para cambiar el sistema vigente.

Uno de los cambios previstos es cambiar el ingreso base para el cálculo del beneficio que antes era sobre el cargo de mayor jerarquía desempeñado en el Servicio Exterior durante un período de cuatro años y ahora pasará a ser sobre el promedio de los últimos 60 meses de sueldo. Además, se agrega un aporte personal de activo con un 4 por ciento adicional sobre la remuneración sin tope. Y acá también se agrega el “aporte solidario” de los pasivos con un aporte del 5 por ciento en los primeros dos años, un 4 por ciento en los años 3 y 4 y de un 3 por ciento a partir del año 5 de la jubilación y en adelante.

Como en el caso de los jueces, el Gobierno ya tiene el estudio que indica el impacto de la aplicación de estos cambios, que significarán en el primer año de aplicación un reducción de 325 millones de pesos por año, es decir una baja del 20 del total de lo que se paga hoy.

En los próximos días se terminará de definir si finalmente se eliminan directamente las jubilaciones de privilegio para el Servicio Exterior o se aplican estos cambios.

Además, hay en estudio la posibilidad de que que congelen los haberes jubilatorios para estos dos sectores por 180 días, pero el tema aúno no fue definido por el Presidente.

Alberto Fernández quiere que el Congreso ponga en marcha estos cambios. La semana pasada, Massa, Máximo Kirchner y la propia Cristina Kirchner le aseguraron que tendrá apoyo de la oposición para ese medida.

Además, el Presidente pedirá el aval al Congreso para la creación del Consejo Económico y Social y el otro gran objetivo: la autorización y las facultades otorgadas por el Congreso para poner en marcha la renegociación de la deuda externa.