La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó a la ex intendenta de Resistencia Aída Ayala por un caso de corrupción vinculado a su gestión como Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación cuando asumió Mauricio Macri como presidente. La acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y la embargó en un millón de pesos. Pero en este caso no aplicó la prisión preventiva. Ayala ya había sido procesada por un caso de lavado de dinero y no fue detenida por sus fueros como diputada.
La causa comenzó en abril de 2018 a partir de una carta anónima dirigida al fiscal federal Patricio Sabadini sobre una supuesta contratación irregular entre la Municipalidad de Quitilipi y la Cooperativa Las Palmeras LTDA y otra operación sospechosa con la firma SERVICE HOGAR, propiedad de Claudio Alejandro Tolosa, también procesado en la causa.
La denuncia original también hacía mención a un convenio firmado entre ese municipio y la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, en ese entonces a cargo de Ayala. En esa maniobra habrían intervenido el yerno de Ayala, Matías Balmaceda Paiva, y Miguel Ángel Vilte, ambos también procesados como partícipes necesarios.
Para la Justicia, la transferencia de esos fondos fue irregular. “Las arcas del Estado Nacional se habrían visto notablemente perjudicadas mediante la disposición de fondos en favor de la Municipalidad de Quitilipi para la adquisición de herramientas de trabajo, cuyo modo de aplicación exterioriza alarmantes indicios que sugieren la existencia de sobreprecios junto con la elusión del régimen de contratación local previsto para el caso”, dice el fallo, fechado el 30 de diciembre pero que trascendió hoy.
La jueza tuvo en cuenta la relación personal entre Ayala y los otros tres imputados, quienes tuvieron algún vínculo contractual con la Municipalidad de Resistencia en su mandato.
“Se presentan una serie de circunstancias relevantes al efecto de sostener prudentemente que la ayuda económica brindada por la Secretaria de Asuntos Municipales podría obedecer a una maniobra defraudatoria, principalmente al confrontar todos estos elementos frente a un expediente administrativo que registra ciertas señales de alerta y, sobre todo, que ha homologado una rendición de cuentas obviando verificar si se han respetado en el ámbito local la normativa específica para contratar”, concluye el fallo.
En otra causa, Ayala está procesada por un negociado que se montó desde la intendencia de Resistencia para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad. También fueron procesadas otras 14 personas, entre ellas Daniel Fischer, quien fue jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
En ese caso, la legisladora está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario. El procesamiento fue confirmado por la Cámara federal.
Referente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Chaco, Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015). En 2015 fue la candidata de Cambiemos para la gobernación pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Mauricio Macri como presidente pasó al gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que depende de Rogelio Frigerio. Y en 2017 fue electa diputada nacional.
Enterada del procesamiento, Ayala dijo que no va a renunciar. “Yo sigo siendo diputada, no voy a renunciar. Me quedan dos años más de mandato”, aseguró en declaraciones a El Destape radio.
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