El nuevo Consejo de la Magistratura, si bien tendrá una integración favorable a Alberto Fernández con una fuerte presencia de representantes kirchneristas, no le garantizará al Gobierno -a priori- la mayoría especial requerida para avanzar en la suspensión y apertura de juicio político contra aquellos jueces criticados por el Presidente ni blanco de los dardos de Cristina Kirchner, como Claudio Bonadio. Este magistrado federal la procesó en una decena de causas y le dictó la prisión en la mitad de ellas.
Para eso, el oficialismo deberá generar consensos y negociar posiciones, tarea que recaerá en el nuevo representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza y ex asesor en el Consejo hasta diciembre de Eduardo ”Wado” de Pedro y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner. A su favor tendrá que ya todos lo conocen en el organismo y le reconocen “espíritu acuerdista y de diálogo”
Sin embargo, con mayoría simple es posible mantener abiertas una o más denuncias contra un magistrado, lo que –según interpretan muchos- puede ser leído como una forma de intentar “condicionar” a un juez que tenga causas sensibles, más allá de que luego se requieran dos tercios de los miembros presentes para avanzar en la apertura de un proceso de enjuiciamiento.
A la inversa, con mayoría simple, también se puede cerrar un expediente contra un juez, ya sea porque no hay elementos para avanzar en una investigación por presunto mal desempeño o –como advierten quienes conocen el funcionamiento del Consejo- porque hay una decisión política de “protegerlo”.
De hecho, después del triunfo electoral del Frente de Todos, aun con la antigua composición del Consejo donde Cambiemos contaba con una virtual mayoría, fracasó en su intento por cerrar tres denuncias contra Bonadio por presunto mal desempeño. Había sido denunciado por cómo instruyó diferentes causas a su cargo por Carlos Alberto Beraldi, abogado de la ex presidenta, y Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y hoy senador del Frente de Todos.
También se postergó en ese último plenario de noviembre el pedido del consejero y abogado radical Juan Pablo Más Vélez de cerrar cuatro expedientes contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por presunto enriquecimiento ilícito, su vinculación con inmuebles millonarios, la supuesta recepción de sobresueldos y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). En este último expediente, el magistrado dispuso el procesamiento y detención de su ex titular del sindicato Omar “Caballo” Suárez, uno de los que luego lo denunció en el Consejo.
Estos expedientes deberán ser resueltos por el nuevo Consejo de la Magistratura. También, el iniciado contra el juez federal Luis Rodríguez, que instruye Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y representante académico en el organismo, con posiciones cercanas al actual oficialismo.
Quiénes son los nuevos integrantes
La nueva configuración del Consejo quedó definida el viernes pasado cuando, sobre el filo del cierre del año, el bloque del Frente de Todos definió quiénes serán los dos senadores que cubrirán las dos vacantes por la mayoría que se produjeron a partir del 10 de diciembre en el organismo. Uno de ellos fue Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas Argentinas e integrante de La Cámpora elegido el 27 de octubre pasado para la Cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires, que ingresa en lugar de Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que finalizó su mandato el 10 de diciembre. Ocupará así la banca que, en principio, estaba prevista para el suplente de Cappellini en el Consejo, el peronista Guillermo Snopek, senador por Jujuy.
La otra es María Inés Pilati Vergara, senadora chaqueña de Unidad Ciudadana, reelegida el 10 de diciembre por un nuevo período, cercana al gobernador Jorge Capitanich, de quien fue su ministra de Educación en la provincia.
Pilati reemplazó sorpresivamente a su colega chaqueño Mario Pais, alineado en el sector de los senadores que responden a los gobernadores y que tenían a Carlos Caserio como titular del bloque antes de su unificación con el sector que responde a Cristina Kirchner. Con criterios propios y respetado por su experiencia en los temas del Consejo porque ya lo había integrado anteriormente, País reemplazó a Miguel Pichetto cuando éste se convirtió en el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.
La jura de Recalde y Pilati quedó para febrero tras la primera reunión de acuerdos de la Corte Suprema.
El viernes pasado, sí juraron Vanesa Siley, la reemplazante de De Pedro por la Cámara de Diputado, tras su ida al Poder Ejecutivo como ministro del Interior, y Ustarroz como representante del Ejecutivo. Ambos son oriundos de la localidad bonaerense de Mercedes, como De Pedro. De 35 años, Siley es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, referente de la Corriente Federal de Trabajadores y del espacio de Mujeres Sindicalistas.
A los tres representantes del oficialismo en el Congreso y el del Ejecutivo, se sumarían con posiciones afines el juez Alberto Lugones, de la lista Celeste de los magistrado - la más cercana al kirchnerismo- y el académico Molea. Estos apoyos les aseguraría el número de 6 votos sobre 13 miembros.
Lugones, de hecho, suena como el posible futuro presidente del Consejo en lugar de su colega Ricardo Recondo, de la lista Bordó, el oficialismo en la Asociación de Magistrados, y más cercana a Cambiemos. Recondo –quien no puede ser reelegido- lo acompañaría como vicepresidente. “La idea es poder consensuar los lineamientos generales con una fórmula compartida”, le dijo una fuente del Consejo.
En tanto, la oposición de Juntos por el Cambio tendría otros 5 votos asegurados, más el posible de Recondo. Al diputado del PRO Pablo Tonelli y la senadora radical Silvia Giacoppo -que reemplazó a su colega Inés Brizuela, elegida intendenta de la ciudad de La Rioja- se suman los abogados Más Vélez, vicerrector de la UBA, de origen radical, y Marina Sánchez Herrero, del riñón de Ernesto Sanz, también de la UCR. A ellos suele acompañarlos el juez y Juan Manuel Culotta, de la agrupación Compromiso Judicial, con posiciones intermedias entre la lista Celeste y la Bordó.
El Frente de Todos ansía sumar a Recondo en algunas votaciones para romper la paridad. Aunque la llave para la mayoría simple parece tenerla Graciela Camaño, a quien en el oficialismo aspiran a contarla como propia. Elegida a fines del año pasado cuando integraba el Frente Renovador por un acuerdo de los distintos bloques de la oposición -en una maniobra que le birló el segundo diputado por la mayoría en el Consejo a Cambiemos, Mario Negri-, la diputada fue reelegida, pero por Consenso Federal.
Lo cierto es que, aun con una mayoría de 7 a 6, el oficialismo necesitará tejer alianzas, que fluctuarán según el tema y del magistrado del que se trate.
Las conversaciones arrancarán en febrero cuando juren Recalde y Pilati, y el nuevo Consejo se ponga en funcionamiento.