El Gobierno estudia aplicar la reforma judicial no solo para Comodoro Py

En 2004 Néstor Kirchner decidió en favor de su espía favorito, Horacio Antonio “Jaime” Stiuso, la pelea que tenía el director de Contrainteligencia de la Secretaria de Inteligencia (SIDE) con su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz.

Beliz se fue del país y Stiuso quedó al mando del espionaje y del control de daños en Comodoro Py hasta fines de 2014. Cuando lo echaron de aquel primer gabinete kirchnerista Beliz había dicho sobre la SIDE que “Yo vi crecer una especie de ministerio paralelo con un poder casi omnímodo sobre muchas decisiones presidenciales. Sé que con esto que digo estoy poniendo en riesgo mi vida, porque ahí hay muertes muy raras. ¿De qué progresismo hablamos en la Argentina? Dejamos intacta una estructura que es una especie de gestapo de la era democrática”.

Por aquel entonces Beliz quería diluir el poder de los jueces federales –a los que relacionaba con el poder dela SIDE de Stiuso-fusionando el fuero donde tramitan los casos de corrupción cometidos por funcionarios nacionales con el fuero de Instrucción donde se investigan crímenes comunes que no son abarcados por la justicia de la Ciudad. Aquel proyecto fue olvidado cuando Stiuso se impuso sobre Beliz.

En 2004 Alberto Fernández era Jefe de Gabinete. Hoy es presidente de la Nación y eligió a Beliz como secretario de Asuntos Estratégicos. Aunque Stiuso ya no está en las filas de la ex SIDE llamada Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Beliz insiste con un proyecto similar al que-entre otras cosas-le costó la salida del primer gobierno kirchnerista.

Beliz insiste en la fusión del fuero federal con el de Instrucción y con el Penal Económico. Pero además trabaja para tratar de presentar una reforma judicial que sin dudas apunta a Comodoro Py pero que no parezca que está dirigida solo al fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital, donde se investigan los casos penales más resonantes que tienen como protagonistas a los funcionarios y ex funcionarios de la administración central.

El proyecto de Beliz tiene alguna oposición dentro del propio gobierno ya que hay funcionarios que proponen fusionar el fuero Criminal y Correccional Federal solo con el Penal Económico. De ese modo también se diluiría el poder de los jueces federales de Comodoro Py, pero de otra manera.

Otro sector del gobierno pretende-una vez que Daniel Rafecas sea nombrado como procurador General de la Nación- impulsar el sistema acusatorio donde los jueces tendrán muchísima menos injerencia en las investigaciones que quedarán en manos de los fiscales. Y así disminuirá la influencia en los casos de corrupción de los jueces federales.

Pero la reforma no abarcará solo a Comodoro Py ya que -según pudo confirmar Infobae a través de fuentes oficiales- se trabaja también en la fusión de otros dos fueros de la justicia federal.

Beliz estudia-y para ello ha realizado consultas con jueces y camaristas- agrupar en un solo fuero a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y a la Civil y Comercial Federal. Allí se dirimen cuestiones no penales que tiene al Estado como parte o que se relacionan con leyes federales.

Un camarista explicó a Infobae –a grandes rasgos- las competencias de ambos fueros federales: “El Contencioso Administrativo es competente para todos los asuntos en el que el Estado es parte. En los conflictos donde hay un interés estatal. Entiende los casos tributarios, aduaneros, que involucran a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, empleo público, contratos públicos, responsabilidad del Estado. Es decir donde el Estado es parte y tiene algún interés directo o indirecto”. Y agregó: “El fuero Civil y Comercial entiende en asuntos que son regidos por leyes federales aunque no sea parte el estado y solo sean parte particulares. Por ejemplo se ocupa de conflictos en materia de derecho de marcas, donde en general no es parte el Estado pero la ley de patentes y marcas es una ley federal. También se dirimen allí los conflictos en materia de derecho aeronáutico, derecho marítimo, donde puede ser o no parte el Estado. Ese fuero también es competente en los pleitos entablados por las prestaciones de las obras sociales y de la responsabilidad por las prestaciones de las obras sociales. Y en casos de Defensa de la Competencia”.

Los casos más comunes que se tramitan en Contencioso Administrativo Federal es el de los reclamos de ajustes por haberes mal liquidados de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. En ese fuero tramitó por ejemplo, el conflicto por el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda del año 2010. Y allí también se analiza si es constitucional el decreto que firmo el ex presidente Mauricio Macri que permitió entrar al blanqueo a parientes de funcionarios públicos.

El litigio entre el Grupo Clarín contra el Estado por la Ley de Servicios Audiovisuales se dirimió en el fuero Civil y Comercial Federal. Y allí tramita el conflicto por la expropiación del predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo.

Un juez señala que “en Contencioso se aplica derecho administrativo o público que suele ver favorablemente al Estado. En cambio en Civil y Comercial se aplica derecho privado que es más igualitario entre las partes”

Si bien no tiene la relevancia mediática que poseen los federales de Comodoro Py, el fuero Contencioso Administrativo Federal tiene una enorme importancia para el Poder Ejecutivo ya que sus decisiones son trascendentes desde el punto de vista de la gobernabilidad.

En algunos sectores del oficialismo ven en Contencioso Administrativo la misma mano que meció Stiuso -a través del histórico operador judicial del peronismo Javier Fernández- para llenar vacantes en juzgados y salas de la Cámara como lo hizo en Comodoro Py durante el kirchnerismo.

Esa es una de las razones que esgrimen para la fusión de los dos fueros que habitualmente discuten por la competencia de los casos. Y la otra -explican- es que no parezca que la reforma está dirigida solo a Comodoro Py.