Sindicalistas argentinos, en alerta por los acuerdos con China debido a las malas condiciones laborales que impone el régimen

Tanto en 2015 como en 2016, gran parte del sindicalismo argentino mostró los dientes ante los contratos que los gobiernos de Cristina Kirchner primero y Mauricio Macri después firmaron con China: según se temía a la luz de cierta experiencia internacional, esos entendimientos comerciales podían ocasionar la llegada masiva de trabajadores asiáticos, generar una reducción de los salarios locales o flexibilizar los derechos laborales en nuestro país.

Hoy, cuando la flamante administración de Alberto Fernández se propone profundizar los acuerdos con Beijing en busca de inversiones, ese mismo sindicalismo mantiene las luces de alerta. Para evitar futuros problemas, de todas formas, en la CGT y algunos gremios ya prevén que le pedirán al Gobierno que cualquier eventual convenio con el presidente Xi Jinping contemple taxativamente el respeto por las leyes, convenios y condiciones laborales de los trabajadores argentinos.

Los miedos de la dirigencia gremial por las implicancias de los acuerdos con China no son caprichosos: el despegue económico del gigante asiático trajo aparejada una fuerte expansión a otros mercados del mundo, sobre todo en países de América Latina y de África, pero con el desembarco adicional de problemas que existen en el régimen, como la poca preocupación por el cuidado del medio ambiente y la casi nula protección de los derechos laborales, con sobreexplotación horaria, salarios bajos, casos de trabajo esclavo, persecución de los huelguistas e importación de mano de obra barata.

¿Podría suceder lo mismo en la Argentina si se produjera una oleada de nuevas inversiones chinas o se ratificara el aporte económico de ese país a proyectos de infraestructura que están vigentes, como la construcción de centrales nucleares, represas o la renovación del sistema ferroviario? La preocupación crece. Las experiencias en otras partes del continente generan desconfianza.

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, vivió su experiencia en Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Allí, los que mandaban eran todos de nacionalidad china. Admitió a Infobae que “a veces es otra la realidad que se da en América Latina y en África”, al aludir a las consecuencias “indeseadas” de las inversiones chinas, aunque negó que “los negociadores del sector inversor quieran traer 300 chinos y pretendan que acá sea su territorio". Pero reconoció: “En la hidroeléctrica de Santa Cruz, la tecnología y los mandos medios son de trabajadores chinos para garantizar el funcionamiento”.

Este sindicalista -titular de UOCRA- fue uno de los que en 2015 criticó los acuerdos que Cristina Kirchner firmó con Xi Jinping, que permitieron que China tuviera facilidades para inversiones con adjudicación directa y que incluyó la polémica autorización para que el régimen de Beijing construyera una base de observación espacial en Neuquén en un predio de 200 hectáreas cedido en forma gratuita por 50 años y con exenciones impositivas. “Tuve esa postura por las dudas. No queríamos ni queremos un contingente de trabajadores chinos porque nosotros podemos hacer cualquier trabajo”, señaló Martínez, que en aquel momento, en una postura compartida por la UIA, llegó a enviar una carta a los legisladores para que rechazaran los convenios firmados por la actual vicepresidenta.

La costumbre reciente de Beijing en otros países no es tan flexible como su sistema laboral. Los requerimientos para otorgar créditos o inversiones son tales que los gobiernos necesitados de dinero fresco -como es el caso de la Argentina- acceden a casi cualquier petición con tal de obtenerlo. Los ejemplos en la región abundan: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú pueden dar fe de la explotación de sus recursos naturales a cambio de promesas millonarias. Obras de infraestructura, represas, centrales eléctricas y mineras cuentan más personal chino que local en sus emprendimientos. Sobre todo en los mandos altos. ¿Por qué sería diferente en nuestro país? En la base de “observación” neuquina esta lógica funciona al extremo: sólo personal chino circula en sus instalaciones.

Rubén Cortina, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Empleados de Comercio (Faecys), tiene una postura muy tajante ante la posible irrupción de la amenaza china en la Argentina: “La CGT y nosotros, desde el Sindicato de Comercio, no aceptaremos ningún acuerdo comercial que flexibilice las normas laborales, algo que, por otra parte, es imposible de concretar porque sería ilegal”, afirmó a Infobae.

Aun así, el sindicalista, que preside la UNI Global -una federación internacional que agrupa a unos 20 millones de afiliados de sindicatos del área de servicios- se muestra cauto al hablar sobre esta cuestión: “Habría que ver qué tipo de acuerdos finalmente firmará Alberto Fernández, sus características y qué filosofía se pretendería aplicar con esos entendimientos porque es cierto que nadie hace nada gratis desde el punto de vista comercial".

El dirigente mercantil cree que “es mayor el impacto comercial y político que puede tener un acuerdo con China que el que pueda tener desde el punto de vista laboral, pero no desde la perspectiva de las normas: el Gobierno no puede firmar un acuerdo que viole o flexibilice las normas laborales nacionales”, por lo cual, advierte, “habrá que ver el impacto en el empleo: si no se cumplen las leyes, el movimiento sindical se va a oponer. Si China intenta bajar la protección laboral mínima, habrá resistencia”.

Para el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, “un acuerdo con cualquier país no significa ceder derechos”. Sin embargo, el líder de los estatales puso de relieve que para evitar que estos acuerdos comerciales tengan efectos negativos “lo importante es que haya participación de los sindicalistas, y eso lo vamos a reclamar siempre: la presencia de las organizaciones gremiales garantiza que no se violenten los derechos de los trabajadores".

La lesión de derechos por parte del régimen está probada largamente. El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) -un consorcio de ONGs de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil- documentó “la falta de cumplimiento del Estado chino de sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos por al menos 18 proyectos operados por 15 consorcios empresariales chinos, que han actuado con el apoyo de 6 bancos chinos” en los países mencionados. “De los 18 casos documentados, 7 pertenecen a la industria minera, 6 a la petrolera y 5 al sector hídrico. Asimismo 15 afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, 5 son patrimonio natural y cultural reconocidos por la UNESCO y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña”.

Esas contravenciones tienen que ver, básicamente, con los atropellos laborales, algo que preocupa a varios dirigentes del sindicalismo peronista. Fruncen la frente y desconfían de las promesas chinas. Los jefes gremiales temen que el delicado asunto se convierta en un búmeran. Se preguntan cómo podrían sentarse frente a las bases obreras que conducen si no logran una paritaria acorde a los niveles de inflación y encima las condiciones laborales pasan a estar regidas por reglas impuestas en Beijing.

El desembarco laboral chino

En un estudio detallado realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo advierte sobre las inversiones chinas en la región y la “calidad y cantidad" de la fuerza laboral. “Por el momento las empresas chinas tienen un amplio criterio y libertad para implementar diversas regulaciones ambientales y laborales”, señaló el informe titulado Efectos de China en la Cantidad y Calidad del Empleo y añade que “en general -las empresas chinas- integran a nacionales chinos en los niveles más altos de sus empresas en América Latina”.

En Perú, por ejemplo “prácticamente todas las empresas chinas tienen serias dificultades y falta de conocimiento de la cultura y las costumbres locales. En varios casos señalaron una mala comunicación con las comunidades locales, también ante la falta de profesionales que tuvieran este conocimiento”. Pero hay más. En el caso del sector minero, los choques con los sindicatos fueron constantes. “Las empresas chinas no cuentan con sindicatos y en la mayoría no parecen ser un actor o contraparte relevante. En el caso de Perú, sin embargo, el incumplimiento de los acuerdos, violaciones del derecho al fuero sindical, el aumento de sueldos y la vigencia de convenios colectivos sí han generado conflictos prácticamente todos los años en la última década”, señaló el informe de la OIT.

El documento también plantea el objetivo que tiene Beijing de imponer sus propias reglas para instalarse en cada uno de los países de América Latina. “Más allá de la heterogeneidad de las empresas analizadas, es importante destacar las dificultades de las empresas chinas para comprender el ámbito local donde se han establecido, lo cual en diversos casos conlleva a conflictos y múltiples tensiones. Las ‘diferencias culturales’ entre América Latina y China se concretan en la dificultad de comprender las normas, reglas, leyes y usos y costumbre en el ámbito local y nacional de los respectivos países donde las empresas chinas se establecen”.

El estudio publicado en enero de 2019 y en el cual se analizaron 10 años de presencia china en la región, da cuenta además de la baja calidad del empleo y la necesidad de mejorarlo. Además, fue tal el desembarco que si bien se mejoraron los índices de comercio entre ambas partes, la “invasión” de productos Made in China generó que la calidad de los trabajos en esta parte del planeta disminuyera. “Existe un amplio espacio para mejorar la calidad de los empleos generados a través de las exportaciones de América Latina a China, por el momento altamente vinculados con empleos de baja calidad, y reducir el impacto a través de los empleos perdidos vía importaciones, vinculados con empleos de media y alta calidad”.

Otro de los aspectos a tener en cuenta son las diferencia que se reflejan entre las condiciones laborales de personal chino versus el local. El paper de la OIT ejemplifica con una empresa china radicada en México que tiene empleados a personal cotratado desde Shangai que vive incluso en la planta de producción. La compañía Sinatex -dedicada a la producción de maquinaria textil y establecida en Sonora- es un claro caso. “Como -los trabajadores- viven en el primer piso de la planta, están disponibles constantemente, es decir, si llegaran a faltar trabajadores (mexicanos) pueden inmediatamente solucionar el problema. Aparentemente hoy en día son la parte estable y que permite la producción de la empresa mediante horas extras. Así, permiten estabilidad, aunque cobren mayores salarios”.

“En cuanto a los salarios, la diferencia es sustancial entre trabajadores mexicanos y chinos. Los mexicanos, en el estrato más bajo, tienen el salario mínimo como salario base”, explicita el documento. Ese tipo de vínculo contractual se da en cada una de las firmas que se instalan en la región.