Sueños Compartidos: sobreseyeron a la hija de Hebe de Bonafini y a ex gobernadores

Mientras el núcleo central de la causa Sueños Compartidos espera el comienzo de un juicio oral, donde serán juzgados los hermanos Shocklender, Hebe de Bonafini y ex funcionarios del Ministerio de Planificación, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a más de 30 imputados que seguían vinculados a la misma investigación. Entre los nombres se destaca la hija de Bonafini, María Alejandra, que tuvo un breve paso por la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo luego del escándalo. También fueron sobreseídos ex gobernadores y ex intendentes que recibieron las obras en sus distritos. Para el juez, estaban al margen de la maniobra porque ya había un acuerdo previo entre los responsables de Planificación y las autoridades de la Fundación.

En un primer fallo, Martínez de Giorgi sobreseyó a la hija de Bonafini, que estaba sospechada por la compra de un semipiso, en la avenida 44 de La Plata. Lo adquirió sin un crédito bancario y luego se lo vendió a la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender. El ex apoderado declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe. Llamativamente, la Justicia entendió que los fondos estaban justificados. Además tuvo en cuenta que la hija de Hebe tuvo responsabilidades en la Fundación (fue apoderada de las cuentas) recién un año después de la operación inmobiliaria.

La hija de Hebe tuvo un paso muy breve por la administración de la Fundación, en 2011, luego de la salida de Sergio y Pablo Schoklender, con quienes nunca tuvo buena relación. Luego del escándalo, se fue a trabajar al Senado de la provincia de Buenos Aires, tras una gestión de Gabriel Mariotto.

“No se ha recolectado ninguna prueba siquiera indicio de que haya participado en la administración de la Fundación y que el solo hecho de haber cobrado un sueldo de la institución entre los años 2009 y 2011 no la convierte inevitablemente en responsable del desvío de fondos que a través de ella se cometió”, dice la resolución firmada este lunes y a la que tuvo acceso Infobae.

Martínez de Giorgi también sobreseyó a la ex ministra de Economía Felisa Miceli, vinculada a partir de un supuesto asesoramiento a la Fundación. La ex funcionaria reconoció que Schoklender le exhibió un informe económico financiero pero sostuvo que no había participado en su elaboración y que nunca había tenido relación laboral concreta con las Madres.

En ese mismo fallo, de más de 120 carillas, el juez sobreseyó a otras veinte personas vinculadas a la Fundación y a las sociedades utilizadas para desviar los fondos. En el listado aparecen la ex mujer de Schoklender, Viviana Sala; Guillermo Gillert; el contador Sergio Brajterman; Claudio Garbet; y Gerardo Adrián Gotkin, entre otros.

"Las personas sobre las cuales versa este resolutorio, más allá de los cargos societarios que supieron ostentar o la labor que se les asignó dentro de la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo, no pueden por sí ser prueba irrefutable de su conocimiento acerca de la maniobra que llevaron adelante quienes hoy enfrentan un juicio oral”, concluyó el juez.

En otra resolución, Martínez de Giorgi también sobreseyó a ex gobernadores e intendentes que recibieron las obras de las Madres por entender que “los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”.

Entre los beneficiados aparecen Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados, Julio Zamora, entre otros.

Para el juez, los funcionarios fueron forzados a “desempeñar un rol insustancial limitándose a requerir los respectivos financiamientos sin cuestionar los condicionamientos impuestos" de los que idearon la maniobra.

La causa principal de “Sueños Compartidos” fue elevada a juicio oral en mayo de este año, cuando se cumplieron ocho años del escándalo. La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas.

Durante la investigación, que comenzó en el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.

El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).

En el banquillo de los acusados estarán los hermanos Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala, y Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se cambiaron la mayor cantidad de cheques.

El juicio –todavía sin fecha– estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigadas en Los Sauces y Hotesur.

Las idas y vueltas de una causa que lleva casi nueve años

El escándalo "Sueños Compartidos" arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso.

En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.

En mayo de 2015, el nuevo juez volvió a procesar a la mayoría de los imputados. El caso volvió a pasar por la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos y revocó la falta de mérito de De Vido.

Bonafini será juzgada como partícipe de la defraudación por avalar el accionar de los hermanos Schoklender. Además, la Justicia dio por probado que “aprobó la contratación de la firma Meldorek SA (de Sergio Schoklender) para la realización de trabajos para los que la Fundación había sido contratada”.