Las negociaciones por la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires atravesaron el martes y llegaron hasta las últimas horas del día. De noche y en la Legislatura bonaerense, las espadas legislativas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio negociaron un proyecto que pueda tener el respaldo de la oposición en el debate parlamentario. Por la tarde, ya habían tratado de acercar posiciones después de un ida y vuelta de propuestas y contrapropuestas.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, esperó hasta las 15 de ayer para recibir una respuesta de la oposición con respecto a segunda versión del proyecto de ley que le habían acercado y en el que impuesto inmobiliario urbano -punto clave del conflicto político -abarcaba a menos cantidad de propiedades. Bajaba de 2.600.000 a 1.100.000 millones. Como la respuesta no llegó, decidió enviar esa segunda versión a la Cámara de Diputados, donde hoy, a las 11 de la mañana, se tratará el documento.
Después de doce días de múltiples negociaciones, tensión creciente y reproches mediáticos, el proyecto será tratado en el recinto de la Cámara baja. La primera intención del gobierno bonaerense fue tratarlo el viernes 26 de diciembre en el Senado, pero la oposición lo dejó sin quórum y le advirtió que debía entrar en una negociación de la letra chica del proyecto para lograr sacar una “ley de consenso”.
Con esa movida legislativa, Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría en la Cámara de Senadores y le puso un freno a la decisión de Kicillof de avanzar con el tratamiento de la ley en el final del 2019. Como la discusión de la ley se cayó durante la ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal - que está de vacaciones - tanto el mandatario provincial como los dirigentes que están en su gobierno afirmaron que había internas en la coalición opositora y que se estaba librando una batalla por el liderazgo del espacio político en la provincia de Buenos Aires.
Fueron días de cruces públicos, chicanas y posturas ideológicas plasmadas en la negociación y en los medios de comunicación. El punto de conflicto fue siempre el mismo: el aumento del 75% al impuesto inmobiliario urbano. La oposición fue clara desde el principio y marcó que no estaba dispuesta a respaldar ese aumento. Entonces, empezaron los tironeos para para llegar a un punto de acuerdo.
Las últimas negociaciones se hicieron sobre la base del proyecto que fue enviado por Kicillof a la Cámara baja. Durante la tarde noche de ayer las reuniones las integraron los mismos interlocutores. Por el lado del gobierno provincial la vicegobernara y presidenta del Senado, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin. Del lado de Juntos por el Cambio el tándem negociador estuvo integrado por el presidente del bloque de Diputados, Maximiliano Abad, y el senador bonaerense Juan Pablo Allan.
La oposición le pidió al gobierno provincial achicar más la cantidad de propiedades abarcadas por el 75% y que el descuento del 20%, que Kicilof había garantizado en el caso de que se pagara en efectivo y de una sola vez, sea del 25%. De esa forma, aquellos propietarios que abonen de una sola vez pagarán el 55%.
En paralelo, el diputado Walter Carusso, presidente del bloque Cambio Federal, que apadrinan el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, le presentó al Gobierno una propuesta diferente a la de Juntos por el Cambio con el fin de poder entrar en la negociación y encontrar el camino para el consenso.
Carusso le propuso a Federico Otermin agregar una escala nueva en la segmentación del impuesto y que aquellos que tienen propiedades con un valor fiscal que vaya entre 1.327.000 y 2.250.000 pesos paguen un 65% en cinco cuotas o un 55% en el caso de poder abonar en un solo pago.
De esta forma solo pagarían el 75% aquellos que tengan propiedades cuyo valor fiscal supere los 2.250.000 pesos. Para ese sector permanece el descuento del 20% en el caso de que abonen de contado y en un solo pago. Con este proyecto la cantidad de propiedades que tendrían que papar el monto más alto se reducirían en un 60%.
Como muestra de vocación negociadora, Kicillof modificó 9 puntos del proyecto original que sirvió para acercar posiciones con la oposición. Entre esos cambios decidió que los jubilados con haberes mínimos no paguen el impuesto inmobiliario urbano, reducir la alícuota de ingresos brutos a las actividades de los profesionales y a la venta de los comercios minoristas, extender beneficios para las pymes del sector agropecuario, descentralizar en los municipios el cobro de patentes modelos 2009, eximir del pago de tasas e impuesto inmobiliario a las asociaciones civiles y poner un techo al incremento del impuesto automotor, que no podrá ser mayor a la inflación del 2919.
Como están dadas las negociaciones, la intención del oficialismo es avanzar con la segunda versión del proyecto en la Cámara de Diputados - donde cuenta con la mayoría para poder darle media sanción - y mantener abierta la discusión en las oficinas de La Plata para lograr un acuerdo antes de que se trate en el Senado, donde la oposición tiene mayoría. De ser así, las modificaciones que Juntos por el Cambio haga en la Cámara alta estarían acordadas de antemano con el gobierno.
Si el escenario se diseña de esa forma, el proyecto se terminaría aprobando definitivamente cuando vuelva a Diputados con los cambios acordados ya realizados. Kicillof necesita que la ley salga en el corto plazo. Contrarreloj y en un marco donde el diálogo y la disconformidad se entrecruzan constantemente, intentará cerrar un acuerdo y tener ley impositiva.
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