Polémica por la escalera de mármol eliminada en la Rosada: desmienten que Anchorena no tuviera poder para evitarlo

“Los dictámenes de la Comisión son vinculantes, vinculantes - subraya el especialista en patrimonio monumental Oscar Andrés de Masi, ex integrante de la entidad que hoy preside Teresa de Anchorena-, es decir que el comitente del trabajo está obligado a cumplir lo decidido por la comisión”.

Recordemos que el gobierno de Cambiemos inició hace un par de años, una profunda refacción del interior de la Casa de Gobierno. Se habló de necesidades de mantenimiento, de funcionalidad, de seguridad: pero la polémica se desató con la desaparición de una histórica escalera de mármol de carrara y una lucarna de la terraza, también patrimonial. Ambas intervenciones fueron realizadas sin la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, ente dependiente del Ministerio de Cultura, que preside Teresa de Anchorena. Mejor dicho, desoyendo el dictamen en contrario del organismo.

Tras leer las explicaciones de la funcionaria en entrevista con Infobae respecto a la remoción de la escalera de mármol de la Casa Rosada, elemento histórico que data de 1890, Oscar De Masi envió una carta refutando los argumentos de la funcionaria que, entre otras cosas, había dicho: “Nosotros antes de noviembre de 2015 podíamos llegar y paralizar una obra. Teníamos el poder de policía, pero a partir de esa fecha, justo antes de que ingresara (Mauricio) Macri, se cambió eso. La Comisión dejó de tener esa capacidad de detener una obra para pasarlo al ministro de Cultura. Y sólo podemos hacer recomendaciones al ministro…”

De Masi se mostró muy indignado con estas explicaciones. En diálogo telefónico con Infobae explicó que la nueva ley a la que alude Anchorena, la 27103, complementa, no modifica, la ley anterior, la 12665, “que data de la época de Ricardo Levene”. “La nueva ley -aclara De Masi- mantiene las atribuciones de la anterior es decir, que la Comisión tiene la intendencia sobre los monumentos históricos y que sus dictámenes son vinculantes”.

“Lo que pasó -sigue diciendo- es que cuando reglamentaron la Ley en 2015, pusieron que la Comisión podía pedirle al Ministro de Cultura que dispusiera la suspensión de las obras. Fue una transferencia de atribuciones hacia la instancia superior. Creo que se hizo porque Cultura acababa de adquirir rango de ministerio, para darle más atribuciones”. Aun así, aclara que, desde el punto de vista del derecho administrativo, “es dudoso que una reglamentación pueda cancelar una atribución fijada por ley”.

Lo que no se entiende, dice De Masi, es por qué la Comisión no le pidió a Cultura que frenase las obras. “Se quedaron de brazos cruzados”, señala.

De hecho, la propia Teresa de Anchorena lo admitió en la entrevista: “Lo que hicimos entonces fue no autorizar la escalera, pero sí sabíamos que se iba a hacer, porque ellos (el Ejecutivo) querían hacerla igual. Y nosotros ahí, no dijimos nada. Esa es la realidad de lo que pasó”.

“¿Pidió la Comisión Nacional al Ministerio de Cultura la paralización inmediata de las obras no autorizadas en la Casa Rosada? - pregunta Oscar de Masi en su carta- ¿Hizo valer la Comisión, por las vías administrativas o judiciales idóneas, el carácter vinculante de su intervención previa al inicio de los trabajos? ¿Dio intervención al servicio jurídico permanente del Ministerio de Cultura?”

Y agrega: “En suma, aún admitiendo provisoriamente (y digo ‘provisoriamente’ porque la cuestión merece un análisis jurídico) que a la Comisión Nacional le haya sido ‘retaceada’ la potestad de paralizar las obras desviadas de sus recomendaciones, ello no implica en modo alguno que el organismo deba permanecer embalsamado, contemplando el atropello con el mutismo de un monje trapense. Y menos aún, como afirma la funcionaria, ¡a sabiendas de que se iba a contrariar su criterio vinculante!”

Oscar Andrés De Masi es un especialista en la historia y simbología de los monumentos estatuarios y funerarios de nuestro país, además de un gran divulgador de esos conocimientos sobre nuestro patrimonio monumental. Por otra parte, ha actuado en la gestión de estos bienes culturales y, en el caso de la Comisión Nacional de Monumentos, fue su vocal secretario durante las gestiones de los arquitectos Alberto S. J. de Paula y Juan Martín Repetto.

En base a esa larga experiencia, señaló a Infobae que la facultad de policía, es decir, el poder para paralizar obras desaconsejadas por su daño al patrimonio histórico, fue ejercida siempre por la Comisión desde su creación. Un caso fue el de la paralización de las obras del peristilo de la Recoleta cuando empezaron a desmaterializar una de las gradas del pórtico de acceso, o las de la Iglesia Jesuítica de Alta Gracia cuando sin permiso se retiraron los pavimentos y se afectó los sepulcros que estaba debajo o la Iglesia de Merlo en San Luis, cuya torre de adobe se derrumbó y la Comisión intervino para evitar que se la reconstruyera con ladrillos. “Hubo infinidad de casos en los que se ejerció ese poder de policía”, insiste.

“¿Cómo ha de calificarse -moral y legalmente- la conducta de aquel funcionario público que, a sabiendas de que se ha de incumplir su recomendación técnica vinculante, y que ello redundaría indefectiblemente en un agravio al patrimonio, opta por guardar silencio?”, preguntaba De Masi en su carta. Y respondía: “ En otro tiempo, una tensión de esta índole daba motivo para una elegante renuncia”.

No ha sido el caso; por el contrario, las actuales autoridades de la Comisión han sido ratificadas por el nuevo ministro de Cultura, Tristán Bauer.

El arquitecto Juan Martín Repetto, que ejerció la presidencia de la Comisión y coincidió en ella con De Masi, también se comunicó con Infobae. En su carta hace referencia a esta continuidad de Teresa de Anchorena: “Es cierto que fui uno de los profesionales de la especialidad, que hizo defensa de la institucionalidad, apoyando que la actual comisión permanezca por el período que dispone la ley, evitándole al actual Ministro, la penosa decisión de la intervención o cambio por decreto de las actuales autoridades, dado que éstas no pusieron a disposición sus renuncias como lo hiciera en diciembre del 2015 el anterior presidente, arquitecto Jaime Sorin”.

Pero agrega: “No obstante, quiero expresar aquí clara y taxativamente mi acuerdo con todas y cada una de las expresiones de la nota del Dr. De Masi”.

En opinión de Repetto, el caso de la escalera de La Rosada no fue un hecho aislado: “Entiendo que la pasada gestión del área de Cultura fue una de las más magras en propósitos y resultados que recuerdo en mis 50 años de activo compromiso con la memoria, la identidad y el patrimonio de la Patria, gestión de la que formaron parte y acompañaron en resultados las actuales autoridades de la Comisión Nacional. Las malas praxis como la de la Casa Rosada fueron muchas y notables, no sólo en la protección del patrimonio, sino también en las declaratorias donde se confunden tipologías y donde no se proponen medidas normativas de protección a las que habilita la actual ley”.

Por último, Oscar de Masi comenta, entre sorprendido e incrédulo, que uno de los argumentos esgrimidos para la remodelación era la necesidad de facilitar la movilidad vertical en la Casa de Gobierno porque existía la intención de instalar una huerta hidropónica en el techo del edificio...

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