El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, volvió a recomendarle al juez Claudio Bonadio que evalúe su apartamiento de la causa conocida como “Operativo Puf”, el expediente que analiza si existió un complot desde la cárcel para hacer caer la causa de los cuadernos, a través de la investigación que se sustanció en Dolores con el falso abogado Marcelo D’Alessio como punta de un iceberg de espionaje político y judicial. Si bien no hizo lugar a la recusación que se motorizaba en su contra, fue la segunda vez que Irurzun le indica ese camino al magistrado federal. La vez anterior había sido en agosto, pero Bonadio permaneció en la investigación.
Para entender el escenario hay que tener en cuenta tres causas: cuadernos, D’Alessio y Puf. La causa de los cuadernos fue investigada por Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. El caso D’Alessio expuso la sospecha de vínculos de ese falso abogado con Stornelli, hoy procesado. También, no obstante, quedó mencionado Bonadio. El Operativo Puf, en tanto, fue impulsado por dirigentes de Cambiemos y con Stornelli como querellante y recayó en manos de Bonadio, y se sustancia en transcripciones que se ordenaron en los teléfonos de la cárcel de Ezeiza, en el marco de otra causa penal, y en donde se desgrabaron diálogos entre detenidos hablando de la causa que nacía en Dolores.
El juez Juan Ramos Padilla, padre del magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla, había hecho una presentación en Comodoro Py con duras críticas a esa investigación de Bonadio. Pidió ver el expediente, pero Bonadio le dijo que no era un imputado. Ramos Padilla recusó a Bonadio y aseguró que cómo podían decirle eso si estaban analizando sus cuentas bancarias, sus amistades y si había pasado una estadía en una clínica de desintoxicación, donde -en paralelo- también se alojó el hoy diputado Eduardo Valdés.
En una áspera audiencia con Irurzun que tuvo lugar el lunes pasado, y cuyo contenido se difundió por redes sociales, Ramos Padilla padre apeló el rechazo a la recusación y criticó duramente a Irurzun, de quien fue cercano en los primeros años de democracia. También se quejó por la demora en darle una respuesta a este planteo. “¿Se acuerda doctor, cuando celebrábamos juntos el ‘Nunca más’ en el ’83? Ahora usted ha mancillado mi honor y el de la justicia -le dijo- Me persigue un ex amigo que creí defendía los derechos humanos y peleaba por ellos”.
Fue eso lo que trató ahora la Cámara Federal de manera unipersonal. En su resolución, Iruzun afirmó que la demora en darle una respuesta a Ramos Padilla estuvo justificada “en virtud de la ausencia de notificación al Sr. Fiscal a consecuencia de las sucesivas excusaciones que impidieron su cumplimiento en debido tiempo”. “De allí que mal pueda considerarse que haya existido un ‘malicioso’ retardo por parte de este Tribunal”, añadió. Tal como había informado Infobae, la causa pasó por seis fiscales. Ahora esta en manos del fiscal Franco Picardi.
“Sentado lo anterior, y ceñida la intervención al tratamiento del planteo formulado respecto del Sr. Juez instructor, debo decir que lo decidido por el a quo al rechazar in limine el pedido no logra ser conmovido por las argumentaciones desarrolladas por el Dr. Ramos Padilla y por sus letrados asistentes, Dres. Andrés Roberto Albor y Adrián Daniel Albor, en la audiencia oral celebrada. Es que examinando estrictamente los motivos que respaldan la pretensión recusatoria respecto del juez de la causa –únicos atinentes a la solución de la cuestión bajo examen-, se observa que aquellos carecen de respaldo objetivo que lo avalen, pues la presunta existencia en el ánimo del instructor de un claro y directo interés en la investigación objetivados en el desarrollo de comportamientos arbitrarios en su desarrollo, sólo encuentran en la voluntad e interpretación del presentante único sustento”, se aseveró.
“Sin perjuicio de ello, y más allá de cuanto dictamine el representante del Ministerio Público Fiscal que resultó finalmente designado para intervenir en estos actuados, atento al tiempo transcurrido desde el señalamiento efectuado por esta Alzada al resolver con fecha 21 de agosto del corriente año el incidente CFP 1374/2019/1/CA1, cabe reiterar aquí la necesidad de que “…conforme avance la presente investigación y previa actualización del estado del trámite del expediente FMP 88/2019 -en derredor del cual se examina el devenir de, entre otros, los expedientes CFP 10456/2014 y CFP 9608/2018 de trámite ante el juzgado aquí instructor-, el a quo evalúe la procedencia de continuar interviniendo en atención a que la hipótesis planteada en estos actuados, de corroborarse, lo sitúa entre los eventuales perjudicados por la maniobra”, añadió Irurzun.
De esta manera, la Cámara Federal, por segunda vez, deslizó que Bonadio debería dejar la investigación porque podría ser uno de los perjudicados de la supuesta maniobra que se analiza en la causa.
Como no fue foco de la apelación, Ramos Padilla padre no podrá aún acceder a la causa porque sigue en pie el criterio de Bonadio de no considerarlo parte.
En dialogo con Infobae, el abogado Adrián Albor, representante de Ramos Padilla, aseguró que esta resolución es “un ni”· y prometió apelar ante Casación y la Corte Suprema, motorizando además un pedido de juicio político para Bonadio e Irurzun.
La llamada causa conocida como “Operativo Puf” investiga si ex funcionarios kirchneristas sabían en la cárcel detalles de la causa que se abriría en Dolores a raíz de la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien señaló que le solicitaron dinero para no ser incriminado en los cuadernos de la corrupción.
Las sospechas contra esos detenidos, entre los cuales estaba Roberto Baratta y Juan Pablo Shiavi, surgieron a través de transcripciones que llegaron de manera anónima, casi en forma paralela, al fiscal Stornelli y a la diputada Elisa Carrió. Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron la presentación que cayó en manos del juez Claudio Bonadio y en la que, después de la intervención de cinco fiscales, ahora está en manos de Picardi.
En noviembre pasado, Ramos Padilla padre reclamó la nulidad del expediente “Operativo Puf”, la investigación que se abrió por las escuchas a detenidos kirchneristas hablando de la causa en la que fue detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. También solicitó el apartamiento del juez Claudio Bonadio de la causa.
“Me veo en la necesidad y la obligación, frente a tantas irregularidades que están siendo soslayadas, a formular esta presentación a fin de que el Ministerio Publico Fiscal de la Nación actúe como órgano encargado de custodiar la legalidad”, dijo en el escrito al que accedió Infobae. Según sus palabras, se trata de “una causa hecha ‘a la medida’ de los servicios de inteligencia y de algunos funcionarios y magistrados involucrados en la causa ‘D’Alessio”. El padre de Alejo Ramos Padilla denunció además que fue víctima de “investigaciones ilegales”.