El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky encabezó la comisión que durante el gobierno de Mauricio Macri reformó el Código Penal que ahora está en discusión en el Congreso de la Nación. “La víctima tiene un espacio que antes no tenía, casi a la altura del fiscal”, dice el magistrado sobre uno de los cambios del texto.
En diálogo con Infobae, Borinsky repasó las modificaciones más importantes que una comisión de jueces, fiscales y abogados propuso y envió al Parlamento. Uno de los cambios planteados refiere al aborto. "El nuevo Código Penal apunta a la despenalización, no a la legalización”, explica y en la entrevista cuenta cómo la misma división que existe en la sociedad y que tuvo el Congreso cuando trató el tema atravesó el debate en la comisión.
Con despacho hace 15 años en los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, Borinsky también habla de “discrecionalidad judicial”, de la mala imagen de los jueces federales y de las detenciones a funcionarios del gobierno anterior. “Si logramos achicar esa discrecionalidad judicial no tendremos esta situación de suspicacia con los cambios de gobierno por una libertad o con una detención”, opina.
-¿Cuáles son los cambios más importantes de la reforma al Código Penal?
-Sistematiza casi 900 leyes especiales, es la legislación de los últimos 100 años de la Argentina que estaba dispersa. Los temas son violencia de género en la que el juez deberá aplicar el tercio superior cuando se verifique violencia de género, eleva las penas en delitos de administración pública para que sean de cumplimiento efectivo y se dispone el decomiso de bienes desde el comienzo del proceso penal. Se prevén penas para los delitos de acoso laboral porque no estaban previstos los derechos contra la libertad y la dignidad de los trabajadores. En narcotráfico se agravan las penas pero no para el uso de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado que no va a ser punible. También se penan los delitos informáticos que se cometen a través de medios informáticos vinculados con el acoso sexual, grooming, con filtración en distintos sistemas públicos o privados. Y otros temas como violencia en el deporte, medio ambiente, el derecho a la intimidad, el tráfico ilícito de bienes culturales.
-El Código también le da un rol más importante a la víctima. ¿Qué cambia?
-La víctima tiene un espacio que antes no tenía, casi a la altura del fiscal. La víctima es oída, es tenida en cuenta, va a participar de las impugnaciones, para los pedidos de elevación a juicio, de juicio a prueba del acusado.
-¿Y eso es de cumplimiento obligatorio para los jueces? Porque muchos pueden pensar que una cosa es lo que dice la ley y otra lo que ocurre en la práctica.
-Exactamente. En todas las etapas de la causa la víctima tiene intervención obligatoria, como una parte de más del proceso penal. La víctima sin intervención de un abogado tiene derecho a ser oída, a que el tribunal le informe los avances procesales. Y con un abogado puede presentarse como querellante.
-Decía que el Código eleva las penas en algunos delitos, como narcotráfico y corrupción, y hoy las cárceles viven una situación grave de sobrepoblación penitenciaria. ¿Eso fue contemplado para el análisis del incremento de las penas?
-Se tuvo en cuenta. Las estadísticas fueron consideradas. No se elevan las penas de todos los delitos, sino de algunos graves porque consideramos que la proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la pena ameritaba un ajuste punitivo. Con el nuevo Código Procesal Penal Federal se acortan los plazos. No vamos a estar hablando de tantas personas detenidas sin condena porque se aspira a un acortamiento de ese plazo y que ya no estemos discutiendo tanto la prisión preventiva, sino la aplicación efectiva de la pena. Los cambios que produce el nuevo sistema no implican necesariamente un incremento de más personas en las cárceles. Se incorporan penas alternativas para los delitos menos graves, con penas inferiores a los tres años, como la prisión domiciliaria, tareas comunitarias, multas. No estamos mandando a más personas a la cárcel.
-La comisión hizo una propuesta para modificar la actual legislación sobre el aborto. ¿Qué proponen modificar?
-Los casos de violación no van a ser punibles y no va a ser necesario tramitar un expediente judicial. Se exime de pena a la mujer. El nuevo Código Penal apunta a la despenalización, no a la legalización que en el momento que fue aprobado el Código Penal se trataba de un tema que el Senado de la Nación no aprobó. Por ese motivo y por ese límite constitucional parlamentario el nuevo Código apunta a eximir de pena, a no punir en los casos de violación, en los casos de peligro para la salud física o mental de la mujer, tal como indica la Organización Mundial de la Salud, que expresamente se incorpora en la exposición de motivos del Código. El Código se integra con la legislación, con los 540 artículos más la exposición de motivos y allí es donde está la Organización Mundial de la Salud y el peligro para la salud mental de la mujer como supuesto de no punibilidad. Además de los que ya estaban previstos para la vida de la mujer. Y también otras cuestiones como la libre disponibilidad del cuerpo de la mujer como en los casos de violencia obstétrica. En definitiva, el nuevo Código apunta a lograr un equilibro entre los derechos de la persona por nacer y la libre disposición del cuerpo de la mujer.
-El tema del aborto generó mucho debate social y el Congreso quedó dividido cuando Diputados aprobó la despenalización y el Senado no. ¿Esa división la tuvieron en la comisión? ¿Fue uno de los temas más complejos que trataron?
-Sí. En mi casa tuve discusiones, en la calle, en la comisión, en todos lados. Es un tema que divide a la sociedad. Y en la comisión hubo tres posturas. Lo que se acordó y se llevó al Código fue la posición mayoritaria. El tema va más allá de lo jurídico y tiene que ver con otros aspectos. Lo que buscó la comisión es una posición que trate de incluir los mayores puntos de ambos extremos porque si no no se va a poder aprobar. Porque este es un tema que proyectos anteriores motivaron que fueran archivados por no llegar a un consenso.
-Es uno de los jueces de Comodoro Py y trata a diario con muchas causas de corrupción y uno de los temas centrales este año fue el de las prisiones preventivas de ex funcionarios. Y lo que ocurre es que quedó la premisa de que un gobierno en el poder no tiene problemas judiciales y cuando lo dejan sí los tiene. ¿Comparte esta visión? Si no está de acuerdo, ¿como le explicaría a la gente que no es así?
-Hace 15 años que trabajo en Comodoro Py, ocho años cumplí como juez y antes siete como fiscal. Con el nuevo Código Procesal tenemos pautas concretas para que una persona quede detenida. Cuando no tenés criterios normativos, la discrecionalidad judicial aumenta y si aumenta puede suceder lo que estás preguntando: criterios en un sentido, criterios en otro sentido. El nuevo sistema apunta a estandarizar y tratamos que los cambios de gobierno no impacten en las decisiones judiciales. Si logramos achicar esa discrecionalidad judicial, no tendremos esta situación de suspicacia con los cambios de gobierno por una libertad o con una detención.
-Esta mala imagen que tiene Comodoro Py ¿a qué la atribuye? ¿A los malos jueces, a las decisiones oportunas, a la poca comunicación?
-Partimos de una premisa: la justicia es una construcción colectiva. Lo que vos estás diciendo no está lejos de lo que sucede en la práctica. La sociedad tiene determinada consideración y los jueces se ven de otra forma. ¿La construcción colectiva qué implica? Miremos la sociedad, no nos miremos a nosotros mismos. La gente va a los tribunales por justicia, para solucionar problemas civiles, penales y la Justicia debe actuar como un límite al poder de turno. ¿Cómo logramos un equilibrio en todos esos aspectos, satisfacer el bien de la sociedad, el concepto de justicia colectiva? Muy simple. Primero instrumentos modernizados, actualizados, con criterios normativos. Ya no habrá suspicacia y el servicio será a la sociedad. Obviamente la sociedad se genera la imagen en base a un circulo chico que puede ser Comodoro Py y que es muy chico en comparación con casi mil jueces que hay en todo el país a nivel federal. Por eso, esa imagen, que no es equivocada, la vamos a mejorar primero con instrumentos, ahí depende el Congreso de la Nación. Segundo, con cobertura de vacantes, con modernización, con una gestión judicial eficiente, con homogeneizar muchos de los criterios que hablamos permanentemente. La comunicación, la transparencia. Esto de hacer gacetillas para comunicar lo que estamos haciendo. Con muchos de estos aspectos de transparencia la sociedad va a bajar esa ansiedad que le genera la incertidumbre y la falta de confianza en la Justicia.
-¿Alcanza con eso o también hay que tener jueces alejados de la política, que no sean corruptos, que no sean presionables?
-Coincido. Necesitamos el sistema fuerte, moderno, homogéneo. Eso genera un estándar alto. Todos los jueces a esa altura van a ser mucho mejor. Por supuesto que las personas adecuadas van a completar esa sistema. Hoy tenemos casi 150 vacantes de jueces para completar. Ser juez no es una tarea menor. Necesitás que no solo no tengan las características negativas que mencionás. Necesitamos el sentido común, la experiencia, la especialización permanente, la capacitación, además del conocimiento jurídico.
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