Al final, la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el título elegante que el Gobierno eligió para la emergencia económica, no salió ayer por la tarde con el veto parcial que Alberto Fernández había confirmado en el brindis del mediodía con los periodistas acreditados de Casa Rosada.
“Se incluyó a empresas más grandes en la moratoria de las que habíamos previsto. Son empresas medianas. Lo que mandamos quedó, se agregó algo y lo estamos corrigiendo”, aseguró el Presidente ayer al mediodía rodeado de periodistas mientras tomaba un agua saborizada de pomelo y algunos de sus colaboradores más cercanos apuraban una copa de champagne, en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno.
Fernández mencionó a Carlos Heller, uno de los diputados del Frente de Todos que lideró el debate en la madrugada y la mañana del viernes pasado en la Cámara baja junto a Darío Martínez, el miembro informante del oficialismo.
En realidad, fue toda una gran confusión.
El artículo al que el jefe de Estado aludió durante el brindis, y del que resaltó que se vetaría parcialmente con la publicación del texto en la tarde de ayer, es el 8, vinculado a la “regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para Mi PyMEs”, que establece una moratoria para micro, pequeñas y medianas empresas.
Ese pasaje de la ley ómnibus sancionada en la madrugada del sábado por el Senado no tuvo ninguna intervención por parte de Heller, según pudo reconstruir este medio. Se aprobó tal como fue enviada por el Poder Ejecutivo. Existieron pedidos de modificaciones solicitadas por el diputado Luis Pastori, de Juntos por el Cambio -uno de los dos miembros informantes junto a Luciano Laspina por parte de la oposición-, que no fueron aceptados por el oficialismo.
Fue, de todos modos, uno de los pocos artículos que no presentó conflicto entre el oficialismo y la oposición. La votación particular es una muestra. Fue apoyada por todos los diputados presentes en el recinto, incluidos los del interbloque de Juntos por el Cambio: tuvo 238 votos a favor. Solo Mónica Frade, de la Coalición Cívica, la rechazó, según el registro parlamentario.
Fuentes oficiales remarcaron que, en relación a dicho artículo, “no van a haber cambios” cuando el Poder Ejecutivo reglamente la ley a través de decretos y resoluciones en los próximos días, antes de fin de año. Había dudas respecto a si las medianas empresas, y no las micro y pequeñas, quedaban o no excluidas del beneficio fiscal, instrumentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). No era, sin embargo, la corrección aceptada por Heller a la que se refirió el Presidente.
Por el contrario, las modificaciones que sí aceptó el diputado y presidente del Banco Credicoop ya entrada la mañana del viernes, y después de más de 16 horas de sesión, fueron en el marco de la discusión del artículo 19 de la ley, en las alícuotas a las contribuciones patronales, que sí sufrirá algún tipo de precisión en la reglamentación, confiaron a este medio fuentes oficiales. Por la categorización de medianas empresas, regulada a través de la facturación de las mismas.
“Pastori venía pidiendo de todo. En el proyecto original había un número, y él propone cambiar por un concepto. Dije ‘bueno, esto no cambia para nada el sentido de la medida, no veo inconvenientes’, y se aceptó la modificación”, explicó esta mañana a Infobae el diputado del Frente de Todos. Hubo aplausos después de ese breve intercambio con Pastori.
En efecto, según la versión taquigráfica, Pastori propuso una modificación en las dos alícuotas para las contribuciones patronales. “Una para el sector comercio y servicios del 20,4% -actualmente es del 19,5%- y otra para el resto de los sectores, del 18%. Proponemos la alícuota del 20,4% -la mayor- y el agregado es el siguiente: ‘Siempre que sus ventas totales anuales superen en todos los casos los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2 efectuado por el órgano de aplicación pertinente’. El proyecto de ley actualmente fija en 48 millones de pesos de venta total anual el tope para que una empresa sea categorizada como pyme, límite que fue establecido en 2001, pero estamos en 2019 y han pasado muchas cosas en este tiempo. Por lo tanto, queremos que ese monto no sea fijo tal como establece el proyecto, si no que sea el límite hasta el cual una empresa se puede categorizar como MiPyME antes de pasar a ser una empresa grande. Esta es la propuesta que ponemos a consideración del cuerpo", pidió el diputado de la coalición Cambiemos, según los registros taquigráficos.
“Entendemos que la propuesta formulada es indistinta en el proyecto habida cuenta de que esos 48 millones están fijados por la Sepyme para esa categoría y en todo caso solo se modificarían en el caso de que la Sepyme modificara el monto. Por lo tanto, no cambia la apreciación global de los alcances de la medida y por eso nos parece que se puede aceptar la propuesta”, contestó Heller. Eran casi las 7 de la mañana.
Ayer por la tarde, después del brindis con los empleados y los periodistas de Casa Rosada y la confusión a la que colaboró el propio Presidente, el Gobierno oficializó la ley de emergencia económica con un solo veto parcial, vinculado al artículo 52 y los derechos de exportación de los hidrocarburos, un guiño a las inversiones en Vaca Muerta.
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