El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó hoy su adhesión al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. Una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Salud, Daniel Gollán, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, establece que “la adopción de esta política sanitaria se propone guiar y acompañar el trabajo de las instituciones y de los equipos de salud con lineamientos unificados, claros y actualizados”.
El protocolo, una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud, había sido publicado en el Boletín Oficial el 22 de noviembre del año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Sin embargo, al día siguiente fue vetado por el entonces presidente Mauricio Macri.
La ILE volvió a estar en vigencia a partir de la asunción del actual ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y por decisión del presidente Alberto Fernández.
"La atención de la salud debe ser integral para todas las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que así lo consientan, sin discriminación de edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, capacidades, etnia, nacionalidad, condición migratoria, idioma, situación económica, política, religiosa ni lugar de residencia", se estableció en los considerandos de la resolución.
Hace menos de una semana, Gollán y Díaz ya habían adelantado la adhesión del gobierno bonaerense a la resolución nacional. “Con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”, planteó en ese momento el ministro de Salud provincial.
Además, analizó que cuando el Congreso nacional “debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permitan avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro”.
Luego, la ministra Díaz dijo que “la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921”, por lo que analizó que “no estamos innovando, sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación”.
“La provincia tiene un protocolo desde 2007 y lo reformó en 2012, pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal”, añadió en el mencionado acto.
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